DGI: la vara es la misma para todos.

(Emitido a las 9.09)

EMILIANO COTELO:
A pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), la Justicia autorizó la clausura por seis días de la cadena de supermercados Tienda Inglesa. La noticia se conoció la semana pasada y desde entonces ha dado mucho que hablar.

¿Por qué se produjo todo este revuelo? Se me ocurren algunas hipótesis: Uno, porque el caso involucra a una de las empresas privadas de mayor envergadura del país; dos, porque esa empresa tiene 130 años de trayectoria y una marca prestigiosa; tres, porque la DGI no informó oficialmente, hasta ahora, sobre las razones de la sanción, pero desde el comienzo se supo que no había existido defraudación; cuatro, porque Tienda Inglesa y sus empleados salieron a la opinión pública denunciando la medida como una “barbaridad”. Por ejemplo, durante el fin de semana en algunos diarios se publicó un gran aviso, a página entera, que lleva el logo de Tienda Inglesa y después tiene un texto muy breve, casi telegráfico: “Barbaridad. Prohibido equivocarse. No defraudamos un solo peso. Sí nos equivocamos con los complicadísimos requisitos burocráticos de la DGI. Por eso cierre seis días, multas, etcétera. Sin derecho a defendernos. Todo muy injusto. 130 años en plaza sin un solo cierre por un problema de papeles. Increíble”, termina diciendo el texto, que lleva la firma del director general de Tienda Inglesa, Robin Henderson.

Con Henderson dialogamos el lunes aquí EN PERSPECTIVA pero nos quedó pendiente escuchar al director de Rentas, Eduardo Zaidensztat, quien prefirió mantenerse en silencio hasta ayer de tarde, cuando ofreció una conferencia de prensa. Ahora sí, entonces, podemos entrevistarlo en nuestro programa.

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Contador Zaindesztat, empecemos por la pregunta obvia y después, en todo caso, hilamos un poco más fino: ¿por qué se solicita la clausura de Tienda Inglesa por seis días? ¿Cuáles son las razones?

EDUARDO ZAIDENSZTAT:
En primer lugar una aclaración previa: la DGI tiene que respetar las leyes y el Artículo 47 del Código Tributario establece lo que es la reserva del caso y el secreto tributario. En este caso la DGI y personalmente yo habíamos tomado una posición de respetar la ley y no hacer ningún aviso, como no se hizo cuando se clausuró almacenes de barrio, pequeños comercios, inmobiliarias, hasta que la medida no fuera notificada a la empresa y se produjera efectivamente el cierre.

Hemos cambiado la postura después de que lo explicamos incluso personalmente a los titulares de Tienda Inglesa y sus abogados, porque –y usted lo reiteró recién– en el comunicado de la empresa hay varias falacias, se está faltando a la verdad y tenemos posiciones muy distintas.

En primer lugar acá no hay pequeños errores administrativos ni problemas burocráticos, acá hay severos problemas.

EC – ¿Y cuáles son esos severos problemas?

EZ – Severos problemas que implican que todos tenemos que cumplir con la ley y todos tenemos que cumplir con las normas jurídicas. ¿Qué implican estas normas? Cuando cualquier empresa utiliza equipos, computadoras para documentar sus operaciones está sujeta a viejas disposiciones –que no son nuevas, la última de ellas es del 23 de noviembre de 1999– que establecen que se deben cumplir determinados requisitos en el sistema de facturación que tienen como objetivo que todo lo que pase por una caja registradora, por una computadora, vaya a un único sistema de contabilidad y a su correspondiente pago. Si las empresas no cumplen con las normas, más allá del tamaño, más allá de la importancia, más allá de las antigüedades, existe la ley, y nosotros decimos que la vara es la misma para el almacén de barrio, para las grandes empresas, para aquellas empresas que facturan poco, para aquellas empresas que facturan mucho o muchísimo. Todos tenemos que cumplir con la ley, nadie está por arriba de ella.

EC – ¿Pero de qué manera se dio la transgresión por parte de Tienda Inglesa a esas normas que usted estaba recordando?

