Desde hoy habrá paros sorpresivos en la banca

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) realizará a partir de hoy paros sorpresivos en bancos públicos y privados de todo el país, y evalúa retirar a los funcionarios de la liquidación del Banco de Crédito, en protesta por el despido de 329 empleados de esa institución antes de la firma de los convenios que habilitan su absorción por la banca estatal.

Las medidas se mantendrán hasta que se formalicen los acuerdos, resolvió ayer el sindicato.

El Banco República envió anoche a AEBU un texto de convenio ya acordado por el directorio y que podría ser aprobado hoy, dijeron a El País fuentes de la institución. Esto no logró desactivar las medidas de fuerza dado que «lo que el BROU haya resuelto no es un convenio, si no está firmado por ambas partes», precisó el presidente del sector banca privada, Juan José Ramos.

El contenido de la propuesta del República fue previamente coordinado con el Banco Central, dijeron los voceros.

Agregaron que, además, el directorio del República espera implementar en breve un plan de retiros incentivados y prejubilación para funcionarios de más de 57 años.

Por su parte, el integrante del Consejo Directivo Central, Carlos Maresca, dijo desde la página en Internet del sindicato que el objetivo del retiro de los funcionarios del proceso de liquidación es demostrar «si los trabajadores eran o no necesarios». Un grupo de ahorristas había pedido el despido de todos los empleados del Crédito.

LA FORMULA. El pasado viernes, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que consagra la fórmula de absorción de un empleado del Crédito por cada tres vacantes que se generen en los bancos estatales por jubilación de sus funcionarios y encomendó a los directorios la celebración de los convenios para ponerla en práctica. Se calcula que, por ejemplo en el BROU, se incorporarán unos 40 funcionarios del Crédito por año.

Para AEBU el decreto no es suficiente. «El decreto sin los convenios no tiene ninguna validez formal. El decreto se adoptó, porque se avecinaba la difusión de los despidos», dijo Ramos.

El sindicato considera que de esta manera se violó lo acordado con el ex ministro de Economía, Alejandro Atchugarry.

Según la dirigente Laura Yáñez, el Banco Central y el Banco de Seguros han dejado clara su disposición a firmar de inmediato en caso de que el Banco República también lo haga, por lo que el sindicato entiende que la decisión que adopten las autoridades de esta institución resulta decisiva.

«Hemos estado muchos meses esperando, por lo que es bastante irritante que se hayan anunciado los despidos sin la firma previa del convenio», sostuvo.

Yáñez dijo que de los 670 funcionarios que tenía el banco en el momento que se dispuso su liquidación, algo más de 600 tendrán que ser tomados por los bancos públicos. El 96% de los despedidos son afiliados al sindicato, según Maresca.

AEBU pretende que, una vez firmados los convenios, semestralmente se revise la cantidad de vacantes generadas y los puestos a cubrir.

Según el decreto, los ex funcionarios del Banco de Crédito no serán incorporados como funcionarios públicos, sino que se desempeñarán en régimen de derecho privado, con contratos a un año prorrogables. Los salarios correspondientes serán establecidos por cada uno de los bancos, en función de su respectiva escala retributiva.

INVESTIGACION. Respecto al reclamo de AEBU de investigar si los titulares de depósitos de más de US$ 100 mil evaden impuestos, el director de Rentas, Eduardo Zaidensztat dijo ayer que se actuará si se presenta alguna denuncia fundamentada. «Que yo sepa no es ningún delito tener dinero depositado en el banco. Bienvenido aquel que pueda tener un ahorro y bienvenido que ese ahorro sea utilizado en una actividad productiva. En principio somos todos inocentes y no hay que mirar mal a quien tiene un dinero ahorrado en una institución financiera», señaló.

El jerarca aclaró que la Dirección General Impositiva no ha recibido ninguna comunicación formal al respecto. «El rol, meta y obligación de la DGI es controlar al sector informal, al empresario, a todo aquel que desarrolla una actividad económica ya sea chico, mediano, grande o muy grande», dijo Zaidensztat.

«Pero la DGI debe respetar las leyes de secreto bancario y secreto tributario», concluyo.