Contraataque empresarial para cambiar ley de Negociación Colectiva.

Impulsadas por las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las cámaras empresariales apuntan nuevamente a modificar la ley de Negociación Colectiva para el sector privado, aprobada en octubre en el Parlamento.
Para los empleadores, la ley no pasó el examen de la OIT y por eso se le deben implementar cambios de inmediato. Las cámaras están dispuestas a mantener reuniones con el Poder Ejecutivo; pero pretenden que estos encuentros no sean solamente de consulta o intercambio. Deberán ser los primeros pasos que culminen en la modificación de la ley.

“No hubiésemos querido, pero teníamos razón”. Estas fueron las primeras palabras del asesor jurídico de la Cámaras de Industrias, Gonzalo Irrazábal, en un encuentro organizado por esa gremial y la Cámara de Comercio, refiriéndose a las críticas que los empleadores habían realizado en el pasado hacia la ley cuando todavía era proyecto.

Sostuvo que las consultas en la etapa de elaboración de una nueva norma deben ser francas, de buena fe y realizadas con tiempo suficiente. Y a modo de ejemplo dijo que los empresarios recibieron citaciones para reuniones con el gobierno con 24 horas de anticipación. “La ley ya nacía renga; tuvo una pésima génesis”, dijo.

Una de las mayores críticas que realizó a la ley fue sobre la creación del Consejo Superior Tripartito, al que calificó como un “monstruo” que “viola groseramente el tripartismo; interviene y dirige las relaciones laborales”.

A su turno, el asesor jurídico de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, explicó que el sector empresarial quiso agotar todas las instancias de diálogo con el gobierno y los sindicatos para redactar una ley que fuera conveniente para todos los sectores. Pero eso no fue posible.

En el evento, también participaron los asesores laborales Nelson Larrañaga y Leonardo Slinger, y el ex director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Daniel Martínez (ver página 5).

Ocupaciones. Uno de los temas que concitó la atención de los disertantes fue el de las ocupaciones. Si bien los cuatro capítulos que hablaban de esta medida fueron retirados de la ley de Negociación Colectiva, estos siguen vigentes a través del decreto 165/06.

Los expositores sostuvieron que esta medida es ilegítima e ilegal, afectando el derecho a la propiedad y el de los trabajadores no ocupantes. Precisamente, el Comité de Libertad Sindical estimó que el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones.

Larrañaga expresó que la Constitución reconoce la huelga, pero no la ocupación de los lugares de trabajo como un derecho ni como medida sindical. “La huelga es un no hacer; la ocupación es un hacer. No tiene ningún respaldo técnico que la ocupación sea una modalidad del derecho de huelga”, afirmó.

Cumplimiento. Conocidas las recomendaciones de la OIT, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, se entrevistó con los presidentes de ambas cámaras, Diego Balestra y Alfonso Varela. Entonces expresó la voluntad de diálogo del gobierno sobre las recomendaciones que el organismo realizó sobre la ley de Negociación Colectiva.

Consultado por El Observador, Mailhos dijo que los empresarios también están dispuestos al diálogo. Pero que el intercambio de opiniones no debe remitirse solo a eso. El resultado del diálogo debe ser la modificación de la ley.

Martínez, el ex jerarca de la OIT, indicó que el organismo no tiene forma de obligar a los Estados a que apliquen sus recomendaciones, pero sí tiene la responsabilidad de exigir su cumplimiento.

De no hacerlo, lo lógico sería pedirle a ese país que se retirara de la OIT por no respetar los principios básicos del organismo. Si las recomendaciones de OIT no son tomadas en cuenta por Uruguay, el organismo volverá a insistir progresivamente. Para Martínez, este es el momento de sentarse a dialogar para buscar la forma de aplicar las recomendaciones.

Por último, recordó un informe del Comité de Libertad Sindical que cuestionaba artículos de la Constitución bolivariana. Un ministro del gobierno venezolano preguntó a un representante de la OIT: “Si no aplicamos las recomendaciones, cuánto nos va a fastidiar la OIT?”.

El funcionario repreguntó: ¿Cuánto cree que durará la revolución boliviariana? “Mil años”, afirmó el ministro.

“La OIT insistirá mil años y uno más”, fue la respuesta.