Auditoría amplia pero centrada en organismos más ‘irregulares’

“Para que esta auditoría general del Estado tenga impacto, es necesario estar en condiciones de iniciarlas cuanto antes, y realizarlas con la mayor celeridad para que finalicen en un tiempo razonablemente breve. Iniciarlas lo antes posible pero también terminarlas lo antes posible debe ser nuestro objetivo”, dice el documento al que accedió El Observador.


Plan amplio. El escrito, que fue elaborado por los designados secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y ministro de Turismo, Héctor Lescano, fue presentado por el presidente electo, Tabaré Vázquez, en la última reunión que mantuvo con los miembros del futuro gabinete. La realización de auditorías en el Estado fue una de las promesas electorales de Vázquez.

“Durante la campaña electoral se anunció con particular énfasis la realización de auditorías en los diversos ámbitos de la Administración Pública para el caso de obtener la victoria. A partir de marzo es necesario cumplir con lo anunciado”, indica el documento.

Sostiene luego que “en el aparato del Estado hay dos organismos con posibilidades de trabajar en la materia: la Auditoría Interna de la Nación (AIN) y el Tribunal de Cuentas (TC).

Reseña luego los cometidos de la AIN y señala que a pesar de tener un “extenso ámbito de acción” y “completa capacidad de control, actualmente está muy reducida en sus recursos humanos, pese a lo cual ha realizado algunas auditorías que encontraron irregularidades importantes en varios organismos”.

Como contrapartida, su marco jurídico le otorgó la potestad de contratar con terceros “estudios de consultoría y auditoría para el apoyo de sus tareas de control interno, debiendo planificar y fiscalizar su realización”.


Cosas gruesas. Sobre el TC el documento señala que la Constitución le concede el control de la gestión del Estado “pero sin embargo ha primado el criterio restrictivo respecto a los alcances de su control y en la práctica el Tribunal solamente realiza un control de la legalidad de la gestión de los distintos organismos, y sus observaciones son remitidas a la Asamblea General sin valoración alguna sobre la relevancia de sus contenidos. Lo habitual es que la Asamblea General no las trate, y que tampoco los legisladores individualmente le dediquen parte de su tiempo al análisis de su contenido, a pesar de que frecuentemente hay cosas gruesas que lo merecerían” añade.

Recuerda que el TC también puede realizar auditorías a solicitud de diversos organismos y que costo de la misma lo pagará el organismos respectivo.

El TC cuenta con personal idóneo para realizar estos controles “y actualmente refuerza su capacidad con pasantes contratados. Lo que indudablemente necesita es una definida voluntad y disposición a realizarlas, para lo que es imprescindible dotarlo de una nueva integración con mayoría progresista lo antes posible, ya que es un organismo autónomo, sin dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo ni de órgano alguno”.

“Creemos que es necesario que se tomen las providencias para iniciar un plan de auditorías amplio, lo más amplio que se esté en condiciones de realizar, pero también particularizando, al menos en una primera etapa, en algunos organismos que han sufrido administraciones especialmente irregulares. Para ello es necesario coordinar las acciones de los dos organismos (…) utilizando las mayores capacidades de ambos”, añade el documento del gobierno electo.

No obstante estas acciones, el futuro gobierno sostiene que va a esperar el resultado “de las auditorías de cierre realizadas por el gobierno saliente y eventual trabajo que pueda existir en aquellos organismos que poseen departamentos internos de auditoría”.


Ágil y productiva. Según este documento, “la AIN parece el organismo más apto para centralizar la tarea en el inicio. Se debe analizar su realidad de personal calificado y de verse necesario y viable políticamente, iniciar contactos para la firma de un convenio con la Universidad de la República que permita asegurar la inmediatez del inicio del trabajo y su conclusión dentro de un plazo razonablemente corto”.

En tanto, “la utilidad del TC estará determinada por una integración que asegure la voluntad política de investigar en forma ágil y productiva, y jerarquizar las irregularidades encontradas, ya que como organismo autónomo que es, no tiene dependencia jerárquica y son sus miembros los que comandan su acción”. “Si esto se logra habría que fortalecer su gestión mediante el refuerzo presupuestal para la contratación de los becarios y pasantes que haga falta”, señala el documento.