Batlle dijo que la transición del agua llegará al próximo gobierno

En su regreso de la Cumbre Iberoamericana en Costa Rica, el presidente Jorge Batlle dijo ayer que el actual gobierno le entregará a la próxima administración «toda la información necesaria» para que decida qué hacer con los servicios de agua y saneamiento que brindan catorce operadores privados en distintos puntos del país. Sostuvo, además, que las tareas de relevamiento sobre la situación de las diferentes empresas durarán «entre cinco y seis meses» y, en los hechos, el tema sería definido por el gobierno de Tabaré Vázquez.

Sin embargo, Batlle aclaró que no posee información oficial alguna con respecto al pedido del Encuentro Progresista-Frente Amplio para «congelar» la situación hasta el 1º de marzo. «Si es que existe una decisión en tal sentido, me la harán saber. Cuando sea planteada, escucharé y conversaré con Vázquez», expresó.

Para el mandatario es claro que debe respetarse la Constitución, que indica que los servicios de agua y saneamiento serán brindados sólo por personas jurídicas estatales. «Lo que el gobierno ha hecho ha sido solamente cumplir con la disposición constitucional», reiteró el presidente.

De todos modos, parece difícil que el Estado se haga cargo de las concesiones antes del 1º de marzo. Es que el Poder Ejecutivo encomendó a OSE, a través del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, que recabara «todos los datos necesarios» para que la próxima administración tome luego las medidas «que quisiera o debiera tomar».

El objetivo es tener un «estado de situación» de las distintas empresas que hoy brindan servicios de agua y saneamiento: su patrimonio, cómo se constituye la firma, qué servicio da, y cuántos empleados tiene, entre otros datos.

«Por tanto, el gobierno supone con lógica que las tareas de relevamiento de la información durarán no menos de cinco o seis meses», aclaró Batlle, e indicó que en Uruguay «cualquier trámite administrativo tarda meses».

Agregó que aun cuando se quisiera aplicar ya la reforma, primero habría que recabar la información de la operativa de las empresas. «Porque no es solamente el caso de Uragua, hay otras organizaciones muy antiguas, algunas que vienen desde el año 1949. La administración tiene la obligación de hacer un relevamiento y entregárselo al próximo administrador», indicó,

En ese sentido, la actual administración le dejará al gobierno de Vázquez «un mapa claro y abierto, una hoja de ruta», para que tome las decisiones que correspondan.

PARTIDOS. Por su parte, Vázquez manifestó ayer conformidad con la decisión tomada por los cabezas de lista de la izquierda de pedirle al gobierno que deje en suspenso la estatización de los servicios hasta el mes de marzo. El presidente electo quiere que el tema no sea abordado por la administración actual debido a los costos que implicarían para el nuevo gobierno los resarcimientos que se deberían abonar y, además, por su palabra respecto a que los alcances de la enmienda no eran retroactivos (ver página 7).

Mientras, el senador Francisco Gallinal dijo que ante la actitud del gobierno electo y el entrante, el Partido Nacional dejaría «en suspenso» el proyecto de ley interpretativo de la reforma que presentó la pasada semana.

«Creemos que es positivo el cambio en la izquierda, sobre todo cuando fue el principal impulsor de la reforma. Entonces, después del 1º de marzo veríamos si es necesario apurar una salida como la que propusimos», apuntó Gallinal a El País.

SINDICATOS. En tanto, el Pit-Cnt emitió una declaración ayer en la cual pide que se respete el «pronunciamiento ciudadano» y rechaza una ley interpretativa, pero al mismo tiempo le advierte al gobierno actual que aborde «con responsabilidad» el tema, para evitar resoluciones que puedan «comprometer el erario público».

«Cuando le advertimos al gobierno que actúe con responsabilidad, decimos que debe tener en cuenta todas las consecuencias que implica la aplicación de la reforma constitucional y que no puede apresurarse», explicó el dirigente Jorge Castro.

La central obrera cree que el tema debería formar parte de la agenda de transición entre las dos administraciones, lo cual es compartido por la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose).

La dirigente Adriana Marquisio, del gremio de OSE, indicó que coincide con el Pit-Cnt acerca de que deben tomarse en cuenta «aspectos económicos» antes de que caigan las concesiones. Sin embargo, Ffose considera que el Estado debe hacerse cargo de los servicios «lo antes posible».