Aprobaron la ley de cárceles en comisión con modificaciones

El texto que llegará hoy al plenario de la Cámara de Diputados contendrá algunas modificaciones respecto del original remitido por el Poder Ejecutivo. Uno de los artículos que recibió más cambios fue el referido a la posibilidad de arresto domiciliario para los procesados mayores de 70 años. En este apartado los legisladores redactaron varias precisiones relativas al alcance de este beneficio.
El polémico capítulo primero, referido a las libertades anticipadas y provisionales, así como el capítulo tercero referido a las derogaciones de varias normas penales no recibió el apoyo de los legisladores de la oposición. Ambos capítulos no contaron con modificaciones sustanciales respecto del original.

MODIFICACIONES. El artículo octavo del proyecto, referido a la prisión domiciliaria, fue el que despertó inquietud en legisladores de la izquierda y en organizaciones de Derechos Humanos. El mismo preveía este tipo de sanción para procesados mayores de setenta años, por lo que se interpretó que en el caso de que el ex presidente Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco podrían llegar a verse beneficiados por el mismo en caso de ser procesados por el caso Michelini–Gutiérrez Ruiz.

En su redacción actual expresa: «El juez podrá disponer la prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de setenta años, cuando ello no involucre riesgos, considerando especialmente las circunstancias del delito cometido». La norma no beneficiará a quienes hayan cometido homicidio especialmente agravado, violación o delitos de lesa humanidad previstos en la Ley 17.510, que reglamenta la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Asimismo, el artículo 13 del proyecto establece una norma de «Inserción laboral de personas liberadas», mediante la cual se obliga a que todos los pliegos de licitaciones de obras públicas, obligatoriedad para las empresas contratantes, de inscribir en sus planillas de trabajo el equivalente del 5% de personal contratado para las tareas a personas que hayan sido liberadas y registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.