Creciente violencia en Argentina

El licenciado en Ciencias Políticas Fernando Laborda calificó ayer como «dato alarmante», en una columna de La Nación, el incremento de la violencia política y social. Mucho ha tenido que ver en esa situación, indicó, el aval directo o indirecto del gobierno argentino en las modalidades piqueteras. La hasta hace pocos meses presencia de Luis D`Elía como funcionario gubernamental, o la acción -o la falta de ella- en el bloqueo de las rutas hacia Uruguay, fueron dos ejemplos esgrimidos.

Los piquetes, escraches o manifestaciones están volviendo al estadio de las agresiones físicas. Eso lo dijo a El País el decano de Comunicación Social de la Universidad del Salvador, Gustavo Martínez Pandiani (ver columna). En similares términos opinó, también para El País, el licenciado en psicología y docente de esa misma universidad, Sebastián Albani, quien señaló que tras los reiterados episodios de violencia que se produjeron hasta 2003, en las últimas semanas se está viviendo un recrudecimiento. Si bien no estableció una relación directa, Albani señaló que ambos momentos coincidieron con períodos electorales.

El gobierno argentino, el que supuestamente legitima la metodología piquetera, calificó a los disturbios del martes en Constitución como «espontánea» y fruto de la «crispación» por un servicio que reconoce como deficiente, pero que al mismo tiempo subsidia (ver aparte). A ellos se le sumaron activistas ya organizados para provocar desmanes, según afirmaron a La Nación fuentes del Ministerio del Interior.

El presidente Néstor Kirchner subió ayer el tono, dando a entender que quitaría las concesiones a las empresas encargadas de los servicios. «A los sinvergüenzas que no hacen inversiones (en infraestructura), el Estado les dará una patada donde corresponde», indicó en el estilo beligerante que le es habitual. Finalmente, dijo que quienes provocaron los destrozos del martes «no levantaron la voz» cuando el servicio fue privatizado, en la década de 1990.

Para Laborda, el culpar a activistas que aprovechan el estado de crispación general es tanto la explicación «preferida de las autoridades nacionales» co-mo insuficiente.

El psicólogo social Albani calificó de multicausal la violencia actual. «A diferencia de épocas anteriores, hoy se nota una reactivación de la economía. Las empresas y el Estado están ganando plata, entonces los trabajadores se sienten con más derecho que antes a reclamar». Esto explicaría los disturbios en distintas provincias argentinas en reclamo de mejoras salariales. En Neuquén, esto derivó en represión y en la muerte de un maestro, Carlos Fuentealba. En Santa Cruz, la provincia de Kirchner, terminó en represión, la sustitución de un gobernador, y en la agresión física a la hermana del presidente, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Esos reclamos tienen su origen en unos aumentos salariales anunciados por el gobierno que las provincias no pudieron solventar.

En el caso de Constitución la responsabilidad del gobierno -más allá del subsidio a las concesionarias de trenes- es más difuso o menos perceptible. Aunque el principal candidato presidencial opositor, Roberto Lavagna, cargue sus tintas contra el ministro de Planificación, Julio de Vido (brazo derecho de Kirchner), la sensación generalizada es de un incidente cuya ocurrencia no sorprendió, aunque tal vez sí su magnitud.

En su análisis, Laborda habló de la «anomia» -desaparición de normas- que avanza en la sociedad argentina. «Cuando el Estado se desentiende de sus misiones más elementales y cuando distintos sectores empiezan a sentirse liberados de toda sujeción a las normas, cualquiera puede creerse con derecho a creer que el Estado es uno mismo», escribió. El martes en la noche, la estación Constitución quedó destrozada, hubo 25 heridos y 16 detenidos. Todo porque se canceló el servicio de un tren.