Cuestión menor, que dice mucho

Hace sólo tres semanas, al iniciar la consideración de un proyecto de ley ya aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado advirtió el grado de ingenuidad, de voluntarismo y desconocimiento de los miembros de la Cámara Bajá que, siguiendo un razonamiento «políticamente correcto», habían dado media sanción a una iniciativa del representante nacionalista Carlos Enciso que obliga a las casas de venta de prendas de vestir a disponer de todos los talles de la ropa que ofrecer} al público.

La presencia de una delegación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) y de empresarios de esa rama de actividad comercial, que llegó para cuestionar dicha iniciativa, pareció iluminar a los senadores, quienes advirtieron el absurdo en que habían incurrido los diputados. Afortunadamente el proyecto parece haber descarrilado definitivamente.

El texto aprobado en Diputados establece que «todas las industrias de la vestimenta y los establecimientos que la comercialice, distribuya y/o importe, deberán contar con prendas de vestir en todas las tallas que respondan a las características antropométricas de la población femenina y masculina, cualquiera sea la franja etaria a que se dediquen». Dispone asimismo que los comercios que no cuenten con la talla que se les solicita deberán ponerla a disposición del interesado en un plazo máximo de 15 días sin modificación del precio. El incumplimiento de tales disposiciones se sancionará con la aplicación de una multa.

Está claro que el proyecto aprobado por Diputados pretende res-pondera las demandas de aquellas personas que, por sus características «antropométricas», deben usar «talles especiales», los cuales sólo pueden adquirir en determinados comercios y con una variedad limitada de modelos y gustos.

Al asumir la defensa de los intereses de los comerciantes del ramo, un asesor legal de la CNCS explicó que en virtud de una «estrategia comercial», algunas casas deciden un segmento determinado del mercado al que orientan su actividad. Ello supone, naturalmente, riesgos que asumen por decisión propia y con plena conciencia. Si les va bien, su decisión y su esfuerzo les generarán rentas. Si no es así, lamentarán los riesgos asumidos y el esfuerzo realizado.

Este tipo de estrategia comercial, a diferencia de la política que seguían antaño las grandes tiendas como el London París o Aliverti, donde el cliente encontraba de todo y para todos los gustos, se basa en una segmentación de un mercado que se fue modernizando y que debió adaptarse a los cambios en las pautas de consumo de la gente para satisfacer desos de diferenciación.

Un fenómeno que el asesor de la CNCS describió gráficamente al resaltar ante los legisladores que «las damas conocen muy bien, pues buscan exclusividad» cuando quieren adquirir ciertas prendas.

Destacó asimismo que la aplicación de la normativa propuesta «afecta directamente la libertad de empresa y de trabajo».

Seguidamente una empresaria del ramo explícito con ejemplos bien claros, cómo y por qué muchas firmas dirigen sus esfuerzos a captara «ciertos públicos» con determinados modelos que responden a intereses, necesidades o gustos muy diferentes. Por si fuere necesario aclaró que en ello resultan determinantes factores como la edad. Las jóvenes tienden a seguir siempre los últimos dictados de la moda, prefiriendo los modelos y prendas «más jugadas», señaló.

La Comisión recibió de otros empresarios testimonios coincidentes. Según una de estas exposiciones, «no existe forma alguna de que los comercios uruguayos puedan cumplir con esta ley tal como está redactada, porque deberíamos tener disponibles para la venta todos los talles de cada modelo y en todos los colores, y hoy en día ninguna marca está en condiciones de hacerlo».

Porque habría que preguntarse: ¿cuál sería el capital que tendría que inmovilizar una tienda (además de disponer de depósitos para tener tanta mercadería acumulada a la espera de los eventuales clientes) para poder cumplir una norma que quizás se inspiró en leyes de otros países? La cuestión es que la ley proyectada no se ajusta a estos tiempos en que existen nuevos hábitos de consumo, sobre todo entre la gente más joven, ansiosa de poseer «lo último» que aparece en el mercado y que suele estar presionada por la publicidad.

En realidad, la segmentación del mercado ya ha llevado a la existencia de tiendas que ofrecen «talles especiales» para satisfacerlas necesidades de un público que no encuentra solución en otros comercios. Por otra parte, como destacaron las voces empresariales en la Comisión del Senado, siempre existe la alternativa, aunque naturalmente con otros costos, de recurrir a una modista o a un sastre para vestir una prenda a una medida que se desea.

Así funcionan hoy los mercados en todo el mundo, a excepción de los países que siguen aplicando políticas rígidamente socialistas, donde burócratas deciden cómo debe vestirse la gente y que determinan que la oferta es pobre y reducida.

Fue tal la contundencia de la argumentación expuesta por la delegación empresarial, que los integrantes de la Comisión senaturial advirtieron el despropósito en que había incurrido meses atrás Diputados.

El senador comunista Eduardo Lorier reconoció que el grupo legislativo había recibido «un baño de realidad» por cuanto los empresarios habían expuesto «aspectos que desconocíamos en términos absolutos». Margarita Percovich, también frenteamplista, sugirió que lo que debía procurarse era la «homogeneización de los talles», un planteo que resulta más razonable pero que no será fácil de aplicaren razón de la multiplicidad de proveedores industriales (locales y extranjeros), la variedad de modelos, modas, etc.

Su correligionaria Mónica Xavier resumió el criterio que fue ganando a los miembros de la Comisión: «nadie discute» la buena inspiración que motivó el proyecto aprobado por Diputados aunque resulta «imposible» su aplicación.

Pues bien, si esto es así según lo reconocieran los legisladores oficialistas, es lógico que los ciudadanos se pregunten en qué estaban pensando los diputados de todos los partidos que dieron sus votos a la iniciativa. ¿Cómo fue el pasaje de la iniciativa por la Comisión? ¿Qué opiniones fueron consultadas antes de su aprobación? ¿Cuál fue la información que manejaron los diputados que la votaron?

Este tema aparentemente menor nos lleva a interrogantes acuciantes. ¿En qué país y en qué sociedad viven legisladores que no son capaces de advertir la imposibilidad de aplicar normas que sólo pueden tener vida en el papel o las consecuencias lógicas de la aplicación de las disposiciones proyectadas? Pero además, ¿cuántas otras iniciativas «bien inspiradas» pero cuya aplicación termina siendo «imposible» o teniendo consecuencias no sólo opuestas a los objetivos procurados sino que resultan nefastas, se le cuelan ligeramente a los legisladores?

Como reconocidamente lo fueron las sucesivas leyes en materia de arrendamientos votadas entre los años ’40 y ’70 que frenaron la construcción de nuevas viviendas por los privados.

Está claro que ello no ocurre cuando se tratan normas en las que pueden estar en juego los intereses políticos o electorales de sus partidos o los suyos propios.

Por Daniel Gianelli