Activan reforma del Estado: incentivan retiros y cambian ley para renovar la plantilla

El gobierno se propone, además, habilitar el ingreso de personal, incluso modificando la ley, y a la vez incentivar retiros, para comenzar a cambiar la estructura etárea de la plantilla, teniendo en cuenta que hoy el 48% de los funcionarios públicos tiene entre 45 y 60 años de edad.
Se revisará también el sistema de remuneración por productividad que implica una erogación de varios millones de dólares al año para las arcas estatales .

En tal sentido, en este primer trimestre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía contratarán la realización de estudios para determinar cómo medir la ganancia que realmente se obtiene por una mejora en el rendimiento del personal, adelantó a El Observador el subdirector de la OPP, Daniel Mesa.

El jerarca consideró además que por primera vez se consultará la opinión de los trabajadores y jefes, “en su nivel de trabajo”, para que colaboren en la definición de las metas que se fijarán las empresas del Estado.

“Se utilizará una técnica de compromiso de gestión, se hará una administración por objetivos, con instancias de participación que agregan un elemento motivacional”, explicó.

Cambios. La reestructura del Estado se atacará desde varios frentes a la vez, pero lo primero será determinar exactamente los requerimientos de personal para las distintas agencias públicas.

Se parte de la base que el Estado tiene que cambiar y pasar de ser “un conjunto de instituciones que no tienen que molestar” a ser “líderes del proceso de desarrollo nacional”. Mesa dijo que “no está en discusión la propiedad de las empresas públicas”, que seguirán siendo de los uruguayos. La cuestión es que deben ser “eficientes” y “transparentes” sin importar si actúan en régimen de monopolio o de competencia, explicó.

Señaló que hoy las empresas estatales tienen problemas de “gestión”, de “infraestructura” y además operan “con una legislación” que a veces las ubican en condiciones desventajosas para competir con privados. Algunos de estos aspectos se buscarán corregir con la reforma tributaria que contempla equiparar los aportes patronales de las empresas públicas con los que paga el sector privado.

En tanto, Mesa dijo que existen cambios en el sistema de compras del Estado que ahora impone varios controles para evitar “favorecer a alguien”. La intención es mantener la transparencia, pero hay que “compatibilizar los controles con la rapidez”, remarcó.

Dijo también que se trata de mejorar la competitividad de las empresas operando dentro del derecho público, “aunque en los hechos siempre se puede actuar bajo el derecho privado como es el caso de Ducsa en ANCAP”.


Ingresos y retiros. El personal del Estado está envejecido, según relevamientos oficiales, sin políticas de recambio de personal que eviten ese fenómeno. El gobierno enfrentará ahora el problema habilitando, por un lado, el ingreso de nuevos funcionarios y, por otro, incentivará el retiro “únicamente en la Administración Central”.

Según prevé el Presupuesto, el beneficio será para aquellos que tengan más de 58 años de edad y causal jubilatoria configurada antes del 1º de enero de 2008. A este grupo se le pagará el 65% de su sueldo nominal por un plazo máximo de cino años. Quienes se acojan deberán renunciar a la función pública “en forma irrevocable”, dijo Mesa.

La mayoría de los ingresos de funcionarios públicos se registró durante el período de la dictadura militar (ver cuadro). Ahora se instrumentarán concursos y llamados abiertos, aunque también se piensa “en procesos de selección más complejos”, dijo Mesa.

Actualmente el Estado, por ley, tiene “una limitación” para incorporar personal y es que las empresas públicas primero deben recurrir a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para verificar qué funcionarios hay disponibles. Si las necesidades del organismo no están contempladas en la ONSC, entonces pueden concretar “un ingreso por cada dos vacantes”.

Mesa adelantó que esta última limitación será derogada por el gobierno “en menos de dos años”, al tiempo que se mantendrán los contratos “a término” y los “de obra” para proyectos específicos.