Diálogo entre gremios y gobierno terminó ayer en mal ambiente

La negociación que mantuvieron a última hora de ayer el Pit-Cnt, los gremios de la salud y el gobierno tuvo un abrupto final. Si bien las partes volverán a encontrarse hoy a las 16 horas, la fórmula final planteada por el Poder Ejecutivo fue vista por los sindicatos como «un retroceso».

La dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Beatriz Fajián, aseguró a El País que las autoridades reintrodujeron ayer la exigencia de la mayor carga horaria a cambio del incremento salarial y volvieron con una de las primeras propuestas que habían presentado. El sindicato ha advertido que si no hay un avance, podría decretar una huelga con abandono de los puestos de trabajo.

A su vez, el dirigente de la central obrera, Juan Castillo, dijo que hubo dos reuniones diferentes. Según su relato, en la primera parte del encuentro hubo «avances», ya que el Poder Ejecutivo aceptó brindar beneficios a los funcionarios como el pago mensual de la productividad, la mejora de la Asistencia Integral y de otras condiciones de trabajo. «Pero después hubo un cambio abrupto. Se volvió a lo de la carga horaria, a decir que el aumento es sólo para las franjas salariales más bajas, cosas ya dejadas de lado hace varios días atrás. Que no se iba a ofrecer más plata no era novedad, pero sí el planteo de que en los 183 millones dispuestos para el aumento está incluido el 2% de incremento para los públicos. Lo del gobierno es incalificable», planteó el dirigente.

Castillo relató que sobre la mitad de la reunión los representantes de los ministerios del gobierno mantuvieron una reunión privada y en la segunda parte del encuentro «cambiaron las reglas de juego y de interlocutor». El dirigente explicó que las propuestas que cambiaron el clima fueron planteadas por el director de Servicios de Salud, Leonardo Rissi.

La «tregua» acordada entre las partes —que implica la suspensión de las ocupaciones y de los desalojos— finaliza a las 24 horas de hoy. Ayer, una vez más el Poder Ejecutivo ratificó que no existen más recursos para destinar a la mejora salarial y que se mantienen los aumentos de 1.500 pesos para los médicos y de 1.158 pesos para los funcionarios no médicos. Además, las autoridades descartaron la posibilidad de concretar una partida en tickets de alimentación.

En la reunión de ayer, representaron al gobierno los subsecretarios de Trabajo y de Salud, Mario Arizti y Milton Pesce, y el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Eduardo Zaidensztat. En nombre del MSP también estuvo Rissi. La delegación gremial estuvo integrada por el PIT, la FFSP, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (Femi).

FORMULA «MAS COMPLETA». A pesar de que el gobierno mantuvo la misma propuesta, ofreció algunos viejos reclamos de los trabajadores. El ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo había adelantado que se pondría sobre la mesa una oferta «más completa, consensuada y con mayor articulación». El jerarca dijo que se iba a enfatizar en la necesidad de llegar a un acuerdo, que fuera un punto de partida para «seguir conversando» para solucionar el tema de la salud.

Fuentes oficiales consultadas habían adelantado que si bien se iba a ofrecer la misma cantidad de dinero, se iban a plantear otras «alternativas» para que la dirigencia de los funcionarios puedan llevar a la asamblea.

AMENAZAN CON HUELGA. A diferencia del Pit-Cnt, antes de la negociación, los dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) habían mostrado un mayor excepticismo en cuanto a las nuevas condiciones de la propuesta oficial. «Veo muy difícil que se levante el conflicto, si no hay más plata», había adelantado Fajián. Si bien la funcionaria admitió que el gremio había flexibilizado su reclamo original de 2 mil pesos de aumento, dejó en claro que se insiste en un mayor incremento.

Pero además la dirigente no descartó que pueda haber incluso un mayor endurecimiento en las medidas y el gremio pueda decidir en su plenario nacional —que se produciría el lunes o martes — una huelga con abandono de los puestos de trabajo. «Eso ya está en el ambiente de los compañeros; la cosa no puede terminar así», aseguró.

«Vamos a trabajar como servicio esencial, pero de acuerdo a determinadas normas marcadas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a cantidad de pacientes a atender. Cumpliríamos los servicios de emergencia y urgencia, los que esté obligado a hacer la guardia gremial, pero atendiendo solamente con un enfermero cada ocho pacientes y un tisanero cada 30 pacientes. Y si falta personal, se arreglarán ellos de conseguir más», admitió.

