ARU revisará la relación con el gobierno tras el nuevo impuesto

Por otra parte, Bonica sostuvo ayer durante una conferencia de prensa en la ARU que es respetuoso de las decisiones personales, pero que «esta sociedad no está preparada para tener un ministro que piensa distinto al presidente», en alusión a la posición contraria al nuevo impuesto del titular de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre.

El dirigente calificó la iniciativa como «una mala ley, que afectará el clima de negocios y cambia la confianza que tenía el sector, que fue lo que provocó el importante crecimiento alcanzado en los últimos años».

«El clima de negocios en Uruguay formalmente ha cambiado y esto ocurre porque el gobierno se aparta de sus propios dichos, dejando de lado normas claras y estables que brindaban confianza», afirmó el dirigente ruralista.

Consideró que se afecta la confianza, que fue uno de los motivos principales por los cuales el agro creció en los últimos ocho años, más que en los 40 anteriores. Así se generaron puestos de trabajo e ingreso familiar directo e indirecto, especialmente en las zonas que siempre fueron relegadas, como el interior del país.

Bonica sostuvo que el propósito de bajar el precio de la tierra -que se incluyó en la exposición de motivos del proyecto de ley- es absurdo.

«Nosotros asociamos el alto valor de la tierra a inversión, incorporación de tecnología y aumento de la productividad».

El dirigente ruralista afirmó que el proyecto de ley que gravará con más impuestos en forma diferencial a las extensiones de más de 2.000 hectáreas y cada vez que se venda un campo, cualquiera sea su tamaño, tiene efectos tributarios que pueden ser «letales».

Contrariamente a lo que sostienen los gobernantes, que este impuesto tendrá un efecto mínimo, el dirigente visualizó que cambiará el clima de negocios. Los agentes económicos toman sus mejores actitudes y es en ese momento que aparecen los especuladores. Por lo tanto, reiteró que Uruguay es «un país de oportunidades, no de oportunistas».

Según las estimaciones, el nuevo impuesto abarcará a poco más de 1.000 propietarios, pero este cambio trasciende a ese grupo y a los demás productores, que tienen menos superficie y no lo van a pagar. Lo que se estará afectando es el clima de negocios y la confianza de todo un sector, reiteró el presidente de la ARU.

Acerca del argumento del gobierno y de otras instituciones rurales, que se estaría atendiendo una problemática social, opinó que esos efectos «no los vemos» y afirmó que luego de varios contactos con los que impulsaron el proyecto «nunca llegamos a comprender qué es lo que se persigue y qué ventajas tiene la iniciativa».