BCU concurre al Parlamento por venta de estancia de Röhm

La comisión había decidido semanas atrás la nueva citación, a pesar de que había resuelto dedicarse a trabajar en la redacción de los informes con las conclusiones sobre la tarea que desarrolló por casi un año, aspecto que quedó para más adelante.

Las autoridades del BCU, que encabeza Julio de Brun, concurrirán a las 15 horas al Parlamento, acompañadas por los integrantes de la sala de abogados y la la comisión liquidadora de los bienes del ex Banco Comercial.

Al argumentar sobre la convocatoria el miembro denunciante, el diputado Víctor Rossi, de la Alianza Progresista (EP-FA), valoró como «inadmisible» lo que considera como una «nueva falla en los controles» de la autoridad monetaria.

Al tomar conocimiento de que el casco de la estancia «La Arcadia» que los hermanos Röhm poseen en Carmelo fue vendido en junio, el BCU resolvió comenzar a embargar todas las propiedades que los ex accionistas del Banco Comercial tengan en el país.

La venta de «La Arcadia» se conoció en un allanamiento dispuesto por el juez de Carmelo, Carlos Colmenero los primeros días de julio, en un estudio contable de Montevideo que manejaba documentación de los bienes de los banqueros.

Todos estos elementos fueron repasados por los miembros de la comisión investigadora y justificaron que los legisladores coincidieran en la necesidad de llamar a de Brun, al vicepresidente Miguel Vieytes y al director Andrés Pieroni, además de los otros funcionarios técnicos nombrados.

Con los testimonios del ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, y del ex presidente del Banco Central del Uruguay, César Rodríguez Batlle, los legisladores habían puesto punto final a las entrevistas con jerarcas, funcionarios y damnificados que tomaron parte directa o indirectamente de los sucesos del año 2002 en el sistema financiero. Pero la información brindada por El País el viernes 25 de julio, dando cuenta de la enajenación de la estancia «La Arcadia», modificó los planes de los legisladores.

De acuerdo con lo que se ha conocido, habrá entre tres y cuatro informes finales sobre lo ocurrido durante la crisis bancaria: uno, a cargo del Partido Colorado, que concluirá en que no hubo irregularidades ni ausencia de contralor por parte de los organismos del Estado; otro, en el sentido opuesto, firmada por los legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA).

Un tercer informe a cargo de los diputados del Partido Nacional concluirá que el material recogido debe ser enviado a manos de la Justicia.

A su vez, habrá un cuarto informe, firmado por el Partido Independiente, cuya síntesis indicará la conveniencia de analizar cada situación antes de decidir eventualmente el envío a la Justicia, al tiempo que hará otra serie de valoraciones sobre el transcurso de la investigación legislativa.

Los legisladores tienen previsto volver a reunirse el miércoles 20 en procura de armonizar posiciones y fijaron el lunes 28 como último plazo para entregar las conclusiones de la investigación.

La Cámara de Representantes se reunirá en la primera o segunda semana de setiembre para analizar los informes de la comisión investigadora.