Contradicciones y falta de rumbo ante la reforma del agua

El triunfo de la reforma por el agua metió a la izquierda en un laberinto, en cuya salida le espera, puntual y persistente, un problema seguro. La forma en que se ponga en práctica el plebiscito por el agua le generará al Encuentro Progresista (EP) un choque con el gobierno saliente –con el que está gestionando una transición armoniosa–, o con los empresarios extranjeros –a los que necesita en el país para no tener que hacer una erogación millonaria en dólares–, o con el gremio de OSE –área donde precisa paz sindical–, o irá a una disputa interna entre sus principales dirigentes –que los precisa unidos para echarse a andar el 1º de marzo–.

O es posible que varios de estos problemas estallen a la vez como una bomba de agua que la empape de realidad ya que es la primera vez en la historia que la izquierda es impulsora de un plebiscito cuyas consecuencias –políticas, sindicales, económicas y sociales– deberá enfrentar ella misma, pero en el papel de gobernante.

Por ahora, la izquierda viene resbalando de contradicción en contradicción, y dentro del EP nadie sabe bien a qué fórmula apelar para evitar un porrazo.

AGUA VA. Al principio fue el gremio.

El sindicato de OSE –como antes lo hicieron el de ANTEL con la ley de empresas públicas, el de ANCAP con la ley de asociación con privados, el de UTE con el marco energético– impulsó una consulta popular con el fin de incorporar a la Constitución una enmienda para que los servicios de agua y saneamiento sean prestados exclusivamente por el Estado.
La izquierda, como en todos los casos anteriores en que un gremio impulsó plebiscitos o referéndum, apoyó sin más. La consigna de los gremios decía que las empresas extranjeras que estaban en el país deberían irse. Durante la campaña, la izquierda guardó silencio.

Diez días antes de los comicios junto con los cuales se plebiscitaba la reforma, el entonces candidato del EP y hoy presidente electo, Tabaré Vázquez, dijo en una charla en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que el plebiscito no era retroactivo, ergo, las empresas extranjeras no deberían irse. A esa altura de la campaña Vázquez precisaba un impulso en el flanco del centro que le permitiera sacarle ventajas al candidato blanco, Jorge Larrañaga, que competía con él.

El mismo día que Vázquez decretaba ante los empresarios la no retroactividad de la enmienda, Danilo Astori había dicho que, en realidad, los expertos constitucionalistas consultados por el EP habían dado visiones encontradas sobre la aplicación de la reforma. Pero todo se mantuvo en un segundo plano hasta que pasaron los comicios.

La izquierda ganó, y ganó también el plebiscito por el agua.

DIVISIÓN. Y entonces las aguas se empezaron a dividir dentro de la izquierda: el senador socialista José Korzeniak (elogiado por Vázquez como un gran constitucionalista) y la senadora comunista Marina Arismendi, levantaron la bandera de la retroactividad de la reforma.

Y todo empezó a parecer el mundo del revés. Algunos de los que impulsaron la reforma pedían que las empresas españolas que operan en el país no fueran removidas.

El gobierno, que se había opuesto a la reforma porque afectaba la imagen del país ente los inversores extranjeros, se mostró presto a ejecutar la enmienda y dio los pasos para revocar el contratos a las empresas extranjeras.

El 14 de noviembre Vázquez afirmó: “Mi interpretación es que no caían las concesiones, pero la del gobierno es otra”. Y añadió que el presidente Jorge Batlle “está en todo su derecho” de adoptar esa medida ya que el EP “no va a constituir un gobierno paralelo porque hasta el 1º de marzo hay un gobierno constitucional que debe ser respetado”.

Y unos días después, el Partido Nacional resolvió presentar en el Parlamento un proyecto de ley interpretativo de la enmienda.

Varios dirigentes del EP, entre ellos Vázquez y Astori, habían dicho que sería necesario un proyecto de ley que reglamentara la reforma, pero cuando los blancos presentaron el suyo para la izquierda aparecía más como un problema que como una solución.

Dentro del EP algunos sectores están dispuestos a apoyar ese proyecto, y otros grupos no, una imagen que no le viene bien al gobierno electo antes de asumir. Y por si esto fuera poco, si el proyecto llegara a salir, el gremio de OSE advirtió que estará con sus camiones y militantes en el Palacio Legislativo para recordarles a los legisladores que se le está trampeando la voluntad de la gente.

El domingo se reunieron los principales dirigentes del EP y resolvieron no apoyar el proyecto de los blancos. Y le pidieron al gobierno que suspenda la anulación de las concesiones y que deje todo en manos del gobierno que asumirá el 1º de marzo. Ambas decisiones, ratificadas ayer por la Mesa Política del Frente Amplio, se dan de bruces con los anuncios que pedían una ley y con la postura de Vázquez acerca de que Batlle tenía la palabra. La Mesa del FA decidió además pedir informes a la Facultad de Derecho.

Ayer, a su retorno de la cumbre de Santiago, el presidente Batlle fue bien claro acerca de cuál será su actitud ante este planteo de la izquierda.

Sostuvo que los trámites para aplicar la enmienda llevará unos seis meses, y que si llega a recibir algún planteo formal para frenar estos pasos, le responderá a Vázquez cuál es su parecer. Fuentes del gobierno dijeron que Batlle no renunciará a su responsabilidad institucional de aplicar la reforma.

“No se estatiza, se respeta la decisión de la gente”, dijo Batlle.