Ampliarían el número de beneficiados con la categoría de los funcionarios públicos

Si bien al principio se creyó que la iniciativa era para cerca de 3.800 pasantes y becarios, ahora se sabe que en realidad beneficia a 8600 personas. Sucede que el proyecto llegó a una comisión del Senado con un título que refería a la situación de pasantes y becarios, pero se extendió también a “contratados eventuales, zafrales, pagos por régimen de cachet, o bajo cualquier otra forma jurídica”. La propuesta de extenderlo fue del senador Alejandro Atchugarry, recuerda El Observador.

Se trata de personas que, sin ser funcionarios públicos, brindan servicios en el Estado y que ahora quedarán con todos los derechos de los trabajadores estatales. La versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado revela que los legisladores votaron el proyecto sin conocer información básica, y con enormes dudas sobre su legalidad.

El único asesor con el que consultaron fue con el ex vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre, quien les advirtió que concurría al Parlamento para hablar en nombre de los reclamantes, es decir los becarios y pasantes del Estado.

Actualmente la ley establece que un pasante o becario no puede permanecer más de dos años en el puesto. El proyecto, impulsado por los senadores Manuel Nuñez (PS) Julio Herrara (FB) y Jorge Larrañaga (PN) ya cuenta con media de la Cámara Alta.

Manuel Nuñez reconoció hoy en El Espectador que el anexo incorporado en la Comisión de Hacienda amplía el número de eventuales beneficiarios. “No sólo para pasantes y becarios, sino para todos aquellos que estuvieran contratados. Pero tienen que tener dos condiciones: una es ser contratados permanentes y que actúen bajo jerarquía, sujetos a horario. O sea que realmente se compruebe que están cumpliendo la función pública sujetos a jerarquía. Y lo segundo es que ese contrato tenga más de cuatro años de antigüedad, por lo menos, o sea que haya sido efectuado antes del 1º de enero de 2001”, dijo Nuñez.

Sin embargo, el legislador socialista informó que ni los propios representantes del gobierno en el Parlamento saben a ciencia cierta cuántos serías los beneficiarios. No obstante, estimó que los números que trascendieron hoy son demasiado elevados.

“Si el número fuera el que dice El Observador quiere decir que la administración pública en general, todos los administradores, el Poder Ejecutivo y los entes autónomos violaron permanentemente la prohibición sobre la contratación de funcionarios públicos. Fue una forma de burlar la disposición legal. Porque en definitiva es claro que esas personas, si cumplen esas condiciones, son funcionarios públicos. Están funcionando en un organismo del Estado con sistemas de jerarquías, con horarios, como todos los que cumplen la función pública”, agregó.