Bordaberry citado hoy para declarar ante Justicia

El ex presidente Juan María Bordaberry fue citado a comparecer hoy ante el juez Rolando Vomero, para responder por el incidente de abril de 1972 en el que fallecieron ocho militantes de la Seccional 20 del Partido Comunista y un militar, dijeron a El País fuentes judiciales.

El fiscal penal Enrique Moller pidió en octubre de 2001 el archivo del caso por entender que estaba comprendido en el cumplimiento de la ley de obediencia al superior que rige en el ámbito militar. Añadió que la orden fue dada por el entonces ministro de Defensa, Enrique Magnani, quien falleció.

Sin embargo el juez, al archivarlo consideró que el fiscal olvidó que por encima del ministro de Defensa de la época había otra persona que tomaba las decisiones y esa persona era el presidente de la República.

En eso se apoyó la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos para pedir que se investigue la calidad de coautor del ex presidente Bordaberry.

RESPONSABLE. El incidente ocurrido el 17 de abril de 1972 enfrentó a militares y policías con militantes comunistas y resultaron muertos ocho: Luis Alberto Mendiola, José Ramón Abreu, Ruben Claudio López, Raúl Gancio Mora, Elman Milton Fernández, Ricardo González, Héctor Cervelli y José Sena. También fue herido de bala el capitán del ejército Wilfredo Busconi, que murió tiempo después.

El fiscal afirmó que la responsabilidad de los hechos no recae sobre quien los llevó a cabo sino sobre quien los ordenó.

Agregó que es autor aquel a quien puede imputarse objetivamente el hecho como suyo, como propio, no sólo es autor el ejecutor material individual, sino al autor mediato, que lo define como quien realiza el hecho utilizando a otro como instrumento.

Moller dijo que la responsabilidad del Ministerio de Defensa como jerarca directo de las tres Armas y de la Policía. Explicó que los operativos eran responsabilidad del titular de esa cartera, general Magnani como se desprende del llamado a sala que el Senado hizo al ministro al día siguiente al incidente. Pero —afirmó— Magnani falleció en 1987 y la muerte extingue el delito.

Con ese mismo argumento, el juez Vomero entendió que el fiscal no reparó en que por encima del Ministerio estaba el mandatario y decidió citarlo para que explique qué ocurrió aquel día.

Moller entendió que en el caso no se aplica ni la ley de Caducidad, ni la prescripción.

En el primer caso explicó que la ley rige a partir de la caída de las instituciones, el 27 de junio de 1973, mientras que el incidente ocurrió todavía en el período democrático.

Con respecto a la prescripción, consideró que el artículo 117 del Código Penal determina que si la pena máxima fijada por la ley para castigar un delito es de 30 años, el ilícito prescribe a los 20 años de cometido.

En ese sentido compartió el argumento de los familiares de los militantes fallecidos, que se remitieron al Código General del Proceso en cuanto a que «al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese».

REAPERTURA. El caso fue reabierto por Vomero en noviembre de 2002 luego de que los familiares de Asesinados Políticos, reclamaron indagar la responsabilidad de Bordaberry como «coautor».

Por esta causa declararon varios militares y policías retirados que participaron en el operativo. Vomero solicitó la investigación realizada por la justicia militar así como informes técnicos y médicos elaborados sobre el incidente.

También declaró la secretaria general del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y senadora, Marina Arismendi.

Cronologia

Después de la famosa fuga de la cárcel de Punta Carretas que protagonizaron los tupamaros en setiembre de 1971, el entonces presidente Jorge Pacheco Areco resolvió, mediante el decreto 566/971, «que los mandos militares del Ministerio de Defensa asuman la conducción de la lucha antisubversiva».

En ese contexto se produjo el incidente el 17 de abril de 1972 por el que murieron ocho comunistas y un militar. Desde filas comunistas se dijo que fueron cruelmente asesinados por efectivos militares y motivó una denuncia legislativa del entonces diputado comunista Jaime Pérez.

El ex granadero Julio Stella declaró a la prensa en 1996 que un supuesto juez militar acudió al lugar en horas de la madrugada y lanzó una granada al interior del local del Partido Comunista, ordenando después al personal policial el cambio de las armas.

Sin embargo, las Fuerzas Conjuntas informaron que los efectivos militares habían sido atacados desde el interior del club, por lo que «se conminó por medio de megáfonos a los ocupantes de la finca a salir y entregarse».

El expediente fue archivado en octubre de 2001 y reabierto en junio de 2002 cuando los familiares de asesinados políticos presentaron una ampliación de denuncia, que contó con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Pit—Cnt y de más de cien firmas de senadores, diputados, sindicalistas, etc.

Los militares rechazaron la citación judicial de Vomero por el caso. El entonces subsecretario de Defensa, Roberto Yavarone dijo que los militares no deberían persentarse a decalrar porque el episodio está comprendido dentro de la ley de Caducidad. Pero el fiscal y el juez entienden que no porque ocurrió previó al período de facto.

El 19 de noviembre pasado, los familiares presentaron otra denuncia ante la Suprema Corte de Justicia contra Bordaberry por violación de la Constitución, responsabilizándolo por el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

El material presentado por los familares que son patrocinados por la abogada Hebe Martínez Burlé, está circulando entre los ministros de la Suprema Corte para que expresen su opinión.