Analistas discrepan ante desafiliación de las AFAP

Las 8.590 solicitudes de desafiliación que recibió el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el año pasado dispararon un pedido de consulta a constitucionalistas y expertos en seguridad social sobre la legalidad de habilitarla o no. Sin embargo, entre éstos no existe consenso.

«Desde la creación de las AFAP no hay ninguna ley que impida que una persona se desafilie de una de ellas. Solamente existe la prohibición en el decreto 399 de 1995 en su artículo 31 la que es claramente irregular porque contraría lo que indica la Constitución», dijo a El País el especialista en seguridad social, Hugo de los Campos, en referencia al artículo 10 de la misma. En su inciso segundo se consagra el llamado «principio de libertad» por el cual ningún habitante puede ser obligado a hacer lo que la ley no le manda ni impedido de concretar lo que la ley le obliga.

Para De los Campos, «cualquier ente autónomo, como son el Banco de Previsión Social o el Banco Central, están obligados a desoír y a desaplicar el decreto y aplicar la Constitución sin necesidad de ninguna intervención judicial (…) Quien plantea la posibilidad de desafiliación está solucionando un problema que no existe sin perjuicio que tendrían que regularse aspectos como la devolución de aportes no abonados y el cómputo de salarios», agregó.

Por el contrario, el ex presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Rodolfo Saldain, sostuvo que «en principio no estaría habilitado a permitir la desafiliación (…) Habría que ver caso a caso. Los decretos de los períodos anteriores que se publicaron tuvieron como motivación errores de afiliación de personas que finalmente no les convenía estar en el régimen mixto», dijo a El País.

Para Saldain la obligatoriedad está planteada en que los menores de 40 años al 1° de abril de 1996 con salarios superiores a los $ 17.156 a valores actuales deben elegir una AFAP, lo que implica «que no pueden desafiliarse porque están obligados a hacer algo».

El ex presidente del BPS indicó que «habría que estudiar la posibilidad» de habilitarlo en los casos de mayores de 40 años al 1° de abril de 1996 o los que reciban retribuciones inferiores a los montos estipulados que se afiliaron voluntariamente sin estar obligados. Pero aclaró que «solamente después que deciden pertenecer al sistema (…) a otra opción es que se permita la desafiliación una vez que la persona se va a jubilar porque allí puede constatar qué es mejor. Hacerlo masivamente para alguien que no sabe cuál será su futuro es una locura».

El constitucionalista y senador José Korzeniak -uno de los consultados por el gobierno- dijo a El País que «aún está «estudiando el tema», pero aclaró que «no se trata de un problema a nivel legal».

En tanto, el constitucionalista y ex senador Ruben Correa Freitas, si bien aclaró que no había estudiado el caso, dijo a El País que «ya hay antecedentes en este tema, como fueron los decretos en los períodos de (Julio María) Sanguinetti y (Jorge) Batlle en base a los cuales quizás sí exista la posibilidad de habilitar la desafiliación».

Este punto es el más criticado por la central sindical de trabajadores que considera que se trató de una «ventana» para que «algunos políticos pudieran jubilarse con más beneficios», acusó el representante de la comisión de seguridad social del Pit-Cnt, Ariel Ferrari.

Precisamente este es uno de los puntos que analiza el gobierno. El director de Seguridad Social, Roberto Baz, dijo a El País que el gobierno «estudia esos decretos para ver si fueron correctos o no». En caso negativo señaló que se analizará qué acciones tomar.