Brasil jugará fuerte contra el crimen

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva saldrá a jugar fuerte contra la criminalidad, en un país donde el gatillo fácil se ha cobrado cientos de miles de vidas. El mandatario aprobó ayer un millonario plan, en el que se invertirán US$ 2.526 millones y que incluirá la capacitación policial, que tendrá por objetivo reforzar la seguridad pública y reducir los crímenes en las 11 regiones más violentas de Brasil.
El Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (Pronasci) fue aprobado el lunes por la noche y entrará en vigor el 1° de agosto.

El número de homicidios en Brasil experimentó un crecimiento de 48,4% entre 1994 (32.603) y 2004 (48.374), muy superior al crecimiento de la población de 16,5% en ese período, según el Mapa de la Violencia divulgado por la OEA.

En 2005 hubo en todo el país 55.312 crímenes violentos intencionales, o sea 30 casos cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Ministerio de Justicia. Los mayores índices se registraron en Rio de Janeiro (61,5 cada 100.000 habitantes), Pernambuco (58,2) y Paraná (57,4). La ola de violencia causa estragos en la juventud, con 125,2 asesinatos cada 100.000 jóvenes de 15 a 24 años. En Río, ese promedio llega a 227,4.

El programa prevé la participación de 15 ministerios para integrar a los diversos cuerpos policiales subordinados a los gobiernos de cada uno de los 27 estados. Además, el plan pretende subir los salarios de los cuerpos policiales y construir 187 correccionales juveniles, aparte de una labor de prevención e integración.

La violencia se convirtió en una de las mayores preocupaciones de la población –de acuerdo con las encuestas de opinión–, sacudida en los últimos años por acciones de bandas de narcotraficantes que paralizaron San Pablo –la principal ciudad del país– u organizaron ataques contra fuerzas de seguridad en Río.

Al iniciar su segundo mandato en enero, Lula comparó la acción de esas bandas a la de grupos “terroristas”.

Todos los fondos del plan son del gobierno federal, en un ambicioso programa que también incluye ofrecer cursos de alfabetización y de profesionalización para jóvenes prisioneros de 15 a 29 años, una franja de edad que conforma el 65% de los 400.000 reclusos que hay en Brasil. (AFP y AP)