Batlle analiza vetar el ingreso de 3.744 becarios al Estado

El gobierno considera inconstitucional el proyecto de ley con media sanción parlamentaria que otorga calidad de funcionarios públicos a 3.744 becarios y el Ejecutivo analiza la posibilidad de vetarlo si lo aprueba la Cámara de Diputados.
Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron ayer a El Observador que la aprobación del texto causó preocupación en la Presidencia de la República y que es firme candidato a recibir una observación del presidente Jorge Batlle.

La iniciativa, que sólo fue votada en contra por el vicepresidente Luis Hierro y el quincista Luis Adolfo Singer, será analizada con rigurosidad luego que regrese al país en los próximos días el prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa.

El ministro de Economía, Isaac Alfie, dijo ayer en el Parlamento que el proyecto es “doblemente inconstitucional”.

El secretario de Estado explicó que, por un lado, la Constitución prohíbe incorporar funcionarios públicos en año electoral. Dijo, además que las iniciativas que significan un aumento de gastos para el Estado es privativa del Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley fue promovido por los senadores Julio Herrera (Partido Colorado), el candidato presidencial blanco Jorge Larrañaga y el socialista Manuel Núñez.

En la cámara baja había ánimo de apoyar el proyecto pero la oposición del gobierno tal vez desanime al menos a los colorados, dijeron a El Observador fuentes parlamentarias.

La iniciativa apunta a otorgar beneficios a los becarios que empezaron a cumplir funciones en la administración pública antes del 1º de enero de 2001. “Dichas personas, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley serán consideradas funcionarios públicos”, dice el texto.

Sus contratos podrán ser renovados en sucesivas ocasiones sin lesionar los derechos adquiridos por esos empleados hasta el momento, dice el articulado.

Los becarios son funcionarios que ingresaron a la Administración Pública con contratos a término y que se han renovado automáticamente. Así es que, en la práctica se han transformado en funcionarios del Estado. La iniciativa aprobada por el Senado apunta a otorgarles plenos derechos a esos empleados.

Los becarios o pasantes ingresaron a cumplir funciones por lapsos que supuestamente oscilaban entre tres meses y dos años, pero hay algunos de ellos que tienen hasta nueve años de antigüedad.

“Es decir que (la relación laboral) ya tiene carácter de permanencia en los hechos, pero (está) desprovista del amparo jurídico que la garantice”, afirma la exposición de motivos del proyecto.

Agrega que esa situación significa “falta de garantías respecto a su estabilidad laboral”.

Según los senadores que patrocinan el articulado los sistemas de becas permitieron “el acceso de jóvenes, en su gran mayoría estudiantes, a una experiencia laboral previa en el Estado”.

Dicen que “la realidad y las necesidades administrativas y de personal joven desbordaron rápidamente ese precario marco jurídico” y los becarios permanecieron en funciones. Los tres senadores citan un informe jurídico del constitucionalista Gonzalo Aguirre.