EZ – Hay una posición desigual porque nosotros tenemos la reserva del caso, se nos impone el secreto tributario, y la empresa no lo tiene y dice falacias, dice cosas que no son correctas. Sí podemos decir, en primer lugar, que todos los contribuyentes tienen que cumplir con las normas, podemos decir en forma general que estas computadoras, que tienen apariencia de cajas registradoras, tienen que tener rollos de papel con algunos datos preimpresos; que esos rollos deben ser prenumerados y se debe solicitar una constancia de la DGI para imprimir los tickets; que cada una de estas operaciones debe identificarse con un número; que el comprobante de venta, el ticket, debe hacer mención al número de rollo en uso; que se debe controlar la secuencia y unicidad de la numeración; que la cinta que se mantiene en la caja debe reflejar íntegramente las operaciones y debe estar impresa y prenumerada; que debe emitirse cierre diario de cada una de las cajas y el informe debe cumplir determinados requisitos, como imprimir el total por caja de ventas del día. Nada de esto es nuevo, se rige por resoluciones, la más vieja de las cuales es del año 1999.

EC – ¿Y cuáles de esos requisitos no se cumplían en este caso?

EZ – Yo los nombro en forma general y la gente entiende. Y si digo que no puedo hablar en forma particular de la empresa, sí digo que tiene que cumplir todos estos requisitos, los tienen que cumplir las grandes empresas y las chicas, y es obligación de la DGI actuar ante aquellos que no cumplen. Esto es parte del cambio que viene procesando la DGI, de ese cambio que ya se efectivizó. Si durante muchos años estas empresas no fueron correctamente auditadas y fiscalizadas y no se les hacía cumplir las normas, ese sayo no nos corresponde. La DGI ya hizo su reforma, está procesando su reforma y parte de la misma es crear una división de grandes contribuyentes, de grandes empresas, que son 227, que aportan más de la mitad de la recaudación del país. Y es obligación de la DGI ir y mirar si estas empresas, como cualquier otra, cumplen con la normativa tributaria y, en caso de que no cumplan, aplicar la misma ley que para todos.

EC – Estoy leyendo en el semanario Búsqueda de hoy que los funcionarios de la DGI les dieron a las autoridades de Tienda Inglesa un plazo de 20 días para solucionar el problema, pero, según los informantes que cita Búsqueda y que pertenecen a la empresa, antes del plazo la DGI solicitó el aval de la Justicia para disponer la sanción.

EZ – No es así. En primer lugar vamos a explicarles a los oyentes lo siguiente: el rol de la DGI es controlar que cada uno cumpla con la normativa y pague lo que corresponda. La iniciativa de solicitar la clausura ante el Poder Judicial es privativa de la DGI, pero la DGI no aplica la sanción, lo hace un organismo independiente, nada menos que el Poder Judicial. Elevados los antecedentes del caso ante la justicia, con todas las garantías de un Estado de derecho, un organismo distinto, como es el Poder Judicial, es el que aplica la sanción. En este caso la medida fue tomada vencido el plazo que tenía la empresa para regularizar su situación. Pero independientemente del plazo, el mismo no fue dado como un tema de solicitar o no la medida sancionatoria, fue dado porque sea cual sea la posición sobre la clausura, todas las empresas tienen que cumplir con la norma.

Para que los oyentes nos entiendan, esto es como aquel que usa una libreta de facturas manual, en la primera vía escribe y se la entrega correctamente a su cliente, pero vamos a suponer que comete un “error”, una “equivocación” y se olvida sistemáticamente de tener un carbónico que permita reflejar exactamente en la copia que queda para control de la DGI el importe de la factura. En ese caso la administración, la DGI, no tiene manera de comprobar la materialidad de la venta declarada por la empresa.

EC – Ese es el defecto, el error, la transgresión que había en el sistema de facturación que Tienda Inglesa implementó hace poco tiempo.

