Decisión judicial traba revisión de contenedores sospechosos.

Decenas de contenedores sospechosos que están en tránsito en el puerto de Montevideo no pueden ser revisados por las autoridades aduaneras. Una resolución que tomó el ex juez de Aduanas, Gustavo Pini, en febrero, impide que la Dirección Nacional de Aduanas pueda controlarlos.
El 17 de febrero, el juez se constituyó en el módulo Florida del puerto con un despachante al que se le revisarían tres contenedores.

Pini labró un acta a mano en la que determinó que los contenedores en tránsito no pueden ser abiertos “de acuerdo con la doctrina nacional y la jurisprudencia constante”. Pini es el juez que tuvo un enfrentamiento con el director de Aduanas, Ricardo Prato, que terminó en una denuncia penal por desacato. Luego la denuncia fue archivada.

La mitad de los contenedores que pasa por la aduana de Montevideo está en tránsito. En este régimen se encuentra la cuarta parte del total de contenedores que pasan por el país.

En lo que va del año Aduanas registró 43.400 DUAS (documento único aduanero) y de ellas 9.916 estaban en tránsito. Cada DUA puede corresponder a un contenedor o a varios.

Cuando Pini labró esa acta tanto Aduanas como la Fiscalía opinaron que estaba actuando fuera de su competencia, pero el juez se mantuvo en su decisión.

Aduanas apeló la resolución del juez que está a estudio del Tribunal de Apelaciones Civil de Primer Turno. Según surge de la web del Poder Judicial, el 27 de marzo una jueza suplente decretó que el expediente se eleve al Tribunal y recién fue estudiado por el primero de los tres ministros. Cada uno tiene 45 días para expedirse.

Desde hace más de tres meses, aunque el escáner del puerto detecte algo sospechoso dentro de los contenedores, no pueden ser reabiertos si Aduanas no consigue una orden de la justicia penal.

Pero el trámite ante los jueces penales suele llevar varios días porque los magistrados consultan a la Fiscalía. Esta situación viene generando mucha molestia en Aduanas, dijeron a El Observador fuentes del organismo. “Llama la atención que los jueces penales pongan tantos reparos en permitir a los funcionarios aduaneros revisar un contenedor sospechoso, algo que forma parte de la tarea ordinaria de los funcionarios aduaneros”.

armas. En marzo, el escáner del puerto levantó sospecha sobre un contenedor con armas que provenía de Turquía y Alemania y que iba dirigido a Argentina. Aunque la documentación declaraba que eran escopetas de caza, por su tamaño parecía armamento militar.

Para abrir el contenedor, Aduanas tuvo que recurrir a la Justicia penal. Recién pudieron abrirlo varios días después y comprobaron que se trataba de armas automáticas, aunque no estaban declaradas como tales. La revisión permitió poner en conocimiento de la aduana argentina el contenido del contenedor.

invasión. La Dirección Nacional de Aduanas consideró la resolución del ex juez de Aduanas como “una invasión”. El juez invocó el Código Aduanero y la ley de Puertos para señalar que la Dirección Nacional de Aduanas tiene la facultad de controlar los contenedores mientras permanecen en puertos libres, aeropuertos libres, zona francas o depósitos fiscales, pero no cuando están en tránsito.

El juez afirmó que, de acuerdo con la ley que regula la falsificación de marcas, no puede producirse un delito de falsificación dentro del puerto de Montevideo. “Se dispone que los contenedores en tránsito continúen en él, debiendo cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y todos sus funcionarios las órdenes que enfrentan los jueces de Aduana”, dijo Pini.

La Dirección de Aduanas planteó en la apelación que “las mercaderías en tránsito por el territorio aduanero uruguayo están sometidas al control aduanero”.

El jefe de la división jurídica de Aduanas, Carlos Castillo, insistió en que precisamente uno de los cometidos del organismo es el “control de los contenedores”.

El abogado planteó que Aduanas tiene el cometido de verificar y controlar las distintas operaciones aduaneras, y fiscalizar la entrada, salida, tránsito y almacenamiento de mercaderías en su territorio, a fin de evitar y reprimir la comisión de ilícitos aduaneros.

Si bien admitió que cuando están en tránsito las mercaderías estarán exentas de tributos, eso no significa que “ello conlleve a la desaplicación de las disposiciones aduaneras”.

La fiscal de Aduanas, Laura Llambí, estuvo de acuerdo en cuanto a la falta de competencia del juzgado para constituirse en la Aduana. Por lo tanto, pidió que la resolución se revoque y, en caso contrario, lo eleve al tribunal de apelaciones.