Acuerdo confidencial abre camino a acción uruguaya

Si la justicia penal probara las irregularidades cometidas por los bancos extranjeros accionistas del Banco Comercial, la situación podría revertirse y el Estado uruguayo estaría en condiciones de iniciar un juicio civil reparatorio al J.P. Morgan, Crédit Suisse y Dresdner Bank, dijeron a El País altas fuentes vinculadas a la demanda que un tribunal arbitral sigue en Estados Unidos.

Las fuentes señalaron que una parte importante del resultado del arbitraje en marcha «resultará de la previsión que el Poder Ejecutivo de la época tuvo al firmar el contrato, respecto a que de ninguna forma los bancos internacionales quedaban exonerados de responsabilidades por la comisión de eventuales ilícitos de carácter penal».

Agregaron que el convenio firmado por el entonces ministro de Economía, Alberto Bensión y los bancos accionistas «no impedía ninguna investigación sobre los bancos extranjeros respecto a los hechos irregulares que ellos podían haber cometido en el Banco Comercial, porque por ley, ningún funcionario público uruguayo puede comprometerse a ello».

Desde principios de 2002, todos los hechos conocidos hasta ese momento en el Banco Comercial fueron puestos en conocimiento de la justicia penal por el Banco Central y desde entonces hay actuación judicial, denuncia de particulares y procesamientos, recordaron las fuentes.

Por todo ello, el planteo de Uruguay en el juicio que los bancos le siguen en Estados Unidos, apuntarán a los hechos ocurridos con posterioridad al contrato: «conocimiento de las irregularidades pasadas cometidas en el BC una vez que comenzaron a actuar los directores nombrados por el Estado, apoyo financiero al Comercial por cantidades superiores a los 100 millones, corrida bancaria, en especial sobre el Comercial, que comprometía su futuro y su valor como empresa».

El documento suscrito por Bensión y los accionistas establecía que las cuatro partes (los tres socios extranjeros y el Estado uruguayo) suscribían acciones por 133.333.332 dólares.

Cada parte tenía derecho al rescate a los diez años, y el gobierno uruguayo debía mantener la liquidez del Comercial para evitar su caída y si eso ocurría, los accionistas extranjeros «mantienen derecho a exigir el rescate de su aporte», dice el texto.

Por otra parte, sostuvo que «en caso de liquidación, disolución o clausura del banco, de forma voluntaria o involuntaria, los socios capitalizadores tendrán derecho a recibir en forma proporcional, antes y con preferencia a cualquier otro título del emisor, en razón de su propiedad de las mismas, un importe por acción pagadero en dólares». Pero además dispuso, y en esto se apoyará Uruguay para revertir la demanda, que tanto el Banco Central como la Compañía General de Negocios (institución off shore) se abstenían de entablar cualquier acción legal o disponer directa o indirectamente que se entable una acción legal, salvo «una mala conducta intencional de dicha parte de inversores».

RESCATE. El documento señala que el dinero para capitalizar el banco debe ser destinado para «eliminar cualquier patrimonio negativo», y luego para comprar acciones ordinarias y preferidas. Dispone que «en la fecha de financiación, el emisor (BC) deberá entregar a cada inversor certificados provisores que representen los anticipos de capital de 33.333.333 dólares».

El acuerdo, que tiene un total de 43 páginas y 12 capítulos, mantenía que Uruguay deberá proveer o disponer que se provea al BC a través de una o más entidades estatales todo el respaldo financiero que sea requerido, con el fin de mantener al emisor en situación financiera sólida.

El texto dice que diez años después de la capitalización, el BC deberá depositar en calidad de fondo fiduciario el precio de rescate, de todas las acciones que se va a rescatar en un banco o compañía fiduciaria ubicada en la ciudad de Nueva York, que tenga un agregado de capital y superávit a 100 millones de dólares (cifra aportada por los accionistas extranjeros).

El sistema bancario perdía U$S 100 millones diarios

n Seis meses después de firmado el acuerdo confidencial entre el Estado uruguayo y los bancos internacionales socios del Comercial, el ministro Alberto Bensión justificó la decisión de firmar un acuerdo argumentando que fue «una reacción del gobierno ante un problema imprevisto y de excepción» y que hubo que resolver «sobre caliente» porque cada día el banco perdía 30 o 40 millones de dólares y el sistema bancario más de 100 millones de dólares.

El entonces titular de la cartera de Economía, subrayó que la suscripción del acuerdo fue «una reacción del gobierno ante un problema imprevisto y de excepción que no había sido creado por la política económica, sino por la repercusión de la crisis argentina».

En declaraciones realizadas a El País en agosto pasado, Bensión dijo que ante la situación de retiros de depósitos que estaba afectando al Comercial durante febrero «nuestra primera reacción, del Poder Ejecutivo y del Banco Central del Uruguay fue solicitar a los accionistas internacionales que capitalizaran al banco para reparar el daño del fraude».

Estas primeras acciones no rindieron frutos luego de 15 días de negociaciones, por lo que el gobierno se enfrentó a tres posibles decisiones. Uns implicaba liquidar el banco, lo que con depósitos por cerca de 1.500 millones de dólares «hubiera sido una conmoción fenomenal».

La segunda era intervenirlo, tomando a cargo del Estado todos los pasivos que superaban «largamente» ese monto de 1.500 millones de dólares. En estos escenarios se encontraban también las Euronotas emitidas por el Comercial que totalizan 20 millones de dólares que «tienen una cláusula por la que si los socios pierden el control de las decisiones, inmediatamente se hacen exigibles».

«La tercera posibilidad fue la que elegimos, que fue la de volver a negociar. Finalmente llegamos a un convenio que se formalizó en la segunda quincena febrero y que fue asumido por el Poder Ejecutivo», explicó entonces Bensión.