Crisis bancaria: tres partidos enviarán el caso a la Justicia

Al cabo de un año de análisis de la situación, tres fuerzas políticas piensan enviar a la Justicia penal las actuaciones de la comisión investigadora del Parlamento sobre la crisis del sistema financiero, dijeron a El País fuentes legislativas.

Con similares objetivos, el Partido Nacional, el Encuentro Progresista-Frente Amplio y el Partido Independiente preparan sus informes con las conclusiones de la investigación, las imputaciones y la recomendación que harán al plenario de la Cámara de Representantes, para lo cual disponen de un plazo que finaliza el lunes 29.

Luego de efectuados los descargos por parte de los imputados, la propuesta que cada partido hará al plenario se pondrá a consideración de la Cámara aproximadamente a mediados de noviembre.

Los informes, que se vienen redactando en la más estricta reserva, serán entre cuatro y cinco. No obstante, de acuerdo con lo conversado ayer en la reunión de la comisión, el Partido Colorado podría llegar a presentar dos, uno a cargo de la Lista 15 y otro firmado por el Foro Batllista (FB), que tiene un enfoque diferente en algunos aspectos puntuales de la investigación legislativa.

También ayer, quedó prácticamente resuelto que el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) y el Partido Nacional (PN) no tendrán muchos puntos de encuentro en sus conclusiones. En donde sí se ratificaron las coincidencias entre ambos partidos —a quienes se suman los independientes— es en el envío a la Justicia de los antecedentes de la investigación, en particular debido a la falta de controles o las omisiones del BCU en los primeros meses de la crisis.

El EP-FA, además, maneja la posibilidad de pedir el inicio del proceso de juicio político al presidente Jorge Batlle por considerar que es el principal responsable de los términos del contrato de capitalización del Banco Comercial. Este aspecto, como el resto del contenido de su informe y las conclusiones que presentará ante el plenario, deberán ser resueltos por los órganos competentes de la izquierda, dijeron a El País fuentes políticas.

El informe del EP-FA contendrá cerca de 200 páginas y está siendo elaborado por los legisladores Silvana Charlone, Raúl Sendic y Víctor Rossi. El que presentará el Partido Nacional, de aproximadamente 30 páginas, será bastante más escueto y viene siendo redactado por los diputados Ricardo Berois y Raúl Argenzio.

El informe del Partido Colorado concluirá en que no hubo irregularidades ni ausencia de contralor por parte de los organismos del Estado, se adelantó.

A su vez, habrá un informe firmado por el Partido Independiente, cuya síntesis indicará la conveniencia de analizar cada situación antes de decidir el envío de las actuaciones a la Justicia. Este partido hará otra serie de valoraciones sobre lo ocurrido en el transcurso de la investigación legislativa.

En este sentido, el PI comparte la idea del EP-FA en cuanto a que el contrato de capitalización del Banco Comercial debió ser informado a la Asamblea General. Considera que hay responsabilidades técnicas en la falta de contralor bancario y que «hay un delito concreto» respecto a lo ocurrido con el expediente que informaba sobre el patrimonio del Comercial, que no llegó a conocimiento de las autoridades del BCU, dijeron a El País.

Pueden pedir las pruebas

En caso de ser imputados por el Parlamento, los ex jerarcas públicos con responsabilidad sobre organismos vinculados con la crisis del sistema financiero de 2002 podrán exigir a los legisladores que prueben las acusaciones formuladas en su contra. Los diputados deberán decidir entonces si entregan las pruebas que se solicitan.

A lo sumo el lunes 29, los legisladores deberán presentar por escrito las conclusiones preliminares de sus informes. Entonces, los acusados dispondrán de 20 días para notificarse de las imputaciones, pedir los fundamentos de las mismas y, seguramente, presentar los descargos que podrán ser sustentados por pruebas testimoniales, documentales o periciales.

Según fuentes de la comisión investigadora, los ex directores del Banco Central del Uruguay (BCU), el ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, y el ex Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF), Carlos Fernández Becchino, figuran entre las personas que serán imputadas por su actuación en la mencionada crisis.