Aplicar impuesto a renta genera dudas.

Conocidos tributaristas dudan que la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que impulsa el gobierno electo basándose en el principio de equidad —que más pague quien más tiene— tenga los efectos buscados sin una reforma del sistema legal uruguayo. Los especialistas alertan también que para implementar el gravamen el Estado deberá asumir un elevado costo económico que podría llegar a ser mayor a la recaudación efectiva del nuevo impuesto.

El IRPF es un impuesto que se cobra en función de las utilidades que obtienen anualmente los contribuyentes por una serie de actividades que van desde el trabajo remunerado hasta la inversión financiera. Entre los rubros gravados por el tributo a nivel internacional se encuentran: tenencia de títulos de deuda pública; dividendos de sociedades; inversiones nacionales y en el extranjero; depósitos bancarios; producido de juegos de azar; salarios; y cobro de arrendamientos, alquileres o pensiones.

Para determinar el monto a pagar habitualmente se presenta ante la autoridad tributaria —en este caso la Dirección General Impositiva (DGI)— una declaración jurada de los contribuyentes conteniendo un detalle sobre las rentas que poseen.

Este tipo de impuestos están estructurados en base a tasas progresivas, de manera que la tasa media va aumentando a medida que aumentan los ingresos.

En Uruguay, que conjuntamente con Paraguay son los únicos países en América Latina que no utilizan el IRPF, estuvo vigente entre 1960 y 1974, cuando fue derogado porque la recaudación «no era suficiente» para solventar los costos de su administración, según dijeron a El País los expertos consultados. En un debate organizado por la Cámara de Comercio en 2003, Ignacio de Posadas manifestó que mientras el tributo estuvo vigente en Uruguay «no llegó a superar el 2% de la recaudación» total de la DGI.

LIMITACION. Juan Antonio Pérez Pérez, tributarista socio de la consultora KPMG, dijo a El País que si bien el IRPF tendrá una base más amplia que el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) —que se aplica solamente sobre los sueldos— ello no va a hacer subir «tanto más la recaudación». El experto citó un estudio de 1996 que supone un IRPF con tasas que van desde el 6% hasta el 30%, que comienzan a partir de ingresos familiares mensuales de U$S 900, por el cual se «habría recaudado en ese año unos U$S 400.000, o sea un 25% de lo que recaudó el IVA en el mismo período».

Si bien el programa de gobierno del Frente Amplio delineó las reformas que se deberían implementar en la DGI para el control y cobro del impuesto, no explicitó cuál será la base imponible del IRPF, qué alcance tendrá, cuáles serán las fuentes de información, cuál será el mínimo no imponible ni cuáles las exoneraciones y gastos que podrán deducirse.

ALCANCE. El mayor problema que deberá enfrentar el próximo gobierno para la implementación del nuevo tributo será la definición del concepto de renta. Según Pérez Pérez ésta debería conformarse a través de lo producido por arrendamiento de inmuebles, salarios y beneficios de los trabajos independientes (sobre lo que advirtió que se deberá combatir el problema de la informalidad para poder obtener los datos). Opinó que gravar los intereses bancarios sería un «error» y «no tendría sentido, dado que el que tiene mayor capacidad económica y está informado se va a llevar el dinero al exterior».

En la vereda de enfrente el jurista Alberto Varela, del estudio de abogados Ferrere, advirtió que no gravar los depósitos bancarios sería tener un IRPF «rengo» que desestimularía la inversión en inmuebles, porque las personas verían que al depositar el dinero en el banco sus ganancias no serían gravadas.

Según un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) en 2004 titulado «Ideas y lineamientos para la reforma tributaria» —cuyos autores son Carlos Grau, Fernando Lorenzo, que ocupará la jefatura de asesores de Economía del próximo gobierno, y Gabriel Oddone— si se grava el rendimiento de los depósitos bancarios, «la recaudación será muy reducida». Esto se debe a que «el pago anual de intereses bancarios a residentes ronda en la actualidad los US$ 140 millones», según el informe, y «si se aplicara una tasa de 10% a esta base, lo recaudado (en ausencia de salidas de depósitos del sistema) sería de US$ 14 millones. Comparativamente, el estudio advierte que cada punto de IVA recauda unos U$S 40 millones.

En otro orden, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) elaborado en 2002 para el gobierno de Jorge Batlle titulado «Bases de una reforma tributaria», sostiene que los intereses bancarios «deberían estar gravados a una tasa baja (5%-10%) para no ahuyentar este tipo de ahorro que es de alta movilidad».

Sin embargo, advierte que «se debería considerar la introducción de una retención a los intereses solamente después de superada la crisis» de entonces, y agregaba que un trato tributario similar a este se podría aplicar en relación a los tenedores de títulos gubernamentales.

CALCULO. La renta sobre la cual se paga este impuesto en los países en los que se aplica es determinada por los ingresos de los contribuyentes menos los gastos para generar los mismos. Sin embargo, estos gastos que se restan del total gravado varían de acuerdo al origen de los ingresos de las personas. Es decir, si un empresario inmobiliario pretende la venta de un edificio de lujosos apartamentos podrá advertir que el ofrecimiento de un whisky al potencial comprador es fundamental para la concreción del negocio. Lo cual determinará que el gasto incurrido por la compra de dicha bebida es necesario para generar su ingreso.

Por otra parte, un empleado podrá considerar que la cuota de estudios universitarios privados es fundamental para la generación de sus ingresos. Según Carlos Borba, de Tea Delloite & Touche, la determinación de los gastos pasibles de ser deducidos son «muy subjetivas» y «difíciles» de establecer.

Aparte de definir el concepto de renta el gobierno deberá determinar también si el gravamen es sobre las personas o sobre las familias así como si el tributo comprende solo las rentas generadas en Uruguay o también las del exterior.

El futuro gobierno también deberá establecer las tasas, que según una recomendación del FMI deberían ser tres o cuatro por encima del mínimo imponible, siendo, por ejemplo de 10%, 20% y 30%.