Amplia mayoría votará para levantar la huelga

Si bien la votación no va a ser unánime, existe entre los funcionarios una clara voluntad mayoritaria para terminar con el conflicto que desde hace más de un mes afecta a Salud Pública. La expectativa está centrada hoy en el plenario nacional, donde los delegados llevarán la posición de las asambleas de cada centro.

La dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Beatriz Fajián, admitió que una «amplia mayoría» de las asambleas se manifestaron a favor de aceptar la propuesta de once puntos ofrecida por el gobierno.

El País pudo confirmar ese dato en un relevamiento propio. En un 85 por ciento de los centros consultados, las asambleas se pronunciaron a favor de levantar el conflicto. De los 27 centros asistenciales relevados, sólo en cuatro los funcionarios son partidarios de continuar con las medidas. Es el caso de los hospitales Pereira Rossell, Pasteur, Piñeyro del Campo y el Centro de Salud del Cerro.

Los funcionarios lograron aumentos que oscilan entre los 800 y los 1000 pesos para un total de 10.300 funcionarios. El gremio espera hoy que el gobierno libere los sueldos retenidos de los trabajadores que ocuparon centros. «Por lo menos es lo que se nos prometió», dijo Fajián.

Por su parte, los médicos aguardan la decisión del plenario, para levantar las medidas de forma conjunta con los funcionarios. La última asamblea aceptó la fórmula oficial por amplia mayoría y facultó al Comité Ejecutivo a acordar el fin del conflicto con la FFSP sin que los médicos tengan que volver a votar. Los galenos obtuvieron un aumento salarial de 1500 pesos.

CONTRARIOS. El Pereira Rossell posee un gremio «combativo», que incluso en la asamblea previa al acuerdo logrado entre el Pit-Cnt y el Poder Ejecutivo se había manifestado partidario de ir a la huelga con abandono de los puestos de trabajo. Fuentes gremiales de ese centro dijeron que se rechaza la denominada «propuesta integral» del gobierno, por considerar que los incrementos logrados son muy bajos.

Los funcionarios advierten que con los descuentos de los aportes sociales los aumentos se reducen a 750 pesos y a 610 pesos para las dos franjas más sumergidas. Incluso existe ambiente en ese centro para continuar realizando medidas individualmente.

Por su parte, en el centro del Cerro si bien se estaría de acuerdo en desocupar los hospitales, se es partidario de seguir con la huelga. La dirigente María Pebaque dijo que desde el punto de vista de los reclamos salariales «no se obtuvo gran cosa, pero sí se logró una victoria política muy importante».

A FAVOR. Sin embargo, la postura de estos centros no parece ser general. Loreley Rodríguez, funcionaria del Centro de la Ciudad de la Costa, uno de los seis nosocomios ocupados, expresó que se aceptó la propuesta no tanto por el aumento, sino por considerar que se logró un triunfo frente al gobierno. «Ahora ya sabemos que tenemos las armas para lograr nuestras reivindicaciones y además logramos un gran unidad con el Sindicato Médico y el Pit-Cnt. Esto es una victoria», comentó.

Por su parte, Waldemar García, del hospital Saint Bois, admitió a El País que el conflicto ya estaba teniendo su «desgaste» y que se ha llegado a un límite en cuanto a lo que se puede seguir reclamándole al gobierno.

Decision de los centros

A favor de levantar el conflicto

-Maciel

-Vilardebó

-Santín Carlos Rossi

-Filtro

-Traumatología

-Rocha

-Chuy

-Centro Ciudad de la Costa

-Canelones

-Artigas

-Cerro Largo

-Maldonado

-San Carlos

-Las Piedras

-Salto

-Colonia

-Florida

-Lavalleja

-Soriano

-Rivera

-Durazno

-Río Negro

-Paysandú

En contra

-Pereira Rossell

-Piñeyro del Campo

-Pasteur

-Centro del Cerro

Postura del gobierno

OSCILACIONES. En varios ámbitos, se interpreta que el gobierno no tuvo una postura firme en el manejo de uno de los peores conflictos de la historia de la salud y seguramente el más agudo de la administración del presidente Jorge Batlle.

ESENCIALIDAD. El 11 de agosto cuando se produjo la ocupación del hospital Vilardebó, el ministro de Salud, Conrado Bonilla, calificó a los funcionarios como «terroristas asistenciales». El jerarca dejó entrever que no iba a dejar pasar más de 48 horas para tomar medidas drásticas, entre las que estaba la declaración de la esencialidad de los servicios. El Poder Ejecutivo decretó esa medida el lunes 18, luego de la ocupación del Pereira Rossell, pero no aplicó la norma hasta el 30 de agosto. Ese día, el MSP pidió a su par del Interior que dispusiera una guardia policial para evitar la ocupación de Oncología y del ex-Filtro. El endurecimiento de la postura oficial coincide con el momento en que Batlle habría centralizado la conducción del conflicto.

CARGA HORARIA. Otro tema que pareció evidenciar diferentes líneas de conducción en el seno del gobierno fue el del aumento de la carga horaria de los funcionarios. Los gremios interpretaban que se estaba condicionando el incremento salarial a una extensión de la jornada laboral. El 21 de agosto, el MSP aclaró en un comunicado que «la actual carga horaria, en las funciones que cada funcionario tenga, no se incrementará» y que los «trabajadores debían incorporarse en un proyecto de capacitación y/o desarrollo vinculado a la atención primaria». Pero siete días después, en la nota —firmada por Bonilla e Isaac Alfie— con la que el Ministerio de Economía rechazó la fórmula propuesta por la Comisión de Salud de Diputados, se expresó que uno de los motivos de la negativa era que no se contempla «mayor horario de labor». La frase obligó a una nueva aclaración del MSP: «el aumento de la carga horaria» podía sustituirse por su equivalente en dedicación, esfuerzo y participación en programas de APS», aclaró. Cuando el Pit-Cnt centralizó las negociaciones de cara a destrabar el conflicto, el tema se convirtió en el principal escollo para una salida, hasta que finalmente se descartó toda referencia explícita a la mayor carga horaria.

DINERO DISPONIBLE. La disponbilidad de recursos para conceder la mejora de los ingresos es otro elemento en el que el gobierno cedió. Este punto fue criticado por el Partido Nacional y otros actores que consideran que motivó a los gremios a prolongar el conflicto. En un principio, se puso sobre la mesa un incremento de entre 400 y 500 pesos para médicos y funcionarios. El SMU logró que la oferta creciera hasta los 1.500 pesos. Los funcionarios lograron que se les duplicara la oferta, que creció hasta los 1.158 pesos. En la recta final del conflicto, si bien el Poder Ejecutivo siguió manteniendo la misma partida de 183 millones de pesos para los incrementos, aceptó extender la mejora salarial hasta los funcionarios que ganaran menos de 5.400 pesos, cuando había plantedo un tope de 4.500 pesos. En los últimos días, el gobierno pretendió que el 2% otorgado para el resto de los funcionarios públicos estuviera incluido en el aumento propuesto, pero finalmente no mantuvo esa medida.

INTERLOCUTORES. Las negociaciones que en un principio fueron centralizadas por el ministro de Salud, Conrado Bonilla, fueron luego conducidas por el ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo. El titular de Salud dejó de hacer declaraciones públicas y hay quienes aseguran que fue desplazado de la negociación por el presidente Jorge Batlle. Sin embargo, Bonilla negó ayer sentirse «debilitado» por el conflicto.