Congreso de EEUU interesado en negociar TLC con Uruguay

Esa iniciativa fue el fruto de intensas gestiones emprendidas por el gobierno uruguayo bajo la administración del presidente Jorge Batlle, que no llegaron a iniciar una negociacion de un TLC por la oposición de Argentina y Brasil.

El proyecto de ley (bill) fue presentado por ocho senadores republicanos y dos demócratas, de los cuales la mayoría hoy continúan en sus cargos. Sólo dos senadores no fueron elegidos por un nuevo período. La iniciativa legislativa responde a un intenso trabajo de lobby del gobierno uruguayo, que se frenó por la situación regional y la crisis financiera.

El proyecto, al que accedió Ultimas Noticias, propone «autorizar la negociación de un tratado de libre comercio con Uruguay» y está dividido en cuatro capítulos.

En uno de ellos, los legisladores establecen una serie de consideraciones generales sobre los beneficios para las naciones del libre comercio. «El crecimiento económico en los EEUU ha sido considerablemente fortalecido por los acuerdos bilaterales para bajar las barreras para las exportaciones de Estados Unidos».

«Los acuerdos de libre comercio facilitan el crecimiento con el fortalecimiento de los beneficios y calidad de vida de todos los ciudadanos de los países que son parte de esos convenios», agrega.

Y además señala: «Los países que abren sus mercados domésticos, remueven las barreras para las inversiones extranjeras directas y promueven la libertad de empresa, fortalecen la posibilidad de que sus ciudadanos escapen a la pobreza y mantengan los valores sociales y ambientales».

Sobre el eventual socio comercial dice: «Desde mediados de los años 1970 Uruguay ha implementado satisfactoriamente un número de reformas económicas y legales, que incluyen la apertura de los mercados y el fortalecimiento del rol de las leyes».

La tercera sección del proyecto establece claramente «la política de Estados Unidos respecto al comercio».

En ese sentido señala que un TLC debería incluir normas sobre el «tratamiento de los países sobre el acceso al mercado sobre productos agrícolas e industriales», así como reglas para determinar qué bienes de los dos países serían incluidos en el convenio.

También señala la necesidad de contar cn «reglas para determinar los procedimientos que faciliten el comercio, así como información estadística a los efectos de asegurar la validad de reclamos para el tratamiento preferencial».

Agrega que las reglas de intercambio deberían estar «basadas en la ciencia», «estándares técnicos», «estándares vountarios» y en procedimientos sin descriminación sanitaria o fitosanitaria.

También establece requerimientos en cuanto al apego a «salvaguardas y previsiones consistentes a la ley internacional» y señala que deben describirse los procedimientos gubernamentales y el tratamiento de cada nación parte en cuanto a los derechos para el establecimiento de inversiones extranjeras directas.

Asimismo dispone la necesidad de dejar en claro «el tratamiento nacional y el acceso a los mercados para el comecio de servicios, incluida la consumición de servicios en el extranjero, los servicios en la frontera, los derechos de establecimiento de presencia comercial y del movimiento de personas». El proyecto también describe exigencias en cuanto a «protección de la propiedad intelectual, transparencia de leyes y regímenes regulatorios», «medidas para promover el comercio electrónico» y la «adhesión a estándares internacionales en cuanto a la mano de obra».

La iniciativa termina con la autorización al presidente a «entrar en un acuerdo con Uruguay consistente en lo descrito en la primera de las secciones: un acuerdo de libre comercio.