EZ – Todo contribuyente tiene que cumplir con las normas jurídicas y las normas establecen sistemas que permiten que la DGI pueda, el día que se presenta a una empresa, comprobar que todas las ventas fueron correctamente facturadas por el sistema que sea, manual, cajas registradoras, computadoras, y terminan en su debido pago. Si no se respeta el sistema, no se respeta la normas que le posibilitan a la DGI controlar la materialidad, o sea que si tenía que pagar 100 pagó 100 y no 1, 10, 99 o 115, pagó lo que correspondía, eso es lo que establecen las normas. Y estas normas no son nuevas.

Si me permite, yo escuché la Tertulia del día lunes y se dijeron cosas muy inexactas por parte de la empresa pero también de algunos integrantes de su Tertulia.

EC – Con mucho gusto enseguida vamos a eso que se dijo y las respuestas que usted quiere dar, pero permítame antes aclarar un par de puntos. Desde la empresa se sostiene enfáticamente que no hubo defraudación, que no hubo evasión; eso habría sido avalado por la propia DGI, según Henderson. ¿Eso es correcto? ¿No hubo evasión?

EZ – Cuando una empresa no cumple con lo que pide la norma, no cumple con la ley, con lo que establecen las normas de este país, con lo que establece el Código Tributario, que tiene más de 30 años, en cuyo artículo 96 se establece las causales de la presunción de defraudación –reitero: presunción de defraudación–, y lo que establece también el Texto Ordenado, título 10, artículo 80, que corresponde al principal impuesto que tenemos los uruguayos, que es el IVA, y también establece cuándo hay presunción de defraudación, la DGI debe solicitar la sanción al Poder Judicial.

Esto fue lo que hizo la DGI, de acuerdo con viejas leyes que fueron solicitadas en su momento, en 1990, por el entonces presidente Lacalle, siendo directora de la DGI la contadora Celia Priore y director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el contador Hughes. En aquel momento se entendió como algo fundamental solicitarle al Parlamento, apenas empezó el gobierno –que no es el de mi filiación política, sin ninguna duda–, una ley, que fue de las primeras leyes que pidió el Partido Nacional (PN), que decía: quiero cerrar empresas simplemente a voluntad de la DGI. Consiguió esa ley pero rápidamente hubo una ola de protestas de todo el mundo, entonces el Parlamento rectificó y sacó otra ley, la segunda, la 16.170, también en el año 1990, en la que se estableció un proceso dándoles garantías a las empresas. Y garantías que no es la sola voluntad de la DGI sino que esta debe solicitarle a un poder independiente, nada menos que el Poder Judicial, que determine si la sanción se aplica o no.

EC – La pregunta siguiente…

EZ – Permítame. Esta ley, que no es nueva, que fue impulsada fuertemente por el PN y como consecuencia de la cual todos los uruguayos hemos visto carteles de clausura durante muchos años, cuando gobernó el PN, cuando gobernó el Partido Colorado y también en la actual administración, es una herramienta que tiene muchos años y que les asegura el debido proceso y la garantía a todos los contribuyentes, establece que la empresa, el contribuyente, si no está de acuerdo, tiene los mecanismos, en un Estado de derecho, para establecer su protesta ante la justicia.

EC – Sobre eso quería preguntarle, pero me quedaron dos temas antes. Usted invocaba la ley 16.170 y mi pregunta, y la pregunta que se ha hecho mucha gente en estos días, es si esa infracción que habría cometido Tienda Inglesa, la de transgredir el régimen general de documentación…

EZ – La de no permitir ver la materialidad de los pagos que realiza una empresa. La sanción no…

EC – Por eso…

EZ – La sanción no se debe a trabas burocráticas…

EC – Pero la pregunta…

EZ – …ni a como a usted leyó en un comunicado, “complicados mecanismos”, porque mire que el almacén de la esquina, el pequeño comerciante, también lo tienen que cumplir y hay miles de empresas que lo cumplen.

