Comercio pide límites para las ocupaciones en sector privado.

«HAY QUE endurecer el rumbo y ajustar conductas al Derecho, que está para aplicarse. Se le pasa por arriba a los derechos, no hay un respeto por los derechos del otro y se privilegian algunos intereses corporativos», dijo el abogado laboralista Nelson Larrañaga, durante el foro organizado ayer por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (Cncs), que reclamó al gobierno la regulación única de la ocupación de los lugares de trabajo.
Durante el encuentro, los juristas participantes coincidieron en que existe desigualdad en el tratamiento que el Ejecutivo da al tema en la actividad privada, respecto al sector público. Si bien se valoró que el decreto firmado la semana pasada por el presidente José Mujica «es un primer paso para poner límite a las ocupaciones» que se considera son ilegítimas, se criticó que al Ejecutivo «le cueste decir» que la medida no está dentro del derecho de huelga. «Tienen que animarse a hacer lo mismo en el sector privado. El gobierno tiene facultades legales para desocupar los lugares de trabajo y tiene que animarse a hacerlo. No es un tema de voluntarismo, es un tema de Derecho», manifestó Larrañaga.
Durante la exposición, se remarcó que el dictamen dado en febrero de 2010 por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se considera un avance que separó el ejercicio del derecho de huelga de la ocupación, y que pidió al gobierno que garantizara el respeto de la libertad de trabajo de los no huelguistas y de los empresarios a ingresar a sus instalaciones. Sin embargo, se hizo hincapié en que el gobierno «no interviene» y deja el tema en manos de la Justicia. «Quien está obligado a garantizar el libre ejercicio de los derechos, por un lado es la Justicia, pero también la Policía y se nos dice: ¡qué difícil que intervenga la Policía! Eso está en la ley 13.963», dijo Larrañaga.
En referencia al decreto 165/2006 vigente para el sector privado, se indicó que la desocupación con intervención de la Policía es «casi inexistente» porque sólo se prevé en caso que estén involucrados los servicios esenciales. Por su parte, el especialista en derecho administrativo Augusto Duran afirmó que es incorrecto que la resolución se restrinja al sector público. Consideró que es «irracional», «discriminatorio» y que «desconoce el principio de igualdad». Además, remarcó que la huelga es un «no hacer», mientras que la ocupación es una «acción positiva».
En tanto, el abogado laboral Eduardo Ameglio sostuvo que el decreto vigente para el sector privado «fomenta las ocupaciones» y las «resuelve mal» porque son los trabajadores no huelguistas los que tienen que recurrir al juez para que ordene la desocupación. En referencia a la disposición que rige para el sector público, dijo que su justificación es «cantinflesca». «¿Por qué frente a un mismo fenómeno se dan dos soluciones? Este decreto prohíbe la ocupación en el sector público y no hay negociación. En el otro dice que hay que seguir negociando. Son soluciones contrarias», dijo Ameglio.