Alivio empresarial por la prórroga de la reforma

Pero la opinión no es unánime. Las autoridades de la Cámara de Industrias opinan que la nueva fecha «no es una ventaja» si se ignoran las observaciones realizadas por la gremial. Para la Asociación Rural, en tanto, la noticia no tiene «mayor incidencia» porque los ejercicios de las empresas agropecuarias van del 1° de julio al 30 de junio. «Nosotros igual arrancábamos con la reforma en julio, aunque entrara en vigencia en enero próximo», dijo a El País Héctor Álvarez, tesorero de la ARU.

Desde la Cámara de Comercio se admite que más plazo «hubiera venido bien» y se considera que seis meses es «un período bastante ajustado para que todo el mundo se informe». Ramiro Soto, vocal de la cámara, ha seguido el tema de cerca y comentó que «no es un plazo amplio», aunque aclaró que dará para «interiorizarse» sobre la aplicación de la reforma.

«Son seis meses, con el verano y las vacaciones en el medio, y en ese período todas las empresas deben instruir a sus funcionarios. Tienen que empaparse de cómo los impacta la reforma y eso genera una cantidad de dudas, sobre todo porque aún no salió la reglamentación. (…) Igual entendemos que quieran poner la reforma en funcionamiento cuanto antes», comentó Soto.

A la hora de liquidar los impuestos, Soto sostuvo que «no genera ningún problema» que la reforma arranque a mitad de año. «Según le entendimos a Astori, los ejercicios que cierren incluso después del 1° de julio lo harán con las disposiciones anteriores. Yo sospecho que (los cambios) serán para ejercicios iniciados a partir del 1° de julio», advirtió.

SENSATEZ. El presidente de la Cámara de la Construcción, José Ignacio Otegui, consideró que el plazo es «razonable». «La reforma todavía está en trámite de aprobación y no hay tiempo suficiente para reglamentarla rápidamente, que la gente la comprenda y tenga una aplicación sensata», dijo.

Otegui cree que «lo lógico parece ser que haya tiempo suficiente para que todo el mundo se adapte a la nueva norma».

Además, opinó que la «fecha ideal» de aplicación hubiera sido el principio de un ejercicio y no mediados de año. «Pero igual es mejor que se aplique con tiempo suficiente para poder adaptar con tranquilidad la liquidación de impuestos y los temas administrativos», indicó.

Desde la Cámara Mercantil de Productos del País, su presidente Ricardo Seizer considera que ha sido «atinado no atropellar» a los empresarios. «En estos meses se pueden ir puliendo cosas que no quedaron muy claras», opinó.

Seizer contó que la preocupación de los asociados a la Cámara Mercantil pasa porque se defina «qué va a pasar con la devolución de impuestos indirectos», que vence a fin de año. «En principio la idea es que se mantengan tal como están hasta el 1° de julio», explicó.

El vicepresidente del Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández, sostuvo que -a pocas semanas del nuevo año- «era prematuro y apurado aplicar unos cambios tan drásticos». Y consideró que seis meses es un «plazo suficiente». Sobre la forma en que se liquidarán los impuestos, Fernández entiende que «seguramente se hará seis meses de una manera y seis meses de otra».

MOLESTIA. El presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, señaló que era un hecho previsible el atraso en la entrada en vigencia de la reforma. Pero para Balestra la demora no tiene nada de positivo: «Si hubiera una posibilidad de aprovechar el aplazamiento pa-ra tener algún tipo de injerencia, sería bueno. Pero si es simplemente un problema de implementación, estamos en lo mismo que antes, seis meses después. Al no haber cambios, no habrá soluciones para nuestros planteos. La aplicación se-rá la misma».

Balestra no ve «una ventaja» en la decisión oficial ya que el nuevo sistema «está decidido». «Se realiza porque no hay tiempo para generar papelería, preparar declaraciones juradas y adecuar el sistema de recaudación», explicó.

La principal discrepancia de la CIU con la reforma tributaria pasa por el hecho de que el sector industrial no pagaba aportes patronales y ahora lo hará por 7,5%. «Es un incremento enorme sobre los costos y una pérdida de competitividad real sobre todo para el sector exportador», opinó Balestra. En cambio, en el sector comercial y de servicios hay una reducción: de 12,6% a 7,5%.