Dejan sin efecto que la DGI pueda levantar el secreto profesional

Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados continuaba con la votación del proyecto presupuestal.

La medida para la DGI propuesta por el Poder Ejecutivo al Parlamento había sido impugnada por el Colegio de Abogados. El gobierno reconoció que con su retiro que se trataba de un error.

Esta norma había sido fuertemente cuestionada por el Colegio de Abogados del Uruguay, que había anunciado su intención de interponer ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en caso de que se aprobara dicha disposición. La comisión que trató el Presupuesto durante más de 40 días había aprobado la incorporación de este artículo a la ley.

El artículo referido faculta a la DGI a efectuar allanamientos en estudios jurídicos y contables a fin de requisar documentación de los contribuyentes y solicitar información a los profesionales sobre la actividad profesional de sus empresas.

El diputado del Foro Batllista Alberto Scavarelli había planteado el 7 de setiembre en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda la inconveniencia de la decisión propuesta al Parlamento y la necesidad de dejarla sin efecto, lo que ahora ocurrirá.

«La bancada oficialista nos dio la noticia de que retirará el artículo», dijo Scavarelli a El País.

SATISFACTORIAS. En tanto, ayer transcurrió el debate presupuestal en Diputados, donde el gobierno y la oposición debatieron sobre la «partidización» del Estado, porque blancos y colorados cuestionaron la creación de nuevos cargos de confianza.

El secretario general del Partido Socialista, Roberto Conde, negó que en la Cancillería —uno de los ministerios que recibió más cuestionamientos por esa medida—, vaya a darse ese tipo de prácticas.

Conde salió en defensa del canciller Reinaldo Gargano —presidente del Partido Socialista—, asegurando que en la comisión dio «explicaciones satisfactorias» sobre los cambios en esa secretaría de Estado.

«Los pronósticos, augurios y acusaciones (de la oposición) han sido terribles. Los discursos buscan establecer que el gobierno busca crear un Estado de partido. Se han creado cerca de 120 cargos de confianza en un Estado que todo el mundo reconoce como caótico, de desorden, ineficiencia y falta de control, desquicio total, todo lo cual fue el caldo de cultivo para extendidos casos de corrupción», interpretó Conde.

Anunció que la izquierda «ahora aspira a gobernar este Estado de otra manera». «Al cabo de cinco años rendiremos cuenta ante los ciudadanos. Las acusaciones son por ahora, una avalancha de prejuicios», agregó Conde.

Estas consideraciones irritaron a los blancos y colorados, que elevaron su voz. El nacionalista José Carlos Cardoso sostuvo que «los cargos son hechos a la medida, por un sastre, que se «rompe» la carrera diplomática y que la izquierda quiere dotar al Ministerio «de una fuerte impresión de izquierda».

El blanco Jorge Gandini acusó al gobierno de «pretender tomar por asalto el poder», y su compañero de bancada, Alvaro Alonso, destacó que la izquierda designó «parientes, amigos y dirigentes políticos» en la Cancillería.

En defensa del gobierno, Ruben Martínez Huelmo dijo que los representantes diplomáticos en Argentina, Brasil y Estados Unidos no son de izquierda.