Aguas de la Costa presentó un recurso contra la decisión del Poder Ejecutivo

La apelación, que contiene nuevos elementos jurídicos, fue entregada a fines de noviembre por el abogado Diego Galante al subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Oscar Brum, ante la presencia de las autoridades de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea).

El gobierno deberá ahora estudiar el recurso y, especialmente, el punto contenido en el mismo en cuanto a si la decisión del Poder Ejecutivo transfiriendo a OSE las tareas hasta ahora en manos privadas tiene efecto suspensivo en cuanto a la ejecución de esa decisión.

La resolución del Poder Ejecutivo alcanzada por este recurso fue emitida semanas atrás e informaba a las empresas sobre los cambios impuestos por la reforma constitucional.

Tras recibir el documento, Brum dijo que «eventualmente el gobierno verá si ese recurso tiene efecto suspensivo» en cuanto a la resolución emergente de la reforma constitucional del 31 de octubre.

La empresa —que atiende a usuarios al este del arroyo Maldonado— aseguró en la reunión con el gobierno que mantendrá «la calidad de los servicios» que presta a los clientes.

Desvinculación compleja
En una reunión realizada el pasado jueves, los representantes de Aguas de la Costa también dejaron información que el Poder Ejecutivo les había solicitado y Brum les explicó que en caso de necesitar más así lo plantearán, tal como ocurrió en el caso de Uragua.
Junto con el abogado Galante, al encuentro concurrieron por la empresa de capitales catalanes el gerente general de la firma y representante de Aguas de Barcelona, Jorge Olivero, así como los directivos locales y accionistas Jorge Bellagamba y Francisco Gross, ambos ex ingenieros de OSE.

El objetivo del encuentro fue comunicar la decisión oficial de hacerse cargo de todos los servicios de agua potable y saneamiento después de la aprobación del plebiscito del agua, y solicitarle a la firma información sobre su situación y el servicio que brinda.
Según informó el diario El País, Brum estimó que la situación de desvinculación de las empresas privadas que prestan ese tipo de servicio es compleja y reiteró que «la única forma» de solucionar el problema es mediante una ley constitucional.

Brum informó que a mediados de esta semana se concretará la reunión con la firma Aguas del Pinar, que funciona desde 1949.