Aplicación de IVA acaparó ayer el debate por la reforma fiscal

Con los votos sólo del Frente, el nuevo esquema impositivo recibirá hoy sanción en Diputados; será en extensa sesión

La primera jornada de discusión del proyecto de reforma tributaria en el plenario de la Cámara de Diputados estuvo signada por el debate sobre la carga fiscal que recibirá el consumo de bienes a través de los cambios que sufrirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El oficialismo espera cerrar hoy el debate y votar el articulado, que pasará al Senado.

La disminución de la tasa básica del IVA del 23% al 22% y la tasa mínima del 14% al 10% fue el centro de la discusión, pero también la extensión del tributo a actividades y productos que actualmente no se ven alcanzados por este gravamen, como el agua mineral y la leche saborizada. La oposición celebró la caída de los guarismos, pero fustigó la aplicación del IVA a este tipo de mercadería.

José Amorín (Lista 15) fue quien dio lectura al informe que presentó la colectividad colorada en la Cámara. Criticó, por ejemplo, que se le aplique este impuesto al alquiler de inmuebles que superen los $ 5.000, lo que, para él, se traducirá en un incremento del precio que pagan los inquilinos.

A su vez, el legislador manifestó que la extensión del IVA a los intereses de las prestaciones sociales del Banco República (BROU), las cajas paraestatales y la cooperativa ANDA, perjudicará a «los que menos tienen» porque «no son los ricos los que piden estos préstamos».

Iván Posada (Partido Independiente), que interpelará al ministro de Economía, Danilo Astori, el 9 de noviembre por los alcances del nuevo esquema fiscal, le agregó a estas críticas que la instrumentación del IVA «perjudica a quien trabaja».

A su turno, el nacionalista José Carlos Cardoso (Herrerismo), dijo que una propagación de este gravamen «va a eliminar la alegría que fue la instalación de los Consejos de Salarios».

Con el apoyo visual de gráficas en las pantallas ubicadas a los costados del recinto, el parlamentario afirmó que el Estado dejará de recaudar 59,9 millones de dólares anuales por la disminución de la tasa básica del IVA, mientras que el monto es de 70 millones con la caída de la tasa mínima.

Sin embargo, y con el objeti-vo de fustigar la propuesta oficial, Cardoso cuantificó en 103,8 millones de dólares anuales el aumento de la recaudación del Estado por la extensión de la tasa básica del IVA a otras ramas de la economía. En tanto, la extensión de la tasa mínima significará, según dijo, un incremento de 51,9 millones.

El legislador concluyó, tras esto, que este elemento de la reforma tributaria será la herramienta para «aumentar la recaudación del Estado». Además, desacreditó la iniciativa porque no habilita a una disminución de los guarismos del impuesto en caso de que los organismos recaudadores excedan una franja determinada del incremento de sus arcas.

DEFENSA. En filas del Frente Amplio, Roberto Conde (Partido Socialista) fue quien dio lectura al informe oficial y defendió la caída de las tasas aplicadas y la instrumentación del gravamen en productos hasta ahora no afectados. Sostuvo que la aplicación del IVA a los servicios de salud y a la primera venta de los bienes inmuebles «no significarán un incremento relevante en los costos». Celebró, asimismo, la supresión del Cofis. Indicó que el 70% de las personas «van a pagar menos impuestos» y que «la vida será quien lo demuestre con los números concretos sobre la mesa».

Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) pegó duro a la oposición señalando que «la dictadura creó el IVA y que los subsiguientes gobiernos democráticos subieron las tasas». El legislador les criticó a los legisladores blancos, colorados y al independiente que «no entiendan que se distribuye la carga impositiva más equitativamente».

INCONSTITUCIONALIDAD. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda fijar tasas del IVA en un futuro despertó reparos en la oposición. Cardoso señaló que podría prosperar el planteo del Colegio de Abogados que amenazó con introducir un recurso por inconstitucionalidad, y que ante eso «no habría argumentos» para desestimar el petitorio.