Comercio arremeterá por decreto sobre ocupaciones

POR ERNESTO ALAZRAKI DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR

Mientras la ausencia de entendimiento sobre la instrumentación de las licencias sindicales impide la concreción de acuerdos en los Consejos de Salarios, en la Cámara de Comercio (CNCS) se evalúa exigir al gobierno la derogación del decreto de prevención de conflictos como “condición previa” para discutir una ley de negociación colectiva.
En el marco de un encuentro para analizar la marcha de las negociaciones salariales y la evolución global de las relaciones laborales, 96 integrantes de gremiales asociadas a la CNCS intercambiaron ayer información sobre los avances y escollos que se registran en los 44 subgrupos en que se negocia.

Sobre el punto, el asesor de la Cámara, Juan Mailhos, informó a El Observador que “al cabo de cinco meses” de reuniones y consultas, proceso que definió como “extenuante”, se vislumbran “posibilidades de acuerdo en el 50%” de esos 44 ámbitos. Pero precisó que “en casi todos” los otros 22 subgrupos integrados por la CNCS, donde no hay perspectiva de acuerdo salarial, la principal dificultad está dada por “las licencias sindicales”.

Fuentes de la gremial empresarial señalaron que hasta ayer, la CNCS había firmado 12 convenios colectivos y concertado 11 “preacuerdos”, al tiempo que aún negocia “en 17” subgrupos y se encuentra “sin acuerdo” a la vista en otros tres.

Además, recordó que en la segunda ronda de Consejos de Salarios los gremios de trabajadores presentaron “reivindicaciones mayores” a las expresadas en 2005: “a mayor reivindicación, menor posibilidad de acuerdo”, valoró Mailhos.

Ello tiene como consecuencia directa que ese mecanismo tripartito “se ha desvirtuado” respecto a las competencias asignadas por la ley de 1943, opinó.

Acerca de las horas gremiales, el asesor puntualizó que la Cámara aspira a que “se asignen a determinado número de dirigentes y no a todos”, y que la identidad de los usufructuarios de las mismas “sea comunicada con antelación a la empresa” correspondiente “y al Poder Ejecutivo”.

En la tradicional Cámara, nacida en el siglo XIX, también consideran que la utilización de las licencias sindicales debería ser precedida por “un preaviso” que evite afectaciones sobre la organización del trabajo en las firmas, manifestó Mailhos. También adelantó una negativa a que las empresas financien las horas gremiales de los dirigentes nacionales de cada rama de actividad. “Razones del más mínimo sentido común indican que una parte no le puede estar pagando el salario a la contraparte con la que se sienta a negociar”, enfatizó.


Derogar ahora. El vocero patronal expresó que el de las licencias sindicales es un tema cuya discusión debería formar parte de la futura ley de negociación colectiva que el gobierno quiere consensuar con los actores implicados en la relación capital-trabajo. Pero nada será sencillo porque el sector empresarial no renuncia a una “demanda permanente: la derogación del decreto” vigente de prevención de conflictos emitido en verano por el Poder Ejecutivo.

Esa norma, evaluó Mailhos, es repudiada por la mayor parte del ámbito empresarial debido a que “asimila las ocupaciones” de empresas y lugares de trabajo del sector privado “a una modalidad del derecho de huelga”, visión ubicada en las antípodas de las convicciones prevalecientes en casi todas las cámaras.

Especificando que se trata de “una opinión personal”, Mailhos definió que “ver ese decreto derogado” representaría una “condición previa” de la CNCS para sumarse a los debates sobre una futura ley de negociación colectiva.

Asimismo pidió que el “pensamiento del sector tiene que verse plasmado” en los proyectos laborales oficiales en curso, dado que es “un actor importante” y que un “verdadero consenso” es el único antídoto contra eventuales “disfuciones del sistema” de relaciones obrero-patronales.