Desorden institucional es el gran flanco débil del sector energético

La estrategia y los objetivos de la política energética de Uruguay –sacudidos este año por la seca, la disparada del crudo y la crisis de suministro de gas argentino– está bien orientada, pero el país tiene un flanco débil: la desorganización institucional del sector, según el informe de una consultora contratada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para analizar la coyuntura y los caminos a emprender.
El estudio de 500 páginas, al que accedió El Observador, fue realizado por la consultora argentina Fiel y trasmitido la semana pasada por su principal responsable, Daniel Artana, a destacadas autoridades energéticas, entre ellas los principales cuadros de UTE y ANCAP.

Las falencias de Uruguay en el sector no se agotan en la confusa estructura institucional, en la cual las principales empresas estatales no dependen orgánicamente del Ministerio del ramo y se conectan directamente con los niveles superiores del Poder Ejecutivo. Estas trazan sus estrategias por su cuenta.

Para Fiel, estas carencias deben superarse para dotar al sector de mayor eficiencia y para otorgar garantías a posibles inversores que quieran ingresar al mercado.


Descoordinación. En materia institucional, Artana señaló que el desempeño del sector energético depende de la toma de decisiones a cargo de entidades con escasa coordinación entre sí.

Dijo que estas entidades, por su ubicación en la estructura orgánica del Estado, no dependen del MIEM –entidad rectora de la política energética–, sino que cuentan con autonomía y dependen directamente de Presidencia de la República.

Como ejemplo de descoordinación y confusas competencias que imperan en el sistema, el estudio establece que las empresas públicas son autónomas pero se vinculan con el Poder Ejecutivo (PE) a través del MIEM. También señala que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) depende directamente del PE a través del MIEM.

Lo mismo sucede con la Administración del Mercado Eléctrico (que es una persona pública no estatal) y con la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (ente binacional), que se vincula con el PE a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Fiel –una consultor que fue creada por el ex ministro de Economía argentino Ricardo López Murphy– considera que la participación desarticulada de todos estos actores conspira contra el desempeño del sector energético, por lo que entiende que se hace necesario delimitar competencias y establecer mecanismos de coordinación interinstitucional.


Recomendaciones. Para recomponer el sistema, Fiel recomienda que el poder concedente y responsable de la política energética debe ser el Ejecutivo, apoyándose conjuntamente en el MIEM y dentro de éste en la Dirección Nacional de Energía (DNE).

También dice que la instrumentación de los marcos regulatorios, los contratos y las determinaciones tarifarias deberían ser responsabilidad de la Ursea, que –según Fiel– correctamente centraliza responsabilidades, sobre todo en el sector energético.

Además, se consigna que debería limitarse el rol regulatorio de la Ursea en el área energética a los segmentos del mercado con características de monopolio natural o legal, como el transporte y distribución de gas natural y de energía eléctrica.

Por otra parte, el informe de la consultora argentina es tajante con respecto a las funciones de UTE. Sugiere retirar las atribuciones de planificación y regulación que aún mantiene el ente eléctrico, mediante las cuales –se expresa– tiene ciertas facultades para comunicarse con el PE obviando a la DNE y a la Ursea.

Respecto al gas natural, se considera que la DNE debe analizar las opciones de abastecimiento y determinar un portafolio óptimo aproximando la confiabilidad de las diferentes alternativas.

Se consigna que la decisión de incluir el gas natural fue acertada en el pasado, pero se advierte que hoy requiere de un análisis de confiabilidad a partir de la incertidumbre que aqueja al mercado energético argentino.

Acerca de la introducción del Gas Natural Comprimido (GNC) para el uso en los automóviles, se establece que se trata de una alternativa válida, pero para un porcentaje del mercado sólo del orden de 10%.

A juicio de Fiel, este combustible será competitivo a partir de un sinceramiento en el precio del gas oil, favorecido impositivamente a pesar de su impacto negativo sobre el medio ambiente.