Cruce de acusaciones; sube la polémica en caso de La Pasiva

A su vez, los titulares de La Pasiva por medio de un comunicado hicieron por primera vez declaraciones públicas en las que acusaron directamente al jerarca de la DGI de llevar adelante «una verdadera campaña de hostilidad» contra las empresas «y con ello contra la persona de sus directores y accionistas». Amenazaron con recurrir a la justicia si siguen las presiones que denunciaron (ver nota aparte).

El presidente de la Suprema Corte, Hipólito Rodríguez Caorsi, afirmó que Zaidensztat «no ha conservado la altura necesaria; se ha manifestado con exabruptos impropios de la investidura que representa porque se supone que es un funcionario de alta jerarquía».

En un comunicado que la corporación emitió ayer señaló que el juez Pablo Eguren «arribó a su resolución en uso de una facultad discrecional que le confieren las normas vigentes», al procesar sin prisión a los directores de La Pasiva denunciados por defraudación tributaria. Zaidensztat declaró que la decisión de Eguren ponía al Uruguay a la altura de una «república bananera».

Los ministros trataron ayer el tema en el acuerdo, en el que participó por primera vez la ministra Sara Bossio, que asumió ayer como miembro de la Corte.

Rodríguez Caorsi afirmó que a los jueces «nos pagan por trabajar y para recibir presiones. O sea que a mí, no me alarma el hecho de que recibamos o no presiones. Lo que me alarma es que un jerarca del Estado, se manifieste de manera agraviante e insultante».

La Asociación de Magistrados también se sumó a los cuestionamientos y rechazó las declaraciones de Zaidensztat al entender que «vulneran la dignidad e independencia de un magistrado «.

Por medio de un comunicado, señaló que las resoluciones de los jueces «pueden ser objeto de críticas, siempre que se realicen con respeto a la función y dignidad de la judicatura, pues se ubican en el marco de la libertad de expresión de los ciudadanos».

Aunque en ámbitos judiciales todos los operadores coincidieron en que las declaraciones del titular de la DGI fueron un exabrupto, también se ha opinado que lo habitual en esos casos es procesar con prisión y admitieron que la decisión llamó la atención.

Por su parte, la fiscal del caso, Mónica Ferrero todavía no fue notificada del fallo del juez Eguren. Si bien el magistrado señaló en el auto de procesamiento que la fiscal pidió medidas sustitutivas a la prisión, habrá que ver si la magistrada se mantiene conforme o apela la decisión. Los comentarios y actitudes del director de la DGI, son interpretados por algunos integrantes del Frente Amplio como «un tiro por elevación» al ministro de Economía, Danilo Astori –que respalda al titular de Rentas- al existir en el equipo económico figuras que no tienen mayor incidencia y no pertenecen al grupo político del titular de la cartera. En la izquierda algunos entienden que el representante colorado apuesta a fortalecer su carrera política en el organismo de contralor, para formar parte de la carrera electoral de 2009. Creen además que la decisión de sancionar la evasión de las grandes empresas, despierta simpatía en la población.

Por otra parte, las fuentes indicaron que los comentarios despertaron malestar entre algunos miembros del Edificio Libertad, quienes emitieron opiniones críticas sobre el accionar de la DGI respecto de algunos inversores extranjeros, como así por las afirmaciones realizadas contra los miembros del Poder Judicial.

Al ser consultado ayer sobre los cuestionamientos al jerarca, Astori declinó hacer comentarios al respecto. El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) volvió a referirse ayer al tema y dijo que estaba esperando la confirmación de las declaraciones del director de Rentas y que si es así, ratificó que Zaindesztat «está equivocado en el lugar en el que está». «A mí puede gustarme o no la extradición a Chile de los militares por el caso Berríos, pero hay que atenerse a las reglas, más allá de si uno tiene o no la razón sobre el problema», declaró Rubio a Concierto FM, haciendo un paralelismo con la situación de los efectivos extraditados.

En cuanto al cuestionamiento al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, debido a que su estudio defiende a los titulares de La Pasiva, aclaró que piensa que ningún juez se deja influir por un jerarca y que ese «no es un problema legal, pero sí de sensibilidades». «Ahí tendrá que hablar el doctor Gonzalo Fernández», apuntó. Agregó además que «es un punto sensible que puede prestarse a confusiones y problemas». En cuanto al caso La Pasiva indicó que no le gusta «que si los delitos fueron iguales, las penas sean distintas, pero es un asunto que se resolverá en la órbita judicial».

Silencio

Astori fue consultado ayer sobre la controversia pero declinó hacer declaraciones.