Buscarán acotar impacto de subir tope a encomiendas en industrias.

En 2001, en medio de la crisis económica, el gobierno de Jorge Batlle, aprobó un decreto que topeó en US$ 50 las encomiendas que llegaban desde el exterior sin pagar impuestos ante el crecimiento que habían tenido las adquisiciones de prendas de vestir y otros artículos en otros países aprovechando el dólar barato, lo que perjudicaba a las industrias locales.

Pero la decisión de incrementar los montos ahora se debe a otros motivos. Fuentes oficiales dijeron a El País que uno de ellos es que el aumento forma parte del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA), que tiene el país con Estados Unidos en el que un punto a desarrollar era el comercio electrónico. Además, explicaron que esta medida obedece a una «actualización» de la variación del tipo de cambio.

El artículo 260 de la Rendición de Cuentas que envió el Ejecutivo al Parlamento sostiene que: «Las encomiendas postales internacionales de entrega expresa, cuyo peso unitario no exceda los 20 kilogramos y de un valor equivalente en moneda nacional de hasta US$ 200, con excepción de aquellas que contengan productos gravados por el Impuesto Específico Interno (Imesi) estarán exentas del pago de tributos que graven las importaciones, exportaciones y el tránsito, así como el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El régimen tributario previsto en el párrafo anterior, se aplica respecto de las encomiendas postales internacionales de entrega expresa, que se tramiten en condiciones normales, de conformidad con lo que dispongan las normas reglamentarias dictadas por el Poder Ejecutivo».

Precisamente, sobre este último punto las fuentes adelantaron que la reglamentación intentará que el impacto de esta medida sobre la industria local «sea el menos dañino posible». Aunque, reconocieron que para el caso de la vestimenta esta nueva disposición puede transformarse en «un problema».

De hecho, actualmente hay empresas en el exterior que ofrecen importar productos comerciales a tarifas accesibles para los consumidores locales.

La reglamentación que elaborará el Ejecutivo hará hincapié en «evitar cualquier tipo de comercialización» de la mercadería que pueda ser importada de terceros países por un valor inferior a los US$ 200.

El tema ya está previsto que se analice el lunes próximo en la Cámara de Comercio y Servicios cuando asuman las nuevas autoridades. El secretario ejecutivo de la Cámara del Calzado de Uruguay, Daniel Tournier, dijo a El País que «espera que esta medida no alcance» a su sector porque sería «agregar un nuevo problema» sobre la industria local. Agregó que si la iniciativa rige para todos los países, una persona podría traer 40 pares de zapatos desde China sin pagar impuesto, ya que hoy el promedio de importación de este producto ronda los US$ 5.

Actualmente, los importadores mayoristas de calzado pagan entre un 25% y 35% de arancel para mercadería que proviene fuera del Mercosur.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de la Vestimenta, Elbio Fuscaldo, señaló a El País que su gremial hace tiempo viene reclamando que se eleve el tope de US$ 50 porque muchas industrias locales utilizan encomiendas para incorporar insumos pequeños para sus prendas ya que el trámite de Admisión Temporaria muchas veces lleva más tiempo y demanda más costos para el gobierno y los importadores.

No obstante, el empresario se mostró cauto por el impacto que podría tener esta medida si se aplica libremente a todas las encomiendas que llegan desde el exterior. «La vestimenta estaba reclamando un régimen especial sólo para su sector», dijo.

En tanto, el despachante de Aduanas, Mario Montemuiño, comentó a El País que esta medida «es una competencia desleal para el comerciante que está instalado porque no es un problema que sean US$ 200 nada más, es que son muchas veces de US$ 200. Entonces, el comerciante instalado paga sus impuestos en plaza, paga sus impuestos de importación para mercadería y aporta todo aquello que tiene que ver con la formalidad que exige el país».

Agregó que el hecho de permitir que se pueda comprar a otro comerciante instalado en el exterior que aporta a las arcas de otro Estado y que ingrese al país solamente por un particular, está haciendo que ese particular no vaya a alguno de los comercios instalados en plaza.

«El problema mayor está en que no hay un control efectivo de los valores de lo que ingresa. Si el particular trae en la encomienda un notebook, pero declara que vale US$ 10, pasa de largo. No vale que haya un límite de US$ 200 o de US$ 100», advirtió Montemuiño.