Designan interventores de caja en 91 empresas a solicitud de la DGI

A pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), la Justicia designó en 91 empresas de Montevideo que operan en distintos giros comerciales interventores judiciales de caja, cuya función consiste en afectar un porcentaje de las ventas y destinarlo al pago de deudas por tributos impagos con el organismo.
El director de Rentas, Eduardo Zaidensztat, dijo a El Observador, que también se reclamó la presencia de interventores judiciales de caja en comercios del interior.

El funcionario explicó que se realiza esa solicitud a la Justicia cuando se comprueba que una empresa “no tiene voluntad” de pagar sus deudas a la DGI.

Este procedimiento se vincula con la nueva forma de actuar del organismo –que coincide con el proceso de modernización de su gestión– para conseguir que los contribuyentes se pongan al día, explicó.

Cuando una empresa no paga o deja de hacerlo, Impositiva puede accionar distintos mecanismos ante la Justicia para poder cobrar, recordó Zaidensztat.

Uno de ellos consiste en pedir un embargo genérico o específico, la clausura del establecimiento y hasta el eventual remate de sus bienes, pero “eso va despacio”, reconoció.

En ese escenario, y solo cuando existe la certeza de que la empresa no quiere pagar, la DGI tiene la potestad de reclamar a un juez civil la designación de un interventor de caja.

Es el magistrado quien deberá determinar en cada caso qué porcentaje de la recaudación será destinado a pagar el monto “evadido”, más las correspondientes multas y sanciones, recordó Zaidensztat.

El porcentaje máximo sobre el total de ventas, autorizado por la Justicia para que una empresa pague sus deudas a la DGI, alcanza al 30%, mientras que el promedio ronda el 15%.

No obstante, el director de Rentas informó que en algunos casos ese porcentaje puede ser menor (10%) o algo mayor (20% o 25%), según cada caso.

Los honorarios de cada interventor son fijados por el juez y el gasto deberá ser asumido por cada empresa.


Los comercios. Al repasar la lista de los comercios que ya tienen interventores de caja, el funcionario mencionó, entre otros, empresas de reparación de artefactos eléctricos, talleres mecánicos, peluquerías, comercios de venta de ropa (de damas, hombres y niños), empresas de transporte terrestre de carga, fábricas de muebles y venta de electrodomés- ticos.

Entre los rubros incluidos en la nómina también figuran: fábricas de ropa, fábricas de cajas de cartón, bodegas, parrilladas, chiviterías, pizzerías, locales de venta de panchos, almacenes al por mayor, almacenes, gimnasios, joyerías, farmacias, distribuidoras, locales para fiestas y fábricas de pastas.

Zaidensztat dijo que también cuentan con interventores judiciales locales de reparación de instrumentos ópticos y fotográficos, ferreterías industriales, panaderías, imprentas, tintorerías, supermercados, empresas de vigilancia, locales de venta de productos agropecuarios, carnicerías, panaderías y fábricas de mermeladas.


Acuerdos. El titular de la DGI insistió en que el pedido de actuación de los interventores de caja constituye una medida “extrema” solo para los casos en que no existe voluntad de pagar.

El funcionario recordó que esa medida fue solicitada en enero a la Justicia de Maldonado para ocho restaurantes de Punta del Este, que el organismo denunció por defraudación tributaria, tras comprobar que, en algunos casos, existía una doble facturación. (ver nota aparte).

Zaidensztat explicó, empero, que la gestión de un interventor puede quedar sin efecto si una empresa manifiesta su intención de pagar y suscribe un acuerdo de pago con la Impositiva.

La única condición exigida para celebrar un convenio de pago es que existan garantías “reales”, dijo. Como ejemplos de posibles garantías, citó un vehículo, un inmueble o un depósito bancario, entre otras posibilidades.

POR ROBERTO ZAQUIERE DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR