Cámara de Comercio propuso medidas a los candidatos presidenciales.

Las fórmulas presidenciales que se disputarán el balotaje se reunieron con la Cámara de Comercio (CNCS), la que les entregó una seria dé propuestas para el momento en que sean gobierno, algunas de las cuales pueden ser leídas como una crítica directa a la relación existente con la actual administración. Los primeros en recibir las propuestas fueron los representantes del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga, quienes dentro de su programa de gobierno contienen varios de los aspectos reclamados por parte de la gremial, como la apertura del capital accionario de las empresas públicas en la Bolsa de Valores, la liberalización en la generación de energía, y una postura comercial que contemple la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC). En tanto la fórmula frenteamplista recibió los planteos de la gremial coincidiendo en algunos aspectos, como en la Reforma del Estado, pero marcando claras diferencias de postura en materia laboral Astori aseguró que se ha buscado «equilibrar» el funcionamiento de las relaciones laborales, asegurando que «el país había perdido esa equidad y por lo tanto era necesario trabajar por ello». Si bien aseguró que el tema es discutible, reivindicó que a su juicio los resultados han sido positivos y para ello puso como ejemplo que en el 90% de los casos hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores.

Propuestas

Uno de los puntos centrales solicitados por la Cncs refirió a la regulación del mercado de trabajo, asegurando qué en esta administración «se han aprobado más de cuarenta normas en materia laboral», opinando que estas «consagran un marcado desequilibrio en favor de los sindicatos». El comunicado advierte que desde el sector empresarial se solicitó al gobierno «una normativa coherente», que incluya a los sindicatos, los conflictos (huelga, ocupaciones) y la negociación colectiva, y se propuso «analizar, en un ámbito adecuado de diálogo la modificación de alguna de sus disposiciones y su reglamentación», poniendo el énfasis en «la regulación de la huelga» mediante una intervención «equilibrada del Estado para garantizar la libertad de empresa y de trabajo». En lo que respecta a la «Reforma del Estado» se explica que los empresarios tienen el deber de capacitarse para un mundo pleno de desafíos y cambios, y que es necesaria la contribución del sector público para que «ajuste sus tiempos de decisión a los del sector privado y cambiando la mentalidad de la mayor parte de los funcionarios de las dependencias estatales». Para ello se recomendó seguir las reformas que fueron adoptadas por Nueva Zelanda, algunas que ya se han adoptado con «éxito» en Uruguay, como las implementadas para la aplicación de promoción de inversiones: silencio positivo, transparencia en el seguimiento del trámite y auditorías posteriores.
También se recomendó la aprobación de una «regla fiscal» que permita «poner un tope al crecimiento del gasto público más allá de la fase del ciclo económico que se esté viviendo y de esta manera se podría generar ahorro fiscal en épocas de bonanza». Para ello se asegura que es necesario realizar «un acuerdo político más amplio», sostuvo la gremial.
A su vez, se busca promover la apertura del capital accionario de las empresas públicas, para que coticen en la Bolsa de Valores, con «tenedores atomizados de tal forma de promover el mercado de capitales al tiempo de mejorar el gobierno corporativo de estas empresas». En materia de inserción internacional, se solicitó la aplicación de una política de integración con el mundo más activa» y bajo la promoción de la firma de tratados de Libre Comercio, incluyendo uno con Estados Unidos.
Asimismo se enfatizó en la necesidad de liberar la generación de energía y la importación de combustible refinado como paso inicial a mejorar la matriz energética nacional.