Dirección de Trabajo busca salida para los empleados de La Pasiva

El director de Trabajo, Julio Baráibar, dijo a El País que intentarán buscar la manera de que los trabajadores puedan continuar con su empleo, formando una cooperativa o a través de otros mecanismos. De todos modos, explicó que el conflicto se desató el viernes y hasta el momento la cartera no ha podido interiorizarse de los detalles. Baráibar estimó que si se trata de los locales cuyos directores fueron procesados por la Justicia, la deuda es muy grande y es factible que tengan que cerrar su actividad comercial. De todos modos, afirmó que «habrá que estudiar cómo se puede pelear la situación de los trabajadores».

Por otra parte, la conflictiva situación será planteada hoy por el gremio gastronómico al titular de la Dirección Impositiva, Eduardo Zaidensztat. El sindicato manifestó su preocupación ya que hay indicios de que también los locales de Rivera y Luis Alberto de Herrera y de la Plaza del Entrevero podrían cerrar en estos días. Si eso ocurriera el número de trabajadores en seguro de paro podría ascender a 300. Roberto Cortazzo, delegado sindical del local de 8 de Octubre, cerrado desde el sábado, dijo a El País que es esperable que «por un efecto dominó» en la presente semana cierren otros locales. Informó que todos los trabajadores de La Pasiva mantendrán hoy una reunión con el sindicato gastronómico y mañana apuestan a la negociación que pueda llevar adelante el Ministerio.

Cortazzo señaló que si bien conocen la situación de La Pasiva con la DGI, los trabajadores «están por fuera» de esa cuestión y apuestan a no perder sus empleos. Por ese motivo, desde el sábado mantienen una suerte de «guardia sindical» en el restorán, al igual que en el de Rivera y Soca. Durante la tarde del sábado, los 30 empleados del local realizaron cortes de calle para poner en conocimiento a la población de la situación que atraviesan.

CULPAS. El abogado de la empresa, Carlos Dentone, había explicado esta semana a El País, que en abril las sociedades anónimas habían acordado una fórmula de pago con la DGI para saldar los U$S 4 millones de deuda. Aseguró que luego fue dejada sin efecto por parte del Estado. Aunque el profesional reconoció que ha habido mal manejo de gerenciamiento por parte de algunos de los directores, denunció que la DGI comete «abuso de derecho» al no dictar la resolución administrativa que les permita iniciar un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Dentone afirmó que la retención de caja y de las tarjetas, en algunos casos lleva a que dejen de pagar a los proveedores.

La situación de La Pasiva también provocó la reacción de los sectores políticos. Mientras que desde el partido de gobierno se defendieron las medidas tomadas a través de la DGI, desde el Partido Nacional se opinó que la actuación del organismo pone en riesgo las fuentes de trabajo.

La integrante de la comisión de Legislación de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada (MPP), cuestionó la actuación de los empresarios que dejaron de pagar sus tributos. «No se puede transferir la responsabilidad al gobierno (…). Hay que buscar las articulaciones necesarias para ver cómo le encontramos la salida, Esa piola corta en el lado más fino, que es el de los trabajadores», afirmó. Otro integrante de la comisión parlamentaria, el nacionalista Pablo Abdala, puso énfasis en la «rigidez» de la DGI que hace peligrar muchos puestos de trabajo.

«Que los locales cierren y que la gente se quede sin trabajo es algo que debe preocuparnos», dijo y agregó que está bien que la Impositiva «combata y persiga a quienes no cumplen con la ley, pero con la suficiente flexibilidad» para no torcer la suerte de los trabajadores.