Batlle ratificó legalidad de la asistencia a los bancos

DANIEL ISGLEAS

El presidente Jorge Batlle ratificó, en una carta remitida al titular de la comisión investigadora de la Cámara de Representantes que analiza la situación del sistema financiero, que «todas las transferencias de dinero efectuadas por el Poder Ejecutivo a los bancos hoy en liquidación se ajustaron a derecho» y que el Tribunal de Cuentas —por decisión unánime de sus ministros— estableció la «legalidad» del procedimiento para capitalizar al Banco Comercial en febrero de 2002.

El ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, consideró a su vez que la asistencia a los bancos en problemas durante 2002 tuvo «regularidad jurídica» y coincidió con el presidente en cuanto a que estuvo avalada por el órgano de contralor.

Asimismo, el ex presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), César Rodríguez Batlle, dijo que la izquierda lo acusó «sin pruebas» con el fin de «arrojar sombras sobre la actuación de las personas cuando se piensa distinto», y que el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) se ha empeñado en «buscar errores, ilegalidades y malas intenciones» en el manejo que hizo el gobierno de la crisis bancaria.

El testimonio de los tres forma parte de los descargos presentados ante el Parlamento con motivo del vencimiento del plazo dado por la comisión investigadora sobre el sistema financiero para que evacuen la vista las personas mencionadas en los informes de los partidos políticos que realizaron la investigación durante cerca de un año.

Batlle, por ejemplo, ha sido mencionado en el informe preliminar presentado por el EP-FA donde fundamentalmente se cuestionan dos aspectos de su actuación: la asistencia financiera a la banca privada, la firma del contrato de capitalización del Banco Comercial.

Batlle respondió citando la resolución del Tribunal de Cuentas del 6 de noviembre de 2002 donde el organismo destaca especialmente que «todas las transferencias contaron con autorización del Poder Ejecutivo» (…) por lo que sostuvo que «el procedimiento fue ajustado a derecho».

En la carta, a la que accedió El País, Batlle establece que con relación al contrato de capitalización del Comercial, «el Tribunal de Cuentas, en resolución de fecha 26 de junio de 2002, con el voto unánime de sus integrantes, establece la legalidad del procedimiento» según el TOCAF.

AGRESIVO Y NEGATIVO. Por su parte, el ex presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), César Rodríguez Batlle, calificó las consideraciones sobre su actuación como «de corte agresivas, negativas» y que «buscan errores, ilegalidades o malas intenciones».

«Podrá tenerse distinta visión sobre la solución, de cómo se encararon las cosas, en definitiva de la estrategia seguida; pero no es serio que, sin pruebas se arroje sombras sobre la actuación de las personas cuando se piensa distinto», dijo Rodríguez Batlle en su descargo, al que accedió El País.

A modo de compendio, Rodríguez Batlle sostuvo que «el Banco Central no se apartó de ninguna norma legal».

Atribuyó la pérdida de confianza que se produjo al traslado al Uruguay de la situación argentina y «a la propia situación interna que mostraba ciertas debilidades macroeconómicas».

Mientras tanto, el ex ministro de Economía Alberto Bensión, presentó un documento en el que establece que «todo el sistema político» tuvo conocimiento del contrato de capitalización del Banco Comercial y que «una parte muy importante» de los dirigentes «lo conoció casi desde el mismo momento de su firma con un mayor o menor grado de detalle».

Bensión imputó al informe presentado por la izquierda de «falta de objetividad» y destacó que el EP-FA «se resiste a aceptar el pronunciamiento favorable nada menos que del Tribunal de Cuentas» sobre la «regularidad jurídica» de las transferencias del Poder Ejecutivo a los bancos.

«Transferencias ajustadas a derecho»

La carta del presidente Jorge Batlle dirigida al presidente de la comisión investigadora, el diputado Gabriel Pais, dice lo siguiente:

«Respecto a la vista que me fuera otorgada del pre-informe elaborado por los señores Representantes miembros del Encuentro Progresista-Frente Amplio, integrantes de la Comisión Investigadora sobre el Sistema Financiero y Bancario, cúmpleme señalar que, sin perjuicio de entender que de acuerdo con los preceptos y procedimientos constitucionales, no corresponde evacuar la vista conferida, caben formular las siguientes precisiones:

1) Todas las transferencias de dinero efectuadas por el Poder Ejecutivo a los bancos hoy en liquidación se ajustaron a derecho, como lo señala la Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en sesión de fecha 6 de noviembre de 2002 (Carp. Nro. 195602), con el voto unánime de los Ministros del referido cuerpo. En particular el considerando cuarto señala: todas las transferencias, incluso las referidas en el Resultando 4) contaron con autorización del Poder Ejecutivo, otorgada con anterioridad o en la misma fecha en que se efectuaron las mismas, por lo que el procedimiento fue ajustado a derecho».

2) Con relación al Contrato de Capitalización del Banco Comercial de fecha 26 de febrero de 2002, el Tribunal de Cuentas en Resolución de fecha 26 de junio de 2002, con el voto unánime de sus integrantes, establece la legalidad del procedimiento de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 15 numeral 3) del TOCAF 1996. Para mayor abundamiento, me remito en este tema al informe del Profesor Dr. Juan Pablo Cajarville de fecha 9 de diciembre de 2002, presentado ante la comisión investigadora, en el que se ratifica que lo actuado por el Poder Ejecutivo estuvo en consonancia con la Constitución de la República».