Decreto de prevención de conflictos será impugnado

Si bien son varias las cámaras empresariales que analizan con sus abogados los pasos a seguir, hasta el momento son sólo dos las que se han pronunciado oficialmente. Primero fue la Cámara de Industrias, el pasado miércoles, cuando sus integrantes rechazaron de plano el artículo 4º del decreto, que establece que las ocupaciones son parte del derecho de huelga de los trabajadores.

Su presidente, Washington Burghi, dijo a Índice 810 que el artículo 57 de la Constitución, que habla sobre el derecho de huelga, no menciona en ningún a las ocupaciones. Entiende que ese artículo del decreto va en contra del derecho de la propiedad privada, que no está amparado por la Constitución, ni por el derecho argentino, brasileño ni por la jurisprudencia de española, francesa o portuguesa.

El titular de la Cámara de Industria explicó cómo será el recurso que presentarán: «Es un trámite legal que se presenta ante el ministerio que firmó el decreto o, en su defecto, ante la Secretaría de Presidencia. Es un trámite administrativo que lleva 150 días y después recién comenzarán los trámites judiciales».

El trámite ya se inició y los plazos legales establecen 10 días corridos tras la publicación en el diario oficial, que se produjo ayer.


Inversiones. Consultado sobre la incidencia que podría tener este decreto en las inversiones, Burghi señaló que es un factor contrario al «tan promocionado Uruguay Productivo», que «quedó sólo como un eslogan». Y aseguró que las inversiones no van a venir.

«Desde el punto de vista de un inversor que quiere invertir en la región, en Latinoamérica, en un país como Uruguay no tiene la certeza de que va a poder disponer de su propiedad cuando lo decida. Esos son puntos en contra que tiene el Uruguay a la hora de que el inversor hace un análisis para decidir en qué país se va a instalar», afirmó.

La otra cámara empresarial que confirmó que impugnará el decreto es la de Comercio y Servicios. En una reunión celebrada ayer se decidió por mayoría, recurrir la decisión del Ejecutivo. José Luis Puig, presidente de la gremial, coincidió con Burghi sobre la inconstitucionalidad del decreto.

«Insistimos en que el Uruguay tendría que estar mirando cómo hace para bajar el desempleo y generar nuevas fuentes de trabajo genuinas. Creemos que todo este tipo de cosas no va en ese camino. El tema central es que Uruguay tendría que estar sentado pensando cómo hace para generar más fuentes de trabajo», sostuvo.

Además, Puig confirmó que hay conversaciones muy a menudo con las demás cámaras para evaluar la situación y la semana que viene mantendrán una reunión para tratar este tema. De todas formas, dijo que cada cámara debe tomar su decisión, dado que el proceso ante la justicia es individual.

Según un relevamiento realizado por Índice 810 entre otros empresarios, las de Comercio de Industria no serán las únicas que tomen ese camino.

Sindicales. El dirigente del PIT-CNT Jorge Bermúdez explicó que no están de acuerdo con que se regule de ninguna forma las ocupaciones, ya que eso es una injerencia del gobierno en la libertad sindical. Además señaló que se debería controlar más a los malos empresarios.

«Aquí, quienes generan los conflictos son los empresarios; básicamente los malos empresarios. Y el PIT-CNT busca el acuerdo (…) aquí el gobierno, si quiere hacer reformas, tiene que ir primero a una ley de negociación colectiva obligatoria, donde haya multas para las empresas que no cumplan y debe tener una inspección de trabajo mucho más estricta que la que hay ahora», sostuvo.

Bermudez dijo que la central obrera no impugnará este decreto, pero tampoco dejará de lado la discusión del mismo.