Comerciantes señalan preocupación por cobro de los derechos específicos a bienes argentinos

Una de las voces más autorizadas de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, puso un llamado de atención en el horizonte económico del gobierno.
La preocupación quedó en evidencia en una nota redactada por la económica principal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (Cncs), Dolores Benavente, colocada en el último boletín electrónico de la entidad gremial.
En una nota titulada ‘Ante las nuevas medidas argentinas’, publicada en el boletín # 14 de la entidad, Benavente señaló que el gobierno uruguayo debía desmantelar los derechos específicos que se cobran a los productos importados, debido al grave impacto que su cobre tiene sobre el bolsillo de los consumidores locales.
La economista recordó que en enero pasado e! l gobierno argentino comunicó a Uruguay que había eliminado ‘el reintegro de IVA a los artículos producidos en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan’, solicitando simultáneamente a Montevideo, que levantara los derechos específicos implantados para la importación de determinados productos de factura argentina.
‘La reciente historia de protección extra-arancelaria a través de derechos de importación ha significado, a nuestro juicio, un retroceso en el camino de apertura comercial encarado por el país desde hace casi 30 años’, señaló.
Para Benavente, ese tipo de instrumentos ‘han incidido negativamente en el bienestar de los consumidores uruguayos, justamente en un momento en que el desempleo, la caída del salario real y el aumento de los impuestos le habían menguado buena parte de su poder adquisitivo’.
Según dijo, la protección comercial en el país se hace efectiva a través dé decretos, resoluciones y órdenes de la aduana, encareciendo en exceso! una gran cantidad de bienes de consumo con gran incidencia en la canasta familiar.
La nota enumeró una serie de productos de origen extranjero afectados por el cobro de derechos específicos, e impactados por fuertes aumentos en sus precios al consumidor.
Entre los productos señalados, indicó a los artículos de confitería y cacao, el chocolate y preparados que contengan cacao, las preparaciones y mezclas para productos de panadería, mayonesa, polvos para preparar budines, helados y gelatinas, aceite de soja, girasol, maíz, y pasta alimenticia.
También contabilizó entre esos bienes, pinturas y barnices, champúes, jabón, detergentes, artículos de
plástico, papel higiénico, aparatos de corte, electricidad e iluminación, entre otros.
‘Un reciente estudio de la Cámara de Comercio divulgado en la prensa, señalaba la relación directa entre la protección a estos productos y el crecimiento de sus precios’, señaló.
Pero sostuvo que ‘afortunadamente’ a finales del año! el Ministerio de Economía y Finanzas ‘no prorrogó la vigencia de la mayor parte de los derechos de importación, dejando solamente algunos productos básicamente relacionados con la particular situación de algunas provincias argentinas’.
Benavente dijo estar esperanzada el que el anuncio del gobierno argentino por el cual se eliminó el régimen de especial protección de que gozaban las cuatro provincias -Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan- ‘lleve a una rápida eliminación de los derechos específicos remanentes en nuestro sistema, que tan distorsionantes han resultado y tanto han perjudicado al consumidor uruguayo’.

MEDIDA ARGENTINA

A fines de enero, el gobierno argentino desmanteló una serie de beneficios fiscales otorgados a cuatro provincias, y demandó a Uruguay un correlato, eliminando las trabas sostenidas por Montevideo a una determinada cantidad de productos de ese origen.
El 30 de enero, el secretario de Industria argentino, José Dumont, remitió! al ministro de Industria uruguayo, José Villar, una nota comunicándole la eliminación del beneficio que había desatado una controversia comercial entre ambos países.
Pero luego de anunciar la eliminación de los reintegro de IVA a los artículos producidos en esas cuatro provincias, solicitó que el gobierno uruguayo eliminara los derechos específicos de importación que aplica a los productos argentinos elaborados en las provincias de San Luís, San Juan, Catamarca y La Rioja.