Por otro lado, hoy la asamblea de médicos volverá a decir si levanta el paro que mantiene desde hace 23 días. La última votación determinó la continuidad de las medidas pero por un escueto margen de 15 votos. Las autoridades del SMU consideran que la decisión de los médicos está muy influenciada por la reacción de los funcionarios a las propuestas oficiales.

Ferreira cosecha apoyos

La destitución de Ciro Ferreira de la dirección del hospital de Tacuarembó ha generado todo un movimiento a su favor en ese departamento. El lunes pasado el ministro Conrado Bonilla relevó a ese médico no sólo de la dirección de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), sino también de su cargo directriz en ese centro, el cual venía manteniendo desde hace más de diez años.

En las últimas 48 horas, el 93% de los funcionarios del hospital de Tacuarembó firmaron un documento, autenticado por escribana pública, por el cual solicitan que se restituya en su funciones a Ferreira. En el documento apuntan que el médico «ha sido un ejemplo por la dedicación por la Salud de la gente más humilde» del departamento. Agrega que el ex director «lideró un proceso de cambio que nos hace sentir orgullosos del modelo de salud que implementó en nuestro departamento, dando cobertura a niños y adultos de todo el país, en forma solidaria». Asimismo, en Tacuarembó y departamentos vecinos se ha iniciado una campaña de recolección de firmas, por la cual se le solicita al presidente Batlle que se lo reintegre al cargo de director.

Fuentes del hospital explicaron que la medida dispuesta por Bonilla ha causado «indignación» en la comunidad tacuaremboense y que se atribuye la destitución a una «venganza» debido a las discrepancias que le planteó al ministro. Allegados a Ferreira aseguran que la causa del relevo fue la oposición del jerarca a firmar la resolución por la cual se retienen los sueldos de los ocupantes de los hospitales. Sin embargo, desde el MSP, se afirmó que provocó malestar su «desaparición» en momentos clave del conflicto.

La destitución también provocó los reparos de figuras del Foro Batllista, como el diputado Gustavo Amen. «Me parece que se está desperdiciando a un muy buen técnico que promovió que un hospital se convirtiera en estrella dentro de la Salud Pública».

Fajián

«Si vamos a la huelga-huelga, vamos a cumplir los servicios de emergencia y urgencia, los que esté obligado a hacer la guardia gremial, pero atendiendo solamente con un enfermero cada ocho pacientes y un tisanero cada 30 pacientes. Y si falta personal

, se arreglarán ellos de conseguir más».

Agenda del conflicto

OCUPADOS. Actualmente permanecen formalmente ocupados los hospitales: Vilardebó, el Centro de Salud de la Ciudad de la Costa, el Pasteur, la Colonia Santín Carlos Rossi y Saint Bois. Además se encuentra semiocupado el hospital Pereira Rossell, ya que nunca se labró el acta notarial que confirmase la ocupación.

ESENCIALIDAD. A pesar de que el gobierno decretó la esencialidad de los servicios de los hospitales ocupados el 18 de agosto pasado, la comenzó a aplicar recién el 30 de agosto. En esa oportunidad el Poder Ejecutivo ordenó una guardia policial en el Instituto de Oncología y en el Hospital Filtro para evitar que fueran ocupados. El martes pasado la policía realizó ocho desalojos y el gremio no médico desarrolló por lo menos seis ocupaciones.

PROPUESTAS. La primera propuesta del gobierno consistió en un aumento salarial de 500 pesos para los médicos y de aproximadamente 400 pesos a los funcionarios con sueldos «sumergidos». Sin embargo, luego la oferta creció a 1.500 pesos para los médicos y 1.158 para los no médicos. El promedio salarial de los funcionarios del MSP es el más bajo de toda la Administración Central.

JUSTICIA. El conflicto gremial generó varias instancias en ámbitos judiciales. En primer lugar, el MSP optó por notificar ante la justicia cada ocupación producida. Pero el incidente que dio hasta el momento más movimiento judicial, fue el ocurrido en el Vilardebó, cuando los funcionarios no permitieron el ingreso de los directores, una escribana ministerial fue insultada y las actas que ésta pretendió levantar fueron destruidas. El hecho motivó que la fiscal Olga Carballo pidiera el procesamiento del funcionario que profirió los insultos. La jueza Annabella Damasco liberó al empleado, y todavía no se expidió por el tema.

GREMIOS. El conflicto que se prolongó por más de 20 días generó profundas discusiones sobre las internas de los sindicatos de la salud. El ministro Conrado Bonilla dijo que éste se mantiene por la acción de los sectores radicales que no obedecen a las dirigencias.