Ahorro de U$S 50: por comprar mejor

El gobierno quiere «eliminar» las negociaciones reservadas entre jerarcas y empresarios interesados en ganar licitaciones, evitar que el Estado siga perdiendo dinero por comprar mal, y poner un máximo de 90 días para que los procesos licitatorios sean resueltos. Con ese objetivo, enviará esta semana al Parlamento un proyecto de ley de reforma de los sistemas de compra. «La base inspiradora de la reforma es la convicción de que, en el fondo, el óptimo de la contratación administrativa no es tanto una cuestión de procedimientos, cuanto de ética y pericia de los funcionarios», se indica en la exposición de motivos del proyecto.

Los mecanismos que se utilizan para adquirir bienes y servicios son una clave en las cuentas públicas, según lo revelan datos estadísticos que están publicados en el sitio oficial comprasestatales.gub.uy en Internet. Sólo por reformar de hecho algunos de esos procedimientos, el gobierno proyecta un ahorro de 50 millones de dólares durante el 2003, informó a El País el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa.

Asimismo, la creación de Unidades Centralizadoras de Adquisiciones, dejó en evidencia que el Estado adquiría medicamentos y alimentos con sobreprecios, si se compara con las ofertas obtenidas por compra directa (ver infográfico). No obstante, las estadísticas oficiales también demuestran que en la Administración Central (ministerios y otros organismos) la compra directa fue, por lejos, el mecanismo más utilizado para adquirir bienes y servicios.

CUESTIONAMIENTO. El proyecto de ley que el gobierno enviará esta semana al Parlamento —firmado por todos los ministros— implica un fuerte cuestionamiento a cómo el Estado ha comprado sus insumos hasta el momento. La iniciativa remarca la «transparencia como principio general», y establece limitaciones a la discrecionalidad de los jerarcas y a su contacto con el sector privado.

En caso de ser aprobada, eliminaría la posibilidad de que jerarcas estatales negocien de forma reservada y paralela con oferentes que hayan empatado sus propuestas en una licitación, y en sustitución crearía un mecanismo de «puja a la baja» de los precios.

La subasta se incluye como instrumento de mejora de precios de rápida implementación, y se elimina la licitación abreviada, que significa un llamado directo acotado a una serie de proveedores de plaza especializados en el bien demandado. El proyecto también dispone como principio los mecanismos de competencia para la compra, con lo cual se limita el margen para las compras directas.

También se determina la obligación de difundir por medios electrónicos la información sobre llamados y adjudicaciones.

Si bien la reforma incluye nuevas alternativas a la licitación, también impone un plazo de 90 días para que los procesos licitatorios sean resueltos, y señala que en caso de incumplimiento, el jerarca responsable incurrirá en «falta grave», lo cual lo pone en condición de ser destituido.

«No es sano ni conveniente que las licitaciones públicas y demás procedimientos competitivos de contratación se prolonguen por mucho tiempo», se advierte en la exposición de motivos del proyecto.

Los mecanismos de compra estatal han sido objeto de medidas sucesivas por parte del actual gobierno. La Presidencia de la República, por intermedio del Comité Ejecutivo Para la Reforma del Estado (Cepre), creó el sitio oficial en Internet mencionado líneas antes, en el cual se publican los datos sobre llamados y adjudicaciones de bienes y servicios en la Administración Central. Luego estableció por decreto la obligación de publicar la información, dado que no todos los jerarcas cumplían con esa disposición, y amplió las exigencias a la publicación de las ampliaciones de licitación. De acuerdo con las normas vigentes, el organismo contratante puede ampliar el volumen de una licitación ya adjudicada hasta el 100% del contrato original.

En paralelo, el gobierno creó las Unidades Centralizadoras de Adquisiciones, para medicamentos y para alimentos, con lo cual concentró las compras de productos de varios organismos estatales. Por ejemplo, en el caso de los alimentos pasaron a coordinar sus compras las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), el Instituto Nacional del Menor (Iname), y el Ministerio del Interior, entre otros organismos. Al comprar todos juntos un mismo alimento, aumentaron la escala y, por lo tanto, el poder negociador del Estado.

DRÁSTICO. El cambio de mecanismos de compra produjo un fuerte recorte de los precios que paga el Estado. Según datos de Cepre a los que accedió El País, la incorporación del Iname a la Unidad Centralizadora de Adquisiciones de Alimentos (UCAA), provocó una disminución de 85,75% de ahorro en su gasto total en harina, y una rebaja de precios de 77,10% en azúcar, y de 67,06% en arroz. En esos últimos dos rubros, respectivamente, el Ministerio del Interior mejoró sus precios 54,27% y 48,22%.

Además, el mecanismo de compra centralizada eliminó una situación paradójica: por un mismo producto, distintos organismos estatales pagaban precios diferentes. Por ejemplo, la Fuerza Aérea compraba un kilo de arroz a $ 14, y el Ejército lo adquiría a $ 31,14; el Iname pagaba $ 41,90, según la información de Cepre.

En tanto, la Presidencia avanza en la puesta en práctica de un sistema de recepción de ofertas vía Internet, que agilizará los mecanismos de compra.

A tener en cuenta

TOCAF. Los mecanismos de adquisiciones estatales están regidos por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). En su artículo 33, se determina como principio general que las compras deben ser efectuadas por licitación pública, o sea un llamado general para que se presenten todos los potenciales interesados. Entre el 1º de enero y el 11 de julio de 2003, sólo 53 de las 231 licitaciones públicas convocadas por la Administración Central fueron adjudicadas.

ABREVIADO. No obstante, están previstos otros mecanismos. La licitación abreviada es uno de ellos, siempre que el monto de la compra no supere los $ 1.054.000. Significa que, para agilizar el procedimiento, el organismo puede, en lugar de hacer un llamado general, citar directamente a un grupo de potenciales interesados, que están especializados en el bien o servicio que demande. Según datos oficiales, el 55,3% de lo que gasta el Estado en sus compras en pesos, se cumple por licitación abreviada. En las adquisiciones en dólares, ese mecanismo constituye el 19,4% del total. En el período de referencia, sólo 565 de las 1.497 licitaciones abreviadas que fueron convocadas, resultaron adjudicadas. La licitación abreviada será eliminada si el proyecto gubernamental es aprobado por el Parlamento.

EXCEPCIÓN. Otra posibilidad prevista por el Tocaf es la compra directa por excepción, «cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público, o su realización resienta seriamente un servicio». El 10,5% del monto por compras estatales en pesos se concreta por compra directa por excepción ($ 86 millones); en dólares es el 12,6% (U$S 800 mil).

DIRECTO. La compra directa es el instrumento de mayor uso en la Administración Central, a pesar de que las estadísticas oficiales demuestran que los precios que se pagan por ese mecanismo son altos en comparación con procedimientos competitivos. El Tocaf autoriza la compra directa hasta un máximo de $ 52.700. Las compras directas en la Administración Central constituyen el 25,9% en pesos (212 millones de pesos), y el 44,4% en dólares (2,8 millones de dólares). Semanas atrás, el Poder Ejecutivo obligó a todos los organismos a publicar en Internet sus compras directas por más de 10 mil pesos.

AHORROS. Si se anualizan los ahorros que el Estado logró durante el primer trimestre de 2003 por centralizar las compras de arroz, azúcar, harina y aceite, el ahorro total a fin de año será de $ 55,9 millones, según proyecciones oficiales.