Atrapado en su propia red, el EP se sumerge en debate por el agua

Las declaraciones realizadas en España por el candidato del Encuentro Progresista (EP), Tabaré Vázquez, y por su principal asesor económico, el senador Danilo Astori (Asamblea Uruguay) alentaron un debate que ya se había instalado en la izquierda tras conocerse el resultado de las elecciones internas: ¿es beneficioso o no que el conglomerado modere su discurso y sus posiciones políticas de aquí a las elecciones nacionales?
Las voces que atribuyen una baja votación del EP en las internas al discurso “aguado” de la izquierda resurgieron ayer luego que se supo que en Madrid, y ante empresarios españoles, Vázquez dejó abierta la posibilidad de que la reforma constitucional por el agua, que se plebiscitará junto a las elecciones de octubre, sufra alguna modificación, presumiblemente por la vía de un proyecto alternativo.

Vázquez fue un firme defensor de la recolección de firmas para impulsar esta reforma, que no sólo estatiza los servicios de agua y saneamiento, sino que además expropia los bienes a las empresas que ya tienen concesión de servicios abonándole solamente la inversión que hicieron inicialmente.

Una medida difícil de defender para Vázquez en momentos que fue a prometerle a los empresarios españoles beneficios para que inviertan en Uruguay durante un eventual gobierno del EP. Entre los empresarios había representantes de Uragua y Aguas de la Costa, que tienen la concesión en Maldonado y que serían expropiadas en caso que triunfe la reforma.

Un día antes de que Vázquez admitiera la posibilidad de cambios en la reforma, Astori se había pronunciado en favor de una ley reglamentaria que busque “respetar los derechos” de los inversores.

Con estas expresiones, toda la simpatía que la izquierda se ganó entre los gremios por haber apoyado sus políticas opositoras amenaza convertirse en enojo. Carlos Sosa, presidente del sindicato de OSE que impulsó la reforma, cuestionó estos devaneos y fue enfático: “Si se aprueba la reforma Uragua y Aguas de la Costa se van a tener que ir del país; no hay ley interpretativa que valga”.

De la misma forma que cuando se inclina por los sindicatos saltan los empresarios, y cuando hace guiños a los empresarios se quejan los sindicatos, Vázquez confirma día a día que a medida que se acerque a las posturas de Astori y de otros dirigentes moderados, tendrá que soportar las protestas de los grupos radicales.

El diputado del 26 de Marzo (26M) Raúl Sendic calificó las declaraciones de Madrid como “voces disonantes” que pretenden “trampear la resolución que se tomó a impulso de miles y miles de firmas de ciudadanos que decidieron impulsar esta reforma constitucional”.

“Es fácil decir en España que vamos a mantener a estas empresas pero no es tan fácil decirlo en Maldonado (donde las compañías españolas) no están cumpliendo con los contratos”, añadió.

El 26M es uno de los sectores radicales que ha salido a alertar sobre los perjuicios que tiene para la izquierda la moderación del discurso de Vázquez. “Mientras la derecha disimula sin cambiar la izquierda cambia sin simular”, dijo ayer en un editorial el diario La Juventud, vocero del 26M.

Pero este notorio giro de Vázquez hacia la moderación –que deberá mantenerlo si es que quiere disputarle el centro político al nacionalista Jorge Larrañaga– no sólo ha despertado el enojo de los radicales sino también de otros sectores de difícil encasillamiento en el complejo universo interno del EP. Uno de esos sectores que levantó su voz contra este giro fue el Partido Socialista (PS)–organización a la que Vázquez está afiliado– liderado por el cada vez más ortodoxo senador Reinaldo Gargano. “Yo no estoy de acuerdo en cambiar la propuesta de la izquierda”, dijo recientemente. Gargano estuvo en España en el mismo momento que Vázquez, pero no hubo contacto. Al socialista le cae grueso ver a Astori tan cerca del líder, y a este tan cerca de las posiciones de Astori.

El senador José Korzeniak, otro miembro de la vieja guardia que sigue timoneando al PS, también salió al cruce de quienes quieren matizar o limitar –como dijo Astori– los alcances de la reforma sobre el agua. Korzeniak admitió que si la reforma prospera se debe reglamentar, pero que aprobar ahora una ley interpretativa es “un disparate” porque la reforma aún no fue avalada. Si logra los votos suficientes, la reforma, tal cual fue redactada, es la que quedará en la Constitución, dijo el legislador. Sostuvo que le asusta la posición de algunos sectores del EP que tendrían mayoría en el Parlamento para cambiar el espíritu de la reforma.

Ya hay algunas señales de esto que Korzeniak teme. El diputado de Alianza Progresista, Víctor Rossi dijo que su sector votará a favor de la reforma, pero advirtió: “Es muy difícil cambiar las cosas de un día para otro. Si se aprueba la reforma, es obligación del que esté en el gobierno el administrar para que no se generen prejuicios no buscados”. Y añadió: “El gremio tiene plena conciencia de que no podemos de un día para otro aplicarla porque se correría el riesgo de generar incertidumbre en la población”.

Sin embargo el gremio de OSE, como dijo su presidente, tiene otras ideas y espera que la izquierda que alentó su ansias estatizadoras y expropiatorias no cambie, justo ahora que el triunfo parece cercano.

POR GABRIEL PEREYRA DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR