Analizan impacto de restricción a extranjeros.

El gobierno presentará en pleno año electoral una ley que limita la tenencia de tierras en manos de extranjeros y de sociedades anónimas y crea una zona de seguridad sanitaria en las fronteras. En la reunión de ayer del Consejo de Ministros se alertó por el impacto que esa medida puede tener en los inversores del exterior.
El gabinete comenzó a debatir el texto que crea un espacio de seguridad en paralelo a los límites con Brasil y Argentina. En esa franja, que se plantea en principio de 50 kilómetros hacia el interior del territorio, los propietarios de campos solo podrán ser nacionales y los accionistas de empresas dueñas de establecimientos deben ser plenamente identificables.

Los ministros coincidieron ayer en los conceptos generales de la nueva norma restrictiva de la propiedad de la tierra, con la que además se pretende ayudar a combatir el contrabando. Sin embargo, algunas voces en el Consejo de Ministros se alzaron preocupadas por la mala señal que se puede dar a los extranjeros interesados en invertir en el sector productivo uruguayo, confiaron a El Observador participantes del encuentro.

El ministro de Economía, Álvaro García, y el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, plantearon esas dudas tras la fundamentación de la ley que brindó el ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi.

La crisis internacional y la retracción de los inversionistas por falta de crédito tras la debacle de los principales bancos del mundo suma un elemento más de preocupación en el gobierno.

El proyecto de ley no está aprobado aún en sus detalles. Para prevenir esas “malas señales” de las que hablaron García y Nin Novoa, el Ejecutivo analizará posibles cambios o agregados.

Ellos pueden pasar por reducir la franja a menos de 50 kilómetros desde la frontera, o establecer controles sumamente exigentes para evitar, por ejemplo, que un propietario posea tierras en un mismo punto a ambos lados de la frontera.

Consultado sobre las posibles malas señales al inversor extranjero, el subsecretario de Ganadería, Andrés Berterreche, las descartó.

“Si el inversor es serio no va a tener problemas con la ley”, aseguró a El Observador.

El jerarca explicó que el gobierno busca atraer inversiones productivas y serias. “No especuladores”, sentenció.

Berterreche explicó además que se contemplarán excepciones. Si un proyecto productivo es considerado importante para el país o si la sociedad anónima no puede convertirse en nominativa, entonces la aplicación de la ley será flexible. Puede ser el caso de sociedades conformadas por fondos de inversión, por ejemplo. Además, la ley establece un plazo de siete años para que el extranjero se nacionalice, si así lo prefiere.