Decreto de ocupaciones en oficinas públicas llegó en el peor momento de la relación gobierno y PIT-C

Este breve diálogo podría resumirel complicado panorama de uno de los peores momentos en el relacionamientoentre una administración del Frente Amplio y la central sindical, signado porenfrentamientos entre dirigentes y jerarcas, denuncias ante organismosinternacionales y, ahora, un decreto firmado por el presidente José Mujica queotorga la posibilidad de desalojar edificios públicos usando la fuerzapolicial.

En el texto del decreto emitidoel jueves 2 se establece que el Ministerio de Trabajo deberá mediar en elconflicto buscando una conciliación a la que, en caso de no lograrse, le siguela desocupación del edificio «bajo apercibimiento del uso de la fuerzapública». Si los ocupantes se niegan en esa instancia será el Ministeriodel Interior el encargado del «desalojo inmediato de lostrabajadores».

Fuentes del Poder Ejecutivodijeron a Búsqueda que si bien las ocupaciones de la pasada semana—entre ellas de fiscalías civiles y lasede de la Suprema Corte de Justicia— causaron malestar, fue laIntendencia de Tacuarembó «el detonante» para la firma del decretoque busca «dar una idea de orden» en la administración.

«Las oficinas públicas noson sólo un lugar donde trabajan funcionarios sino también un sitio donde elconjunto de la población acude para resolver temas para su vida cotidiana. Lanación de alguna manera acude a las oficinas públicas para resolver en susmostradores buena parte de sus problemas. Los funcionarios son servidorespúblicos, están para atender al público. Los gremios tienen plazas y callespara manifestar. No nos parece adecuado que estas protestas se hagan dentro delas propias oficinas», dijo uno de los jerarcas consultados.

Además, las fuentes relataron queel prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, se comunicó con presidentesde las empresas públicas para transmitirles la aspiración del Po-;.derEjecutivo de que los Directorios de esas empresas voten resolucionesincorporando como propio el decreto 401 del 2008, emitido durante el gobiernode Tabaré Vázquez, en el que establece descuentos salariales a los funcionariosde la Administración Pública proporcionales a las medidas de lucha que apliquendurante su horario de trabajo.

Recorta derechos. El decreto tomó «a contra-pié» alos dirigentes sindicales, incluso a aquellos que mantienen diálogo directo conintegrantes del gobierno, dijeron a Búsqueda fuentes del PIT-CNT

El viernes 3, tanto loscoordinadores de la central como integrantes del Secretariado Ejecutivoresolvieron rechazar por su «contenido» el decreto y enviaron eltexto a los abogados del PIT-CNT para que sea estudiado. El martes 7 elSecretariado discutió la posición que debía tomar el movimiento sindicalrespecto al decreto y resolvió rechazarlo por unanimidad, porque recorta «derechosfundamentales» de los trabajadores.

El vocero de la reunión GustavoSignorelle, dijo además que pedirán una entrevista con Mujica para discutiresta iniciativa e incluirán este decreto dentro de la queja que presentaránante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —por la actitud del gobierno ante la ley de negociación colectiva delsector público— el 15 de diciembre en Santiago, en el marco de la ConferenciaRegional.

Durante la discusión delSecretariado, el dirigente comunista e integrante del Ejecutivo sindical, JorgeBermúdez (Federación Uruguaya de la Salud) se mostró en contra de recurrir a laOIT, porque «reforzará la postura de sectores empresariales contra lanegociación colectiva», relataron a Búsqueda asistentes a la reunión.

«A mí no me sorprende lo deMujica. Yo no me siento defraudado. Está haciendo lo que yo creí que iba ahacer. Sintontiza con un país que es conservador y lo que está haciendo elpresidente con esto es utilizar los sentimientos más conservadores de lasociedad uruguaya para debatir con el movimiento sindical», agregó, segúnlos informantes.

Bermúdez y el dirigente bancarioFernando Gambera llamaron a una «autocrítica» del movimiento sindicalque «no ha podido definir una línea política común» (ver notaaparte).

Reivindicaciónpública. Con este mar de fondo, laConfederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realizó unamovilización ayer miércoles «en reivindicación del funcionariopúblico», buscando «desatanizar» al empleado estatal, tras mesesde enfrentamientos con el gobierno y diversas declaraciones de jerarcas,incluido el propio presidente.

El tira y afloje entre elgobierno y varios sectores del PIT-CNT ha sido un signo casi permanente desdeel principio de la administración Mujica.

De hecho el martes 11 de mayo enla asunción del Directorio de la estatal Ancap, Mujica dio un polémico discursoen el que les dijo a los funcionarios allí presentes que «eran todossuplanta-bles» y que ellos «no eran los dueños de la empresa»,sino todos los uruguayos.

En febrero el ministro deTrabajo, Eduardo Brenta, había advertido que la reforma del Estado es una»batalla» en la «opinión pública» y ganará quien tenga»la mayor porción» (Búsqueda NQ 1.547).

Públicos y privados. En 2008 estemismo tema enfrentó al gobierno y a los empresarios. Es que el entoncespresidente Tabaré Vázquez resolvió derogar un decreto de 2006 que reglamentabalas ocupaciones de lugares de trabajo en el sector privado eliminando laposibilidad de pedir la intervención policial.

Si bien la decisión tomada porMujica ahora fue vista por los empresarios como que «va por el caminoadecuado», generó insatisfacción que sólo se aplique al sector público.Los informantes señalaron que por el momento el gobierno no tiene definidoextender el decreto al sector privado, aunque varios empresarios ya lo hansolicitado.

«Lo que falta es extender elproceso de desalojo a la actividad privada», dijo el presidente de laCámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), Alfonso Várela, al diario»El Observador».

Esa gremial convoca para hoyjueves a una mesa de análisis sobre el tema en el entendido de que si bien»la nueva realidad de conflictos en Uruguay muestra que las ocupaciones delos lugares de trabajo afectan por igual al sector público y privado», lassoluciones para estas situaciones «son diferentes sin tener un clarojustificativo».