Conflicto paraliza las plantas y la mitad de la flota pesquera

El sector pesquero no tiene hoy convenio colectivo porque fue «denunciado» por el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma). Los trabajadores están «en asamblea» desde el lunes pasado y reclaman al Ministerio de Trabajo que convoque en forma urgente a una negociación para «rediscutir» las condiciones salariales. En cambio, la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) considera que se trata de un «conflicto político», que tendrá «insospechadas consecuencias» para el país.

Hay más de 1.600 trabajadores afectados por la situación: unos 450 trabajan directamente en los 45 barcos detenidos y más de 1.200 en cinco plantas que ya no reciben mercadería. «Esta semana se acaba el pescado y las cinco plantas pararán en el correr de los próximos días», dijo a El País una fuente empresarial de la pesca.

Hoy solo navega el 50% de los barcos: se trata de 50 embarcaciones que pertenecen a otra cámara pesquera, cuyas empresas no firmaron convenio colectivo y los trabajadores igual salieron al mar. Los otros 45 barcos, pertenecientes a la CAPU, están en puerto: son 33 barcos que pescan básicamente corvina en la costa y unos doce barcos (de media altura y de altura) que capturan más que nada merluza.

Una de las consecuencias del conflicto es que en el mercado interno empezará a escasear pescado a partir de la paralización de las plantas y, por lo tanto, la pesca artesanal (que captura unas 8.000 toneladas por año) subirá los precios porque hay menos oferta, dijeron las fuentes. Los efectos se verán en unos quince días.

Pero la principal consecuencia negativa se centrará en las exportaciones, ya que el 90% del pescado que capturan estas empresas es para el exterior. La cámara también advierte que se perderán cupos frente a Argentina el próximo año, además de mercados en varios países. «Mientras Uruguay no pesque, Argentina sí lo hará», dijeron altas fuentes de la CAPU.

SITUACIÓN. «El sindicato de trabajadores del mar ha colocado a todo el sector, y al Uruguay en su conjunto, al borde de un conflicto de insospechadas consecuencias», sostiene la cámara empresarial.

Los trabajadores están «en asamblea» hasta que se renegocien las condiciones. «Nadie puede salir al mar mientras no haya reglas de juego claras. No se puede salir porque caducaron los convenios colectivos», explicó a El País el sindicalista José Franco, del Suntma.

El convenio colectivo de la pesca se prorroga automáticamente una vez por año si ninguna de las partes lo denuncia con 90 días de antelación. «Pero nosotros lo denunciamos porque hace 12 años que tenemos los salarios congelados», se quejó Franco. Así, el sector se quedó sin convenio y, mientras tanto, los barcos no salen del puerto. El Suntma se mantendrá firme hasta que no se instale un ámbito de negociación. «Hay que aumentar el salario y entonces los porcentajes serán parte de la discusión», declaró Franco. Los empresarios dicen que el gremio reclama un aumento de 150% en sus «sueldos en dólares», lo cual es rechazado por los obreros. «Que vengan, se sienten y demuestren que lo que pedimos es una barbaridad», dijo Franco.

El sindicalista recordó que en 2005 la exportación de productos de la pesca llegó a cerca de U$S 144 millones y U$S 177 millones en 2006, según las estadísticas de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara). «Bajó la pesca pero la mayor ganancia se ha obtenido por una mejora en los precios a nivel internacional. Hubo un crecimiento en la exportación y todo eso se lo embolsaron los armadores. Y el trabajador, producto de la disminución de los recursos, trabajó menos: tuvo más días en la mar, trajo menos pescado y ganó menos. Queremos revisar eso», afirmó Franco.

ATAQUE. La posición empresarial es dura. La CAPU afirma que los trabajadores del mar «perciben su sueldo en dólares y tienen beneficios que el común de los trabajadores uruguayos ni siquiera imagina».

«El sindicato reclama que las empresas se hagan cargo del atraso cambiario que los trabajadores, por ganar en dólares, dicen estar padeciendo. Y además nos demandan que absorbamos el impacto que en estos trabajadores va a tener el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que implementará el gobierno», dijeron altas fuentes de la cámara.

La gremial empresarial entiende, además, que es momento de que la sociedad «conozca los beneficios que disfrutan estos obreros, que paralizan la flota pesquera, que ponen a las empresas en una situación extremadamente delicada y que van a perjudicar al país».

El choque entre las empresas y el sindicato es muy fuerte y no parece haber una rápida solución. Se trata de un sector donde los conflictos se han sucedido una y otra vez en el correr de los últimos años, con complicadas negociaciones en los consejos de salarios. De hecho, el Suntma afirma que el último convenio salarial, votado por la patronal junto al Poder Ejecutivo el año pasado, es inaplicable. «Nosotros lo votamos en contra y la vida nos dio la razón: es una chapuza desde el punto de vista jurídico. Nadie lo aplicó», indicó Franco.