Blancos piden frenar estatización del agua

El Partido Nacional resolvió impulsar en el Parlamento una ley interpretativa de la reforma constitucional sobre al agua con el objetivo de declarar no retroactivos sus efectos. El Directorio de los blancos también resolvió solicitarle al gobierno que cese de dar pasos con el fin de trasladar al Estado los servicios que actualmente prestan operadores privados en Maldonado y Canelones.
El nacionalismo resolvió impulsar la iniciativa en la sesión de su directorio y encomendó a Jorge Larrañaga que tome contacto con el presidente Jorge Batlle. La idea es que se interrumpa el proceso de estatización de los servicios en cuestión.

La ley será redactada por un grupo de dirigentes encabezados por el senador Guillermo García Costa y el líder de Desafío Nacional, Juan Andrés Ramírez.

El senador Francisco Gallinal dijo a El Observador que entre los blancos existe malestar con el gobierno por su decisión de pedir a OSE que rescate las concesiones de agua potable y saneamiento: “es un zafarrancho que favorece y protege a Uragua. Esto expone al Estado a pagar indemnizaciones sin límite. El gobierno debe dejar claro que los contratos están vigentes”, dijo.

El senador electo, Eber Da Rosa, dijo que la ley procurará “interpretar” que las concesiones efectuadas antes de la aprobación de la reforma “no están comprendidas” por la enmienda y aseveró que se buscará reglamentar es el artículo 3º, “el que está generando polémica”.

Ese artículo establece que los servicios de agua potable y saneamiento sólo podrán ser prestados por “personas jurídicas estatales”.

Mientras los blancos aseveran que presentarán el proyecto de ley a través del Senado “si es posible en las próximas horas”, también en la mañana de ayer el futuro ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, se mostró en desacuerdo con la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo el pasado miércoles.

En una reportaje a radio El Espectador Astori dijo haberse “sorprendido” por la decisión del Ejecutivo aunque admitió que el actual gobierno tiene potestades para haberla adoptado. La postura asumida por Astori coincide con la que sostuvo el propio presidente electo tras el resultado del plebiscito del domingo 31.

Tabaré Vázquez había considerado que la enmienda aprobada no tenía efecto retroactivo pero había también manifestado que la resolución del tema era responsabilidad del gobierno en ejercicio.

En sus declaraciones en la mañana de ayer Astori también expresó su preocupación por el costo de las indemnizaciones que habría que efectuar a las empresas privadas.

Aseguró que él es “de los más preocupados” por las eventuales repercusiones que tendrá la medida, en el futuro, en las arcas del Estado.

Los blancos, además, consideran que la ley que impulsarán en las próximas horas pondrá en “un brete al Encuentro Progresista.

“¿La votarán para evitar todos los problemas que se nos vienen encima o se pondrán del lado de los sindicatos que dicen que caen todas las concesiones?”, se preguntó el senador García Costa.