Cada vez más fiscalizan cruzando datos DGI .

«La información que maneja la Dirección General Impositiva (DGI) se adquiere a través de las facultades que le otorga el Código Tributario. Esas bases de datos son conformadas por la propia DGI de acuerdo a relevamientos en distintas actuaciones y en pedidos de información a empresas», dijo a El País el ex director general de Rentas, Nelson Hernández.El jerarca, que ahora se desempeña en la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, dijo que parte de la información de la que dispone el Fisco es propia, por declaraciones juradas de tributos como el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Otras son bases solicitadas a terceros que pertenezcan a actividades vinculadas a la liquidación de impuestos. También cuenta con datos de los registros públicos, como los de catastro, el Banco de Previsión Social, registros sobre compraventa de vehículos, entre otros.Al haber introducido el IRPF en la reforma tributaria de 2007 surgieron nuevas vías por las que el Fisco busca comprobar que sus contribuyentes estén declarando sus rentas de trabajo y/o capital en forma debida. Para fiscalizarlo, el año pasado la DGI comenzó a realizar pedidos de información a automotoras e inmobiliarias sobre ventas de bienes considerados suntuarios, que según entiende son fuentes de «capacidad contributiva», esto es cuánto podrían pagar de tributos.Este año se sumaron las marinas de yates y colegios privados de «alto nivel de cuota». El Fisco contrasta los datos sobre las personas que compran esos bienes o servicios con sus declaraciones juradas de IRPF o de Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) en busca de «inconsistencias».El actual director general de Rentas, Pablo Ferreri, también anunció que se obtendrán datos del Clearing de Informes, la Dirección Nacional de Aduanas y el Instituto Nacional de Estadística. Esto despertó críticas incluso de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.Algunos de los cuestionamientos sobre los pedidos de datos afirman que la DGI no está respetando el derecho a la intimidad de las personas y a la protección de sus datos. Ferreri dijo varias veces en las últimas semanas que el Fisco necesita obtener esa información para cumplir con su función fiscalizadora. El jueves, anunció que los pedidos a marinas de yates, 40 automotoras, 20 inmobiliarias y constructoras revelaron 40% de «inconsistencias». Las personas que están en ese grupo serán citadas por la DGI para que den una explicación.El abogado Leonardo Costa, del estudio Brum Costa Abogados, dijo a El País que estos mecanismos transmiten «la percepción de que la administración está haciendo su trabajo y mirando indicios de capacidad contributiva». Pero advirtió que esas inconsistencias «no son una prueba irrefutable» y que el contribuyente debe saber que tiene la posibilidad de discutirlo y defenderse.En igual línea opinó el abogado Alberto Varela, socio del estudio Ferrere Abogados. «La gente piensa que cuatro de cada 10 fueron defraudadores, pero eso no es así», dijo a El País. El experto indicó que este mecanismo «es una forma de hacer sentir a posibles evasores la vulnerablidad de su situación». Sin embargo, Varela estimó que las conclusiones a las que la DGI puede llegar cruzando los datos no siempre tienen sentido y brindó algunos ejemplos. «Alguien se puede comprar un auto de US$ 40.000 y que lo haya hecho con dinero que tenía en el exterior que no están gravados. O un japonés se viene a vivir a Uruguay al jubilarse y se compra una casa, pero como sus activos están en su país no tiene declaración de impuesto a la renta», explicó.