Buscan evitar inflación de 10% por medios técnicos y políticos.

POR CLAUDIO ROMANOFF DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR

La preocupación exhibida por el gobierno ante precios que considera abusivos para los consumidores tiene otra cara y otro objetivo económico y político: evitar que la inflación –medida en los últimos 12 meses– llegue a los dos dígitos.
Esa circunstancia, peligrosamente cercana luego que el Índice de Precios al Consumo (IPC) llegara a 9,19% el año pasado, supondría encender una máquina infernal que alimentaría a la propia inflación. Ese fenómeno es la indexación de precios y salarios y consiste en aumentar la periodicidad del ajuste de los ingresos de acuerdo a la variación del IPC, lo que alimenta a la inflación. Así se genera un círculo vicioso difícil de romper.

Y el crecimiento sostenido de los precios, además de perjudicar a los asalariados con ingresos fijos –que pierden poder de compra entre los períodos de ajuste– genera incertidumbre en los agentes económicos ante las dificultades que surgen para realizar previsiones.

La barrera. La línea roja es el 10% y no es una cifra antojadiza. Superada esa barrera, los ajustes salariales para los empleados públicos automáticamente pasan a ser semestrales. Y a nivel privado es posible que los sindicatos se vean tentados a invocar una cláusula especial que permite revisar los convenios salariales en caso de variaciones económicas que toman en cuenta diversos indicadores, entre ellos la inflación. Y toda la discusión, con tensiones incluidas, cae justo en año electoral.

Frente a la amenaza de una disparada de los precios el gobierno reaccionó en dos planos, uno político y otro técnico.

El presidente Tabaré Vázquez viene manifestando desde hace dos semanas preocupación por la evolución de los precios domésticos de los alimentos, que a su juicio no se acompasan a la caída generalizada de los valores internacionales. Esa tónica surgió en el último consejo de ministros realizado en diciembre, luego que Vázquez recibiera un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Allí se establece que la caída de los precios no se reflejó en los valores de los productos a nivel local.

El presidente reiteró esa visión el lunes pasado durante un encuentro con ministros para adoptar medidas contra la sequía, y se refirió en especial al precio de la carne, pese a que cifras oficiales revelan que la mayoría de los cortes evolucionaron por debajo de la inflación (ver página 4).

Pero fue su hermano, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, quien amenazó con medidas a los supuestos especuladores –la industria frigorífica, aparentemente– de la misma forma que lo había hecho el ex ministro de Ganadería, José Mujica.

Mientras se estudia el llamado Plan Conserva para facilitar la faena de ganado flaco con destino a hamburguesas y corned beef a bajo precio, el gobierno se apresta a retomar el diálogo con la industria cárnica sobre los valores de los cortes. Del mismo modo, el Poder Ejecutivo adoptará medidas para contener el alza de los productos hortícolas, cuyo precio subió como consecuencia de la sequía.

Tasas y dólar. Mientras desde la esfera política se busca a los especuladores, el Banco Central del Uruguay adoptó una medida de carácter monetario. Subió la tasa de interés para los préstamos entre bancos al 10%, lo que supone encarecer el crédito en la economía y –más importante en el mercado uruguayo– frenar la tendencia del público que venía pasándose de pesos a dólares. La suba de tasas favorece la disminución de la cantidad de dinero en la plaza y permite contener, así, el alza de los precios.

Con esa decisión el BCU volvió a enfocar su política de combate a la inflación, que se había aflojado en los últimos meses de 2008 luego de la caída de los precios internacionales de los alimentos y el petróleo, así como de la inflación internacional. Entonces la autoridad monetaria fue receptiva a la apreciación del dólar a nivel mundial –un fenómeno psicológico de inversores que vieron en la moneda estadounidense un refugio– y favoreció un aumento local de la cotización del dólar. Con ello buscó aumentar la competitividad de los productos exportables y compensar de alguna forma la caída en los precios internacionales.

Pero ahora, el aumento de el tasa de interés supuso desandar los últimos pasos. Los instrumentos de inversión en pesos y Unidades Indexadas se volvieron, otra vez, más atractivos que los nominados en dólares. Entonces, los bancos y el público comenzaron a vender los dólares para pasarse a pesos, lo cual hizo bajar la cotización del billete verde, algo que se traducirá en baja de costos (ver página 10). Las medidas también tendrán repercusión a la baja en la actividad económica y el empleo, según analistas privados. Pero la prioridad es sujetar este año la inflación entre el 3% y el 7%.