EC – Pero la pregunta es…

EZ – Y me imagino que esos pequeños almacenes, que esos comerciantes pequeños o medianos pueden de alguna manera pagar un contador, un asesor, una empresa de software para que los asesore cómo marca la ley que tienen que cumplir su régimen de documentación de operaciones y cómo tienen que guardar las facturas de las cosas que compran, porque, venida a la DGI, ninguna empresa puede decir “no tengo las facturas de compra, las dejé en el auto y me las robaron” o “las puse en un contenedor y se me mojó y no tengo las facturas de compra”.

EC – ¿Eso pasó en el caso de Tienda Inglesa? Porque ha trascendido que algo de eso ocurrió.

EZ – Vuelvo a reiterar: lamentablemente estamos en condiciones desiguales, tengo la reserva de las actuaciones, el secreto tributario, pero puedo decir que cuando cualquier empresa dice “no tengo las facturas de IVA compras porque de casualidad las dejé en el auto y me lo robaron”, “porque se prendió fuego un depósito” o “porque las puse en un contendor y tuvo una gotera y se destruyeron”, a la DGI le llama mucho la atención y tiene que aplicar la ley, no importa el tamaño. El almacén de la esquina de la radio, el almacén de la esquina del barrio del oyente y la gran cadena de supermercados tienen que cumplir igual, la vara es la misma para todos.

EC – ¿Efectivamente se dio el caso de que la DGI no pudiera comprobar que Tienda Inglesa había tributado el IVA compras por una serie de adquisiciones porque las facturas correspondientes se estropearon al estar en un contenedor al que le entró agua, como dice El Observador hoy?

EZ – Reitero el artículo 47, secreto tributario. Lo que decimos es que en estos casos se configura lo que establece la normativa jurídica de nuestro país, el Código Tributario en el artículo 96, el Texto Ordenado, título 10, respecto del IVA, cuándo hay presunción de defraudación. Por tanto, a partir de ese momento –se lo explicamos directamente a quien había que explicárselo– la carga de la prueba es exactamente al revés.

EC – ¿Se invierte la carga de la prueba…?

EZ – Y sí, porque si usted no tiene manera de comprobar cuánto efectivamente vendió y cuánto está descontando de IVA compras, tendrá que buscar mecanismos alternativos para probar la veracidad y la materialidad de lo declarado.

EC – O sea que esto es lo habitual, lo acostumbrado cuando la DGI realiza este tipo de inspecciones y constata este tipo de situaciones…

EZ – No, no…

EC – …o sea que ante la presunción de defraudación se invierte la carga de la prueba y la DGI no tiene que probar la defraudación sino que la empresa tiene que probar que no defraudó. ¿Es así, dice usted?

EZ – No, no, no, no interprete mal, interprete lo que yo exactamente digo. ¿Qué es lo normal en cualquier empresa de Uruguay y del mundo? Lo normal es que tenga sus facturas como pide la administración tributaria, como pide la DGI, que cumpla con las normas. Mire que son miles y miles las empresas que cumplen. Aquellas que no cumplen con la ley tributaria son las que tienen después el régimen de sanciones. Lo normal es que cualquier empresa tenga sus facturas de compra y cuando dice que compró mercadería por tanto valor y descuenta el IVA, guarde sus facturas como marca la ley. Eso es lo normal y es lo que nos pasa en la gran mayoría de los casos, con todos los contribuyentes, los muy grandes, los chiquitos, los medianos, los grandes, eso es lo normal.

EC – Yo le preguntaba en qué casos es que se invierte la carga de la prueba.

EZ – Si usted no tiene la manera, no cumple con lo que la ley marca para decir que lo que vendió es lo que efectivamente vendió y que lo que descuenta de compras es efectivamente el IVA de compras, tendrá que buscar un mecanismo alternativo para demostrar que usted no está defraudando. Si no, ¿sabe qué pasa? Sería un acto de fe, de confiar en la persona, en el empresario, en la empresa y decir: “Ah, yo a usted le creo porque usted se llama don José –o don Pepito o doña María– y al otro no le creo”. Y mire que la ley no es así.

EC – Tienda Inglesa argumenta que no ha tenido oportunidad de realizar sus descargos ni ante la DGI ni ante la justicia. Así lo planteaba Henderson el lunes pasado.

(Audio)