DGI calculó tributos impagos por US$ 2,5 millones en el este

La Dirección General Impositiva (DGI) reliquidó impuestos no declarados a 145 empresas de la costa atlántica por un total de $ 54,1 millones (US$ 2,58 millones), en el marco del operativo de fiscalización dispuesto desde comienzos de año en los principales destinos turísticos del país.
A esto podrá sumarse hasta “un 50% más” correspondiente a multas y recargos, una vez que se determine, caso por caso, la antigüedad de la subdeclaración.

Esas cifras surgen del resultado del balance primario –cerrado al 15 de febrero– de las acciones de los inspectores de la institución, informó a El Observador el director de Rentas, Nelson Hernández.

Los fiscales realizaron pesquisas y análisis en profundidad de la información recabada en 104 actuaciones realizadas en comercios de Punta del Este, 27 en Piriápolis y 14 en la Costa de Oro, mientras que continúan los estudios en 72 casos entre los que se encuentran las actuaciones realizadas en Rocha.

De aquí que los montos evadidos puedan incrementarse en el transcurso de las próximas semanas.

Previo a la etapa de “inspecciones en profundidad” de los niveles de tributación –iniciado el 20 de enero–, los 70 funcionarios de Impositiva se abocaron a la determinación de garantías para los negocios de temporada.

Según las cifras consolidadas, se calcularon anticipos tributarios por $ 56.028.088 a un total de 550 empresas “golondrina” de Canelones, Maldonado y Rocha.

De ellos fueron efectivamente recaudados $ 55.643.646, lo que significa que se pagó 99,3% de las garantías determinadas.

Para el titular de DGI, eso “confirma” que hubo una “correcta fijación de los montos” a pagar, y que ninguno de ellos fue “exagerado” al punto que el contribuyente asumiera que su actividad no generaría los tributos que se reclamaban.

El mayor volumen de recaudación, como era de esperarse, provino de los comercios instalados en Punta del Este, donde 218 establecimientos aportaron $34 millones.

En tanto, los anticipos de Rocha ascendieron a menos de la mitad, $15 millones, pese a que se relevaron en ese departamento 281 empresas zafrales.

El monto final a pagar por contribuyente será luego ajustado en función a la realidad que se verifique en la actividad comercial, señaló Hernández.

Solo 4 de los 550 comercios visitados –dos en Rocha y otros dos en Punta del Este– no realizaron los anticipos estipulados, lo que disparó el inicio del procedimiento de clausura. En estos casos la DGI puede solicitar a la Justicia el cierre temporal por 30 días.

Por lo avanzado de la temporada, Hernández señaló que “no se puede hacer mucho” y agregó que seguramente se diferirá la aplicación de la pena para la próxima temporada. Con estos, son 42 los procedimientos de clausura iniciados ante la Justicia, de los cuales 26 corresponden a establecimientos de la península, 12 de Rocha y cuatro en la Costa de Oro.