BM avaló plantas de celulosa; por crédito habrá que esperar

El estudio preliminar de impacto acumulativo ambiental y social que producirán las plantas de procesamiento de celulosa que construyen las empresas Botnia y ENCE en el departamento de Río Negro, divulgado ayer en Washington por el Grupo Banco Mundial (BM), arrojó conclusiones favorables a Uruguay sobre los futuros grados de contaminación y perjuicios para el turismo que se registrarán como consecuencia de la operativa de ambas fábricas.
Junto a las evaluaciones de carácter técnico presentadas ayer los funcionarios de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del BM anunciaron la decisión de abrir “un período de consultas” de al menos 60 días para relevar “la opinión del público en general y especialistas técnicos” acerca de “la metodología y las conclusiones del estudio”. La apuesta del BM es generar una instancia de diálogo y entendimiento entre las partes involucradas que habiliten a comprender el efecto de la inversión.

El proceso de consultas involucrará cuatro reuniones con los gobiernos uruguayo y argentino y las empresas. Además, se recibirán evidencias que sustenten otros puntos de vista de los del informe.

“Técnicamente alcanzan los requerimientos” del BM en materia de protección ambiental, admitió ayer en Washington, William Bulmer, director asociado de Medio Ambiente y Desarrollo Social del BM. Pero aún así, ni la CFI ni la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) se pronunciaron a favor de otorgarle financiamiento a las empresas que instalarán las plantas. “No lo harán hasta que finalice el proceso de consultas”, explicó Dimitris Tsitsiragos, director del Departamento de Fabricación Global del BM.

La CFI considera “la posibilidad de brindar financiamiento a las plantas”. La MIGA evalúa la opción de “ofrecer seguros contra riesgo político para la planta Botnia”. La financiación potencial entre ambas sería de US$ 400 millones de los US$ 1.860 millones previstos.

Tsitsiragos afirmó que los emprendimientos tienen un impacto, que es manejable, pero se necesitan tomar “ciertas acciones”. Hay que “encontrar el tiempo y la manera de explicarle a la gente cuáles son los impactos”, afirmó. “Si es posible encontrar un entendimiento común y un acercamiento, entonces existe una solución”, añadió.

El funcionario sostuvo que “si nueva información o evidencia sustancial aparecen y objetan los resultados de este estudio, estamos abiertos a revisarlo”, afirmó. Dijo que por falta de información se generaron aprehensiones en cuanto a las plantas, y por esa razón quieren empezar una discusión profunda sobre el estudio, que ofrece datos técnicos. “Si procedemos o no con el proyecto, o si no proseguimos, pero se instala igual, hay una necesidad de que haya algún nivel de coordinación y de compromiso de la comunidad”, sentenció.

Las autoridades insistieron en que hubo cautela en no darle al informe un valor a favor o en contra de alguna de las partes y que hay áreas en las que se requieren más consultas, por ejemplo el turismo.


El informe. Con respecto a la “calidad del aire” que se respirará en la zona de afectación, el estudio sostuvo que “durante la preparación inicial de las plantas”, que se extenderá por entre tres y cuatro meses, “podrían detectarse gases olorosos hasta una distancia de 5 a 10 kilómetros”.

Cuando llegue el momento en que ambas plantas estén funcionando, “las emisiones olorosas podrían detectarse ocasionalmente a una distancia de entre uno y dos kilómetros durante períodos de menos de una hora”. El estudio afirmó que “las emisiones de aire” de ambas procesadoras “cumplirán con las normas del BM”.

En cuanto a la calidad del agua del Río Uruguay el texto explicó que las aguas de deshecho de las plantas “no serán detectables a una corta distancia de las plantas y no afectarán la vida acuática o el uso recreativo del río”. “Los impactos del aire y del agua sobre el turismo serán limitados”, en tanto “el impacto visual de los molinos en áreas turísticas será bajo”, indicó. Ambas fábricas se construirán “usando la mejor tecnología de control de contaminación disponible”, indicó.

El informe estima que la construcción de ambas plantas provocará una demanda de “más de 7.000 obreros, produciendo un influjo de trabajadores, la mayoría de los cuales serán jóvenes y varones, a la región de Fray Bentos”. Ese escenario se traduciría, en un aumento en la demanda “de viviendas y servicios públicos, como salud, seguridad pública, educación y transporte”. Se espera, además, que la operativa genere “65.000 hectáreas más de árboles”. (Producción: redacción y Leticia Linn, corresponsal en Washington).