Comerciantes de Canelones acosaron a inspectores de DGI

Unos 250 comerciantes de Canelones cerraron sus comercios y acosaron ayer a 40 inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI). Mientras tanto, en Florida, alrededor de 300 empresarios dejaron de atender sus negocios y marcharon por el centro de la ciudad en protesta por las inspecciones del mismo organismo.

En la capital canaria, los comerciantes concurrieron a los comercios que estaban siendo inspeccionados y, con cánticos y palmas, solicitaron a los inspectores que se retiraran de la ciudad.

Julio Teixeidor, contador de la Asociación de Comerciantes de Canelones, dijo a El País que la gremial reclama el control de la DGI al informalismo, ya que los inspectores «siempre inspeccionan» a los comercios legalmente establecidos.

En la tarde de ayer, representantes de la Asociación Comercial y de los inspectores de la DGI se reunieron para analizar la situación.

Durante el encuentro, los directivos de la gremial plantearon que «no es buena» la situación del comercio de Canelones.

«A la crisis existente, se le suma el cierre de numerosas fábricas y el atraso de tres meses que tiene la intendencia con su personal», sostuvieron los empresarios.

Teixeidor explicó que el Estado causa un impacto elevado en el consumo, ya que los impuestos representan un 27% de los costos. En los cuerpos inspectivos de Impostiva, afirmó, se encontraban profesionales recientemente contratados por dicha repartición pública mediante el sistema de arrendamientos de obras.

Al cierre de esta edición, los comerciantes se reunían en asamblea para definir qué medidas iban a adoptar por estas inspecciones.

INOPORTUNAS. En Florida, en tanto, bajo una intensa lluvia unos trescientos comerciantes de esta ciudad protestaron ante inspecciones que la DGI viene desarrollando en el interior del país.

En una proclama, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Florida, Carlos Galozzo calificó las inspecciones de «inoportunas» por el momento crítico que viven los comerciantes en general por la recesión. «Nos hemos cansado de reclamar a la DGI, el BPS, a Aduanas y cuanta autoridad corresponda, por el comercio informal y el contrabando que se lleva la plata de Florida. No hemos encontrado respuesta», afirmó.

Sólo en Florida se estima en 1.200 los comercios instalados legalmente. Representan unos 45% de los trabajadores ocupados en esta ciudad y un 76 % de los actuales aportes a la DGI y BPS.

«Seguimos siendo el principal sustento de un Estado burocrático , costoso, lento, ineficaz, que no se ha descentralizado, sin información para lograr un adecuado control», puntualizó Galozo.

Un afiche que los comerciantes pegaron en sus puertas dice: «Señores, no es el momento de inspecciones».

Manifestaron su voluntad de cumplir con sus obligaciones, aunque con las reglas «claras, parámetros establecidos e igualdad de condiciones. Sin contrabando, sin el informalismo que crece y no siendo siempre el comercio legal la mira en materia de recaudaciones». (Corresponsales en Canelones y